EEUU: Mano dura (de verdad) contra la delincuencia empresarial

 

Russell Mokhiber y Robert Weissman (*)

Focus on the Corporation. EEUU, julio del 2002.

 

Traducción para La insignia: Berna Wang

 

He aquí uno de los aspectos más destacables de los escándalos financieros que siguen apareciendo en torno a Worldcom, Xerox, Global Crossing, Enron, Arthur Andersen, Tyco y un número creciente de otras empresas: el fraude se produjo en el área más regulada y vigilada de la actividad empresarial.

Si podría desatarse una epidemia de fechorías empresariales en el ámbito financiero, ¿hasta qué punto es grave el problema más general de la delincuencia empresarial?

 

Vean los controles y contrapesos que existen y que deberían haber puesto freno a la oleada de fechorías empresariales que al parecer ha hecho montar en cólera incluso al presidente del consejo de administración de EE.UU., George Bush:

 

- Los requisitos sobre revelación de datos para la actuación financiera empresarial son exhaustivos, y con mucho, los más pormenorizados para cualquier elemento de la actividad de las empresas.

 

- Existe una industria bien diferenciada -integrada por las auditorías- cuya función es revisar los datos financieros, auditar la contabilidad de las empresas y certificar la validez de los documentos financieros.

 

- Existe otra industria bien diferenciada, distinta de los auditores -las empresas de inversión de Wall Street- cuya función es inspeccionar los informes de las empresas, entrevistar a sus ejecutivos, analizar el comportamiento del mercado y proporcionar a los inversores evaluaciones independientes de las perspectivas de las empresas.

 

- Los ejecutivos de las empresas tienen la obligación legal de promover los intereses de un grupo de personas importante y poderoso -los accionistas- y un número significativo y creciente de estos accionistas está organizado y exige sus derechos (incluido por medio de fondos de pensiones). No existe una obligación legal comparable de que los ejecutivos de las empresas sirvan a los intereses de los consumidores y de los trabajadores, por ejemplo.

 

- Toda una serie de reglamentos de la Comisión de Valores estadounidense establece normas para los informes financieros y están respaldados por la capacidad de este organismo para aplicarlas, así como la amenaza de demandas particulares de los accionistas en caso de infracción.

 

Hay otros aspectos de la actividad de las empresas que simplemente no están sometidos a una supervisión y un control tan férreos.

 

Dado lo que ya es la patente indiferencia de las empresas hacia la ley, incluso en áreas en las que los ejecutivos están más estrechamente vigilados, lo que deberíamos esperar, ¿está produciéndose en otros lugares? ¿Qué está pasando con las estafas a los consumidores, las ventas de productos peligrosos, los riesgos que corren los trabajadores, la contaminación del medio ambiente?

 

Incluso si la aplicación de la ley, los requisitos sobre presentación de informes o las instituciones compensatorias organizadas fueran insuficientes, sabemos lo bastante para saber que la epidemia de delincuencia, fraude y abusos empresariales es al menos tan grave fuera del ámbito financiero como dentro de él.

 

Por tomar sólo dos ejemplos de los últimos meses: En mayo, la farmacéutica Schering-Plough firmó un decreto de consentimiento con la Administración para Alimentos y Medicamentos, accediendo a pagar la histórica cifra de 500 millones de dólares en relación con las acusaciones de que en un periodo de tres años produjo cerca de 125 medicamentos que se expenden con receta o sin ella en fábricas que no cumplían las normas sobre fabricación. Y en abril, el Departamento de Justicia anunció que en el 2001 había recaudado más de 1.300 millones de dólares en relación con el fraude en la atención médica, y que el año pasado, 465 procesados habían sido condenados por delitos de fraude en la atención médica. Este tipo de revelaciones se producen periódicamente, pero las noticias rara vez las combinan como hacen ahora con los escándalos financieros, para dejar patente la amplitud y la profundidad del problema.

 

Con la última ronda de revelaciones sobre fechorías financieras en Worldcom y otras empresas, parece que los aliados en el Congreso de la Gran Empresa ya no van a poder a poder bloquear todas las medidas correctivas significativas, y la Administración Bush está preparando ya un paquete de reformas.

 

Sin embargo, si estas reformas se limitan a ocuparse del fraude financiero, podrá florecer la mayor y más grave de las actividades delictivas de las empresas.

 

Lo que necesitamos es todo un conjunto de medidas que limiten la delincuencia empresarial. Pero incluso unos pequeños pasos podrían reducir de forma significativa el número de víctimas de la delincuencia y la violencia empresarial. He aquí tres medidas que deberían adoptarse este año, antes de que comiencen las vacaciones parlamentarias y se reduzca el impulso para la reforma empresarial:

 

En primer lugar, se debería exigir a la Oficina Federal de Investigación para que elabore un informe anual sobre la delincuencia empresarial en Estados Unidos, para acompañar a su actual informe sobre la delincuencia en los Estados Unidos, que por desgracia se limita a la delincuencia callejera.

 

En segundo lugar, el gobierno federal debería negarse a mantener relaciones con empresas que infringen de forma grave o reiterada la ley, así como negar otros privilegios (por ejemplo, la concesión de licencias de radiodifusión) a delincuentes empresariales. Esto implicaría la aprobación de algunas leyes y normas nuevas o el reforzamiento de las vigentes, así como la aplicación más estricta de las leyes sobre inhabilitación, responsabilidad de los contratistas y buena reputación existentes. Los estados y los gobiernos locales deberían adoptar medidas similares.

 

En tercer lugar, las personas que denuncien prácticas ilegales desde dentro de una organización y los ciudadanos particulares deberían tener la posibilidad de pedir la aplicación de las leyes que regulan la conducta empresarial. Una forma de facilitar este enfoque de aplicación sería ampliar y adaptar relativamente la Ley sobre Reclamaciones Falsas, que en la actualidad permite que quienes denuncien prácticas ilegales desde dentro de una organización demanden a entidades que hayan defraudado a la Administración, y que cada año recupera para ésta cientos de millones de dólares robados por contratistas inmorales.

 

«Mano dura contra la delincuencia empresarial», el mantra del momento, no puede limitarse sólo a la delincuencia financiera, actualmente la variedad más vigilada de las fechorías que cometen las empresas.

 

(*) Russell Mokhiber es editor de Corporate Crime Reporter, con sede en Washington D.C. Robert Weissman es editor de Multinational Monitor, con sede en Washington, D.C. Ambos son coautores de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy (Monroe, Maine, Common Courage Press, 1999).

 

(c) Russell Mokhiber y Robert Weissman

(c) de la traducción, Berna Wang, 2002