“Andorra es imbatible como refugio del dinero”

07/06 - Juan Hdez. Vigueras es doctor en Derecho con experiencia como directivo de grandes empresas, y profesor universitario de posgrado. Actualmente es coordinador de la Comisión de Paraísos Fiscales de Attac-España y miembro del International Steering Committee de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network). En su libro, Vigueras denuncia el fenómeno de los llamados “paraísos fiscales” como un subproducto de la globalización de los mercados financieros.

Leandro Rodrigues- ¿Qué entendemos por paraíso fiscal?

Juan Hernández- Hablar de "paraíso fiscal" sugiere la idea de oposición al pago de impuestos como algo propio del "infierno fiscal". Y a poco que se reflexione se comprenderá que sin impuestos no hay civilización: ni instituciones, ni servicios públicos, ni policía, ni escuelas, ni hospitales, etc. Esa expresión se utiliza a menudo para validar o promocionar la evasión fiscal o a veces se devalúa como equivalente a "países y territorios de baja tributación", lo cual no dice nada porque no hay dos países  con el mismo nivel de tributación.

L.R.- Entonces, ¿Cómo los definimos?

J.H.- La OCDE es el único organismo que definió técnicamente qué es un paraíso fiscal referido a los centros financieros offshore, extraterritoriales, con secretismo, exención de impuestos y legislación específica para que operen entidades y personas no residentes, como sucede en Gibraltar, las Caimán o Liechtenstein;  la carencia de impuestos sobre las rentas del capital es una de las ventajas pero no la única. La OCDE pretendía que desaparecieran porque sus prácticas fiscales perjudican a los demás países; pero hoy por hoy son situaciones legales.

L.R.- ¿Cuántos “paraísos fiscales” existen hoy en el mundo?

J.H.- Como referencia,  para mí los importantes son básicamente los  treinta y cinco de la relación oficial de la OCDE más los seis que se comprometieron a dejar de serlo y por eso no fueron incluidos, además de Suiza, Luxemburgo y algún otro. Algunos compañeros de Tax Justice Network han identificado unos setenta, actualmente.

L.R.- ¿En qué sentido los paraísos fiscales perjudican a la competencia empresarial?

J.H.- Los paraísos fiscales representan una competencia desleal principalmente en los mercados financieros. Pero también crean condiciones para la competencia desequilibrada entre grandes grupos empresariales y las pymes.

L.R.- Porque los grandes empresarios pueden evadir impuestos y los pequeños no…

J.H.- Efectivamente. Los grupos empresariales y las corporaciones transnacionales, que tienen sucursales y filiales en diversos lugares del mundo, elaboran una planificación global de su producción entre sus diversos centros, de sus ventas y de sus recursos disponibles. Al mismo tiempo, actúan conforme a una estrategia global para reducir lo que llaman costes fiscales, es decir, para disminuir al máximo el pago de impuestos, en particular en los países donde tienen sus sedes centrales o en los países  donde los impuestos son más elevados.

L.R.- ¿Cómo lo hacen?

J.H.- Entre otras cosas, constituyen sociedades instrumentales, ficticias, en enclaves o islas catalogados como paraísos fiscales; y a una de estas sociedades filiales registrada en un país o territorio donde no pagan impuestos, como Jersey o las Bahamas, imputan los beneficios obtenidos por la corporación o el grupo empresarial en diferentes países. Es lo que se llama "transferencia de precios".   En otros casos, se aplican otros mecanismos como explico en mi libro con el que he intentado que se divulguen estas cuestiones tan poco conocidas.  Por el contrario, cualquiera que sea el sector económico, las empresas pequeñas y medianas carecen de esas posibilidades porque actúan solamente en el mercado local o nacional, donde sufren la competencia desleal de los grandes grupos y corporaciones transnacionales que logran costes inferiores y  precios de venta más competitivos, evadiendo legalmente los impuestos que las pymes sí tienen que pagar.

"En 2002, la banca española controlaba el 71 % de los activos
correspondientes a cinco bancos andorranos"

L.R.- ¿Qué características presenta Andorra para que sea considerado un paraíso fiscal?

J.H.- Curiosamente en la legislación andorrana se ha huido de utilizar la expresión offshore, como en otros paraísos fiscales, sin hacer la distinción entre residentes y no residentes que se busca por otros caminos. Pero Andorra fue incluida en la relación de centros offshore del Fondo Monetario Internacional y en la relación oficial de paraísos fiscales de la OCDE en 2000 sin que, además, en todos estos años no se ha comprometido en la eliminación de esas prácticas fiscales perjudiciales para los demás países. Para  las sociedades mercantiles no exige más tributación que  unas modestas tasas anuales de registro y municipales. La verdad es que Andorra se ha especializado en la gestión de patrimonios de personas acaudaladas. Como refugio del dinero, Andorra es imbatible; disponiendo de sólidos bancos que carecen de control sobre  los cambios o sobre los movimientos del capital en moneda internacional. Las cuentas bancarias son secretas. Se dice que las cuentas numeradas solo son conocidas por el dueño, el banquero y Dios. Y la evasión fiscal no se considera delito legalmente.

L.R.- ¿Quién controla los bancos andorranos?

J.H.- En 2002, la banca española controlaba el 71 % de los activos correspondientes a cinco bancos: Credit Andorra; Banc Internacional d´Andorra; Caixa Bank; Banca Mora; y Banc Sabadell d´Andorra.  El 29 % restante del total de activos estaba controlado por los bancos andorranos. Precisamente el carácter opaco de los paraísos fiscales impide un conocimiento detallado de sus transacciones, salvo en los casos de escándalos financieros, con sentencia o no, como Enron o Parmalat o Gescartera. La mayor información técnica disponible proviene paradójicamente de Informes internacionales, pero son datos macroeconómicos o generales. El problema básico es que se suprimieron los controles estatales sobre los movimientos del capital y no existen controles a nivel internacional. De ahí los problemas del blanqueo de dinero sucio de la droga o de la financiación del terrorismo o la evasión fiscal que está reduciendo los ingresos fiscales incluso de grandes países como Alemania  o EEUU.

L.R.- ¿Existen datos sobre las cantidades de dinero que España envía a los paraísos fiscales cada año?

J.H.- En realidad esos datos los debería hacer públicos todos los años el Banco de España que es quien dispone de información de los pagos. Pero nunca se ha publicado esa información  y mucho menos mientras permanezca el actual gobernador del Banco nombrado por el gobierno anterior y más dedicado a asegurar la pervivencia de los centros offshore desde su presidencia del comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de pagos de Basilea. Precisamente resulta asombroso que se puedan diseñar políticas y reformas fiscales por los gobiernos sin esa información básica o algunos estudios previos sobre la evasión fiscal en España. La Asociación profesional de Inspectores de Hacienda lleva años denunciando el impago de impuestos que se produce fuera de las declaraciones del IRPF. Y en varios documentos ha explicado que los paraísos fiscales son unos de los catorce coladeros del
sistema tributario español.

L.R.- ¿Qué debería hacer el Gobierno español para combatir la salida de capitales hacia los paraísos fiscales?

J.H.- Lo primero plantearse estos casos como un problema serio y evaluar cuanto dinero de los impuestos deja de percibir el Estado español por culpa de los paraísos fiscales.  Que se informe de cuantos impuestos se dejan de pagar en España, no en las declaraciones del IRPF sino de los fondos escondidos en los paraísos fiscales. Después tendría que combatir la constitución de filiales y sociedades de  las corporaciones españolas en los conocidos centros offshore donde no tienen negocios porque la economía local no ofrece oportunidades sino que esas sociedades las utilizan para actividades externas que les permiten pagar menos impuestos, es decir, para la evasión fiscal en España; como las ochos sociedades instrumentales que tiene el Grupo Telefónica en las Islas Vírgenes Británicas con la misma dirección en un buzón de correos de Tórtola, según consta en la memoria de 2004.  La aseguradora que tiene el grupo Repsol en las Bermudas. O las filiales que todos los bancos españoles tienen en Jersey, Andorra, Gibraltar, las Caimán y otros, donde no tienen actividad económica local que justifique esa filial allí. Por eso la Asociación Attac en España  le pidió
hace un año al Ministerio de Economía español y le ha reiterado al Presidente del Gobierno que ese tipo de sociedades no sean reconocidas en territorio español, o que los grupos empresariales que tienen sociedades en paraísos fiscales no sean admitidos en las contrataciones  públicas con el Estado español. Porque es inútil esperar que estos microestados le remitan a la Hacienda española una información fiscal que no recogen.