INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

 

REPORTAJE: El pozo negro de la economía sumergida 1

 

El gran agujero fiscal 

 

Los asalariados soportan una carga impositiva desproporcionada por la amplitud del fraude a Hacienda en los ámbitos empresariales y de las profesiones liberales

 

La magnitud del fraude fiscal cuestiona en la práctica la proclamada equidad del sistema tributario: "Tanto ganas, tanto pagas". Merma notablemente los recursos del Estado, constituye un foco permanente de corrupción y contribuye a la expansión de las tendencias inflacionistas, bien latentes en la economía española.

 

 JOSÉ LUIS BARBERÍA

 EL PAÍS  -  España - 16-01-2006

 

 Tres de cada cuatro españoles creen que existe mucho o bastante fraude

 Sólo el 7% de los españoles se dice dispuesto a denunciar

 57.000 empresas escapan al control fiscal

 Hoy se producen 16,5 millones de declaraciones de IRPF, frente a las 400.000 de 1978

 

La sospecha de que los asalariados son, forzosamente, el único colectivo modélico de contribuyentes, los verdaderos paganos de una realidad injusta no reconocida oficialmente, dista mucho de ser una cantinela retórica. "Si Hacienda somos todos, los asalariados lo son mucho más", puede decirse, parafraseando el lema tributario. Porque las retenciones fiscales en las nóminas de los asalariados que las empresas vierten obligatoriamente en la cuenta del Estado le aseguran al fisco una transparencia y unos cobros que está muy lejos de obtener en el resto de los ámbitos impositivos.

 

De hecho, las rentas del trabajo supusieron este año último el 80% de los ingresos del gran impuesto del IRPF, frente a los escuálidos 7% y 11% aportados, respectivamente, por el capital y las actividades económicas y profesionales. Cierto: a partir de un determinado nivel de renta, un profesional opta, a menudo, por crear su propia empresa para así pagar el 35% correspondiente al impuesto de sociedades en lugar del 45% que le correspondería como persona individual. Pero eso no anula los resultados, más escandalosos que desconcertantes, que la recaudación del IRPF arroja sistemáticamente en los últimos tiempos.

 

¿Cómo se explica que en determinados segmentos de la actividad económica los empresarios ganen menos que sus empleados? ¿Y qué otra interpretación cabe hacer del hecho de que la renta de los trabajadores sea, por ejemplo en el País Vasco, un 33% superior a la que declaran los profesionales liberales? No es en el IRPF, sin embargo, donde se concentran las mayores bolsas de fraude, puesto que el 85% del total de la deuda detectada corresponde a las sociedades (personas jurídicas). Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, el 53% de la deuda descubierta por la inspección fiscal se produce en el impuesto de sociedades; el 31%, en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), y el 10%, en el IRPF.

 

Como es lógico, la inspección fiscal centra sus esfuerzos en las áreas en las que las prácticas fraudulentas están más extendidas: el sector inmobiliario, el informático, las telecomunicaciones, el automóvil...; pero no puede decirse que las inspecciones masivas -2.300 empresas inmobiliarias fueron supervisadas el pasado año- estén atajando el problema.

 

Por encargo de la revista Consumer Eroski, un grupo de técnicos visitó el pasado año 318 inmobiliarias haciéndose pasar por clientes interesados en la compra de una vivienda. El 60% de estas empresas aceptó sin objeciones mediar en las operaciones de compraventa con dinero negro y parte de ellas condicionó, incluso, su participación al cumplimiento de este requisito. En ciudades como Sevilla, Granada, Valencia y Málaga, ese porcentaje asciende al 90%.

 

El estudio confirma que la mayoría de los agentes inmobiliarios proponen a sus clientes firmar las escrituras del piso por debajo del montante total de la compraventa para evitar el pago del IVA (el 4% o 7%) en la cantidad no escriturada y los gastos de notaría e IVA (el 16% en este caso) correspondientes a la parte del dinero que se oculta a Hacienda. Todavía más: la práctica totalidad de las escasas agencias que se dedican a la venta de vivienda de protección oficial (VPO), apenas el 10%, ofrecen precios similares a los del mercado libre, contraviniendo la legislación que obliga expresamente a vender esos pisos a una tarifa inferior.

 

Aunque en la escabrosa relación del ciudadano con la Hacienda pública cuenta mucho la percepción subjetiva y social sobre lo razonable de la carga impositiva, la calidad de los servicios que presta el Estado y, ya en el plano psicológico, la personal propensión natural al riesgo, no hay duda de que lo determinante en el comportamiento del contribuyente es la posibilidad de ser descubierto y sancionado. Como en el caso de los asalariados, ésa es una probabilidad altísima, el reproche que se lanza a la Administración tributaria nace directamente del agravio comparativo, de la convicción de que la eficacia demostrada en el control de las aprisionadas nóminas pierde muchos enteros cuando se trata de atacar las prácticas fraudulentas que están a la orden del día en los ámbitos empresariales y de las profesiones liberales.

 

Pagar a Hacienda es más enojoso si otros con más ingresos no lo hacen, si se llega al convencimiento de que el sistema es implacable con los pequeños contribuyentes y poco eficaz con los poderosos. "El hijo de mi jefe tiene beca, pero el mío, no", denuncia un contribuyente en el apartado de sugerencias que la Agencia Tributaria ha abierto en su sitio de Internet. En el mismo espacio se narran experiencias que describen un panorama de convivencia social con fraude. "Cuando era estudiante trabajé en una constructora que tenía a tres trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, pero éramos 25 trabajando para la misma compañía. Cuando he comprado una casa, siempre me han requerido escriturar por una cantidad diferente a la real y el resto tenía que pagarlo en dinero B. Cuando he hecho reparaciones en casa, el carpintero, el albañil, el fontanero, todos me preguntaban si quería factura y cuánto quería poner en la factura; lo mismo en el restaurante en el que celebré mi boda, lo mismo cuando alguien de mi familia va al dentista, cuando he tenido que ir al abogado, cuando...".

 

Entre Suecia y Marruecos

 

Pese a las noticias que dan cuenta periódica de los éxitos cosechados ("El plan contra el fraude descubre 101.000 pisos de alquiler no declarados"; "Se investiga a 40 empresas en Madrid por fraude fiscal masivo en la importación de coches de lujo"...), queda una sensación de estancamiento, como si el ejercicio continuo de destejer lo que otros tejen no modificara sustancialmente las actitudes y comportamientos de fondo.

 

¿Hay una excepción española que explica la escasa atención política al asunto fiscal? ¿El éxito social, económico y mediático del fenómeno Gil y Gil podría haberse dado en otros países? ¿Es un problema de falta de cultura cívica, de desapego respecto al papel redistribuidor del Estado, o es que, simplemente, el sistema ofrece un amplio margen de impunidad a los defraudadores? "El comportamiento de los españoles en la historia es similar a la del resto del mundo, o sea: intentar no pagar impuestos. Lo que ocurre es que para poder cobrar, el Estado necesita tener legitimidad social y capacidad de coerción, y en España, a menudo, no ha habido ni una cosa ni otra", explica el historiador económico Francisco Comín y Comín. "El franquismo", dice, "tenía una gestión tributaria tan deficiente que, en la práctica, sólo pagaban los asalariados. Y aunque las cosas han cambiado mucho, la inercia de la historia hace que los hábitos tarden en corregirse".

 

Desde la puesta en marcha de la Agencia Tributaria en enero de 1992, la situación ha dado un vuelco espectacular, que homologa plenamente a la Hacienda española con la del resto de los países europeos. "Conviene no perder de vista que en 1978 había menos de 400.000 declaraciones del IRPF y que hoy contamos ya con 16,5 millones", señala el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. A su juicio, compartido por otros expertos -no así por las organizaciones sindicales de inspectores y subinspectores-, la Administración tributaria española no tiene nada que envidiar a las mejores de Europa en lo que se refiere a la capacidad de gestión y a su sistema de información. "Vamos mejorando, pero esto es un proceso lento y a largo plazo", subraya.

 

Jactarse de defraudar a Hacienda ha dejado de ser celebrado socialmente y hoy la gran mayoría de los ciudadanos justifica plenamente el cobro de los impuestos. "Estamos entre Suecia y Marruecos", se comenta en ocasiones, para ubicar a los españoles dentro del comportamiento social característico de los países mediterráneos. La industria valenciana del calzado, enraizada ya en el siglo XIX, es uno de los ejemplos clásicos de empleo negro en la Europa meridional. Se estima que Italia, Grecia o Portugal tienen una economía sumergida similar o superior a la española (23%).

 

Contra la opinión expresada en las encuestas -una amplia mayoría piensa que paga más impuestos por término medio que el resto de los europeos-, la presión fiscal en España (35,1% en 2004) sigue siendo inferior a la media de los 30 países de la OCDE (36,3%) y de la Unión Europea a 15 (40,5%). Situada a gran distancia de los teóricos modelos del Estado de bienestar (50,7% en Suecia), la presión fiscal española es equiparable a la de la nueva Europa de 25 Estados.

 

"El Gobierno anterior dio prioridad a la atención al contribuyente, más que a la lucha contra el fraude. Pasamos a llamarles clientes, y se mejoró mucho en el trato y en los servicios de información y asesoramiento", indica una responsable de la Administración tributaria. "Pero lo cierto", añade, "es que tenemos la impresión de que en todos estos años no se ha avanzado gran cosa en la lucha contra el fraude. Hay una regla general que no puede perderse de vista: cuando te centras en el servicio, el fraude aumenta; y cuando te vuelcas sólo en la lucha, se produce una reacción de rechazo. Por tanto, el equilibrio es fundamental. Se trata de luchar contra el fraude, pero sin molestar al contribuyente más de lo necesario. No estamos en la primera etapa socialista, cuando se filtró el caso de Lola Flores porque se pensó que hacía falta una política agresiva".

 

De acuerdo con el Barómetro de julio de 2005 publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tres de cada cuatro españoles están convencidos de que existe mucho o bastante fraude y el 72,3% considera injusta la actual política fiscal. "De todas formas, hay una cierta contradicción", apunta el director de la Agencia Tributaria, "porque en la misma encuesta el 70% de los ciudadanos dice que no conoce prácticas de fraude en su entorno familiar o social". Condicionada por una pregunta de formulación más compleja, la encuesta correspondiente a 2004 del Instituto de Estudios Fiscales muestra, sin embargo, bloques de opiniones más equilibradas, al tiempo que acredita un avance significativo de quienes creen (59%, contra el 41%) que el pago de los impuestos ha mejorado durante la última década. Así, el 55% suscribe el enunciado de que "existen casos de fraude importante y bastantes engaños menores, pero en general se pagan los impuestos de modo bastante correcto", frente al 45% restante, que sostiene que "el fraude fiscal está muy generalizado y el pago de los impuestos es muy imperfecto".

 

Honestos y deshonestos

 

Con todo, el estudio de las diferentes encuestas suscita entre los analistas una primera reacción de perplejidad. Es como si los españoles dijeran a la vez una cosa y la contraria; como si no percibieran que fraude y cumplimiento de la ley son dos caras de la misma moneda; como si se pudiera ser cada vez más honesto y cada vez más deshonesto.

 

La explicación es que el concepto de honestidad tributaria se reparte de manera muy desigual entre los distintos grupos de contribuyentes, porque la ciudadanía se muestra consciente de que el fraude es mínimo, forzosamente, entre los asalariados y mucho mayor entre quienes cuentan con un gran margen de maniobra. Es un juicio que los propios empresarios y profesionales liberales corroboran igualmente en las encuestas. No en vano, el fraude empresarial constituye también una forma de competencia desleal que perjudica a las empresas que cumplen correctamente con la ley.

 

En cualquier caso, y por masiva que sea la convicción de que el fraude reduce la provisión pública de servicios y prestaciones e incrementa la presión fiscal sobre los contribuyentes honestos, mayor es todavía la resistencia a denunciar estas prácticas a la Agencia Tributaria. Únicamente el 7% de los encuestados se dice dispuesto a colaborar en esa tarea. La imagen del denunciante es tan negativa y está tan profundamente arraigada -¿un residuo mental de la figura franquista del chivato?-, que la posibilidad de obtener un incentivo económico, lejos de actuar de acicate, reafirma el rechazo de la gran mayoría. Se entiende, pues, que el director de la Agencia Tributaria responda con un contundente "no" a la pregunta de si la Administración estudia la posibilidad de premiar económicamente las informaciones que hagan aflorar las prácticas de fraude. "Un ciudadano", dice, "llama a la policía cuando ve que le están robando el coche al vecino, pero normalmente no actúa de igual manera si presume que se está defraudando a la Hacienda pública. Es una cuestión de educación tributaria". A la pregunta de si el defraudador de impuestos debe ser considerado un ladrón, responde que "son dos conductas reprobables tipificadas de forma distinta".

 

El Código Penal tipifica el fraude como delito fiscal únicamente en el caso de que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros y siempre que haya existido una conducta dolosa, es decir, animada por la intención de defraudar. El número de grandes delincuentes de cuello blanco que ingresan en prisión por estafar a la Hacienda pública se cuentan con los dedos de una mano, pese a que en la renovada lucha contra las tramas organizadas, el encarcelamiento ha empezado a ser una posibilidad.

 

"Por falta de efectivos, las 57.000 empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros escapan, en la práctica, al control fiscal", denuncia José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, la Asociación de Técnicos de Hacienda del Estado. "En Italia hay policías que vigilan si el camarero te ha dado el ticket de la consumición, pero sin llegar a plantearnos nada de eso, está claro que en España se ha atacado mal el control de las empresas", señala, a su vez, Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. "¿Se puede controlar el taxímetro de un taxista?", se pregunta. "¿Y cómo controlas al fontanero que te dice que si quieres factura te va a sumar un 30% de IVA?". Sobre el papel, la solución sería que todo pago de servicios a profesionales tuviera una pequeña desgravación, porque de esta manera se aseguraría que los ciudadanos reclamaran sistemáticamente la factura, pero esto es una idea descartada por engorrosa -basta imaginarse el volumen de la documentación a aportar por cada contribuyente-, y porque complicaría mucho la gestión.

 

Colapso de expedientes

 

El director de la Agencia Tributaria justifica la estrategia actual, muy volcada en el control de las grandes empresas y, por otro lado, en la investigación de las tramas organizadas de fraude. "Las 28.000 empresas que facturan más de seis millones de euros al año aportan las dos terceras partes del presupuesto recaudatorio del Estado: unos 120.000 millones de euros sobre un total de 165.000 millones. Además, son las grandes suministradoras de la información que nos permite hacer los cruces de coherencia entre lo que declaran las empresas y los ciudadanos. Luego, tenemos a 1,7 millones de contribuyentes, incluidos los agricultores, que declaran por el sistema de módulos. Ese sistema", explica, "consiste en asignar una ganancia teórica, con su correspondiente carga impositiva, en función del número de empleados, del consumo eléctrico o, si se trata de un restaurante o de un bar, del número de mesas o de la longitud de la barra. Hay que comprobar periódicamente si los establecimientos siguen teniendo los mismos empleados y mesas, pero no puede haber una inspección por contribuyente, porque ninguna organización tributaria puede permitirse el lujo de incurrir en el coste que eso supondría", apunta Luis Pedroche.

 

Con un presupuesto para este año de 1.256 millones de euros y una plantilla de 28.100 personas, de las cuales 11.940 están dedicadas a tareas de asistencia y asesoramiento, la Agencia Tributaria tiene como misión disciplinar a los contribuyentes y tratar de recuperar la mayor parte de la deuda. Es una tarea cada vez más complicada, pese a que en el presente ejercicio se cuenta con recuperar 4.500 millones, el 70% prácticamente de la deuda descubierta. La Agencia lo va a tener más difícil tras la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la simple interposición de una denuncia no interrumpe el plazo para la persecución de un delito -cinco, diez o más años, según la gravedad-. Dos mil expedientes por delito fiscal corren así el riesgo de quedar amnistiados por prescripción del plazo. Y el colapso amenaza igualmente a los tribunales económico-administrativos, que acumulan la friolera de 200.000 expedientes tributarios pendientes de resolución.

 

"Si existe tanta conflictividad judicial", indica Luis del Amo, "es porque la experiencia estadística demuestra que se puede ganar en los tribunales o, al menos, obtener un tiempo muy valioso. Luego, hay jueces sin gran formación tributaria e inspectores que fuerzan mucho las cosas porque enfrente suelen tener a un equipo de asesores que también utilizan la ley al límite. Además, siempre queda la posibilidad", destaca, "de que los papeles terminen perdiéndose en la Administración tributaria o en los propios juzgados".

 

Dada la desigualdad existente, pretender que el sistema tributario actúe sobre el conjunto de los contribuyentes con idéntica eficacia no deja de ser un propósito voluntarioso, condenado de antemano, por mucho celo que la Agencia Tributaria ponga en el empeño. Sin llegar a tanto, lo que sí cabe exigir es que el sistema actúe, al menos, con la misma diligencia en todos los casos para acabar con la sensación de desbarajuste, reducir el margen de impunidad y poner coto a los privilegiados que instrumentalizan las Sicav (sociedades de inversión de capital variable) a su favor y soslayan la ley fiscal a través de sofisticadas operaciones de ingeniería financiera. Aunque robar a un "ente sin rostro" como el Estado rebaja, por lo visto, las objeciones éticas, no hace falta ponerse moralista para asociar ese 10% extra de economía sumergida que tiene España con el hecho de que nuestro país destine ocho puntos menos del PIB que el resto de Europa a las ayudas y servicios sociales.