LAS GUERRAS DE  EEUU  YA SON  UN PRODUCTO FINANCIERO

 

Por Juan Hdez. Vigueras. Miembro de Attac. Autor del libro Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias.

 

      Durante  2005,  ING, el Grupo que anuncia rentabilidades de colores, declaraba una revisión de su política de inversiones en la industria de “la defensa”. Este Grupo financiero holandés muy vinculado al paraíso fiscal de la Isla de Aruba, que en Julio pasado ocupaba el puesto 14 en el ranking mundial de las instituciones financieras, proclama que sus  operaciones e inversiones en valores de empresas de fabricación, mantenimiento y comercio de armamento estarán sometidas en adelante a estrictos criterios, como el sometimiento a las regulaciones de la OTAN y exclusión de aquellas empresas directamente asociadas con minas antipersonales, bombas de racimo u otras “armas controvertidas”. Con ello pretende dar una respuesta de difícil credibilidad a quienes siguen creyendo en la ética de las finanzas y la responsabilidad social de las empresas, pero la verdad es que esta declaración tan matizada  pone de manifiesto la importancia de los valores bursátiles de “la defensa” para las corporaciones financieras, una realidad  escasamente conocida debido a las estrategias de marañas de sociedades y trusts en los centros financieros offshore.  Porque la fuerza expansiva de la globalización financiera, o financiarización de la economía, ha convertido al viejo negocio de las armas en una parte tan sustancial de los mercados financieros que condiciona la política mundial del Estado más poderoso del planeta.

 

      Desde que  estalló la burbuja bursátil de la “nueva economía” con la caída de las punto.com en el 2000, y especialmente tras el 11 de Septiembre de 2001, la pasión por rentabilidades financieras sin creación de riqueza ni empleo,  ha  alcanzado tal volumen inversor  en el sector del armamento que alcanza ya una identidad propia en nuevos índices bursátiles específicos.

Desde el mismo mes de los atentados de Nueva York,  la Bolsa   American Stock Exchange estableció el índice  DFI (Amex Defense Index) con una muestra  de 15  títulos de las corporaciones con mayor capitalización en el sector del armamento, que  incluyen a los cinco primeros contratistas del Departamento de Defensa de EEUU, como son Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics que por sí solos se reparten un 50 % de los gastos de suministro armamentístico (procurement). Y antes de acabar 2001, la Bolsa de Filadelfia establecía también su propio índice, el DFX, integrado por 17 valores de empresas del armamento. Por tanto, ignorando las proclamas para la galería, la política inversora de ING  está dentro de una corriente generalizada que lleva últimamente a  ciertos fondos de inversión a orientar específicamente sus carteras de valores hacia “la defensa”; otra de  tantas manifestaciones de la proclamada guerra contra el terrorismo.

Así, en los 10 primeros  valores cotizados de las corporaciones estadounidenses de la defensa encontramos un accionariado compuesto por inversores institucionales como bancos,  aseguradoras y  sociedades de gestión de inversiones que suelen detentar en torno al 5 % del capital, es decir, la participación más importante y, con otra menor, están los fondos de inversión gestionados por aquellos, incluidos los fondos de pensiones que tienen participaciones muy inferiores, según un análisis sectorial (Chesnais, La finance mondialisée. La Decouverte, 2004).

 

      En el mercado financiero del armamento observamos otra manifestación de esta mutación política que es la globalización financiera consolidada en los noventa, que ha transformado la propiedad y la financiación de las grandes empresas.  Los fondos de inversión y los fondos de pensiones anglosajones se han convertido en los accionistas principales de los grupos

industriales y de servicios, con un poder propio derivado de su enorme capacidad financiera que supera  la de muchos Estados como es el caso de Calpers, el fondo de pensiones de los empleados del Estado de California.

Durante la pasada década, estos potentes agentes financieros  posibilitaron y se beneficiaron de las reestructuraciones de la industria estadounidense del armamento, apoyados por el Pentágono, el Congreso y las distintas Administraciones demócratas o republicanas, como revela un estudio del Institute for Policy Studies (IPS, Military-Industrial Complex Revisited); y

actualmente disponen de una presencia masiva como accionistas de los grupos contratistas de primer rango (prime contractors) del Ministerio de Defensa estadounidense.  Estos accionistas institucionales y la “comunidad financiera” han desempeñado un papel activo no solo en las fusiones y adquisiciones sino en las estrategias de los grandes grupos industriales del

armamento, donde ejercen hoy un control muy mayoritario, contribuyendo a la profunda transformación del complejo militar-industrial estadounidense, junto con las instituciones políticas y la interrelación de las tecnologías de la información y de la comunicación que ofrecen  nuevas oportunidades de negocio a las corporaciones industrial-militares. Un ejemplo es la Lockheed Martin Corporation, primer productor mundial de armamento, en la que los inversores institucionales tienen una participación de hasta el 95 %; mientras que para el primer grupo empresarial estadounidense, la cadena de hipermercados  Wall-Mart, solo llega al 37, 42 %.  Generada por la fusión de Lockheed con Martin Marieta, General Dynamics y varias otras compañías, facturó unos 35,500 millones de dólares en 2004, casi el 80 % con cargo al Departament of Defense y a las agencias federales  por adquisiciones de aviones tácticos e investigación aeronáutica, satélites, misiles e “Integrated Systems & Solutions”, entre otros ítems de los cuales es el mayor proveedor. Este mega grupo con sede en Maryland ejemplifica también la transformación del sector de la industria militar, cuya sofisticación genera monopolios  bilaterales, un solo grupo empresarial frente al único cliente, el Ministerio de Defensa estadounidense.

 

      Dado el tremendo peso político de los conglomerados militares, nadie cree que pueda predicarse de Lockheed Martin aquello que en los cincuenta se decía de “lo que es bueno para General Motors es bueno para América”, porque aquella y otras corporaciones del armamento han presionado agresivamente a las distintas Administraciones para obtener ventajas y subvenciones, contratos lucrativos y elevadas facturaciones de compras autorizadas por el Congreso, por ejemplo, un mayor número de aviones que los previstos inicialmente por el Pentágono. Como recoge el estudio del IPS, en 1993 el Pentágono suscribió un plan con la industria del armamento para incentivar las fusiones empresariales asumiendo el Estado federal parte de los costes del traslado de equipos y el desmantelamiento de factorías, alegando que el dinero de los contribuyentes ayudaría a la reducción de costes, haciendo que “funcionaran tres factorías a tope en lugar de seis  medio vacías” y también que habría, “compensaciones en vez de despidos” aunque luego ocurrieron ambas cosas. Lo cierto es que la política obsesiva por las fusiones empresariales ha producido un enorme aumento del poder de los mega grupos. La fusión de Boeing con McDonnell generó un conglomerado de 250,000 trabajadores y  Lockheed  con Martin Marieta, con instalaciones en los cincuenta Estados, son grupos que condicionan el empleo local y, por tanto, las elecciones de congresistas en los Estados.

 

      Ciertamente el interés de los mercados financieros por la industria armamentista no comenzó tras los atentados de Nueva York, pero sí se aceleró tras la invasión de Irak  en 2003 como muestra el crecimiento continuado del índice DFI en el gráfico adjunto; recordemos que por entonces el economista jefe del FMI que una guerra corta contra Irak “podría tener un efecto positivo (sobre la economía mundial) “ (IHT, 20/11/2002) Pero  tras  el hundimiento de los valores tecnológicos que   significó el final del referente de Internet, los analistas se plantean como el nuevo referente para los mercados financieros la guerra ilimitada, proyección práctica de los planes de Bush que abarcan el relanzamiento de la economía estadounidense mediante  recortes fiscales masivos para las rentas altas, un aumento espectacular de los gastos militares y los gigantescos déficits presupuestario y exterior, unido a la creación del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security Department) con 1,700,000 empleados, más las fuerzas militares y la doctrina de la seguridad nacional basada en la guerra preventiva o al margen de la ONU. Todo ello en un  nuevo entorno económico y geopolítico internacional que, tras la desaparición de la URSS, tiene a los EEUU como única superpotencia y centro del sistema financiero mundial como emisor de dólares; en un marco de relaciones internacionales que desde hace una década se caracteriza por  la globalización dominada por el capital financiero que impulsa Wall Street. Por eso no resulta descabellado que los analistas consideren sotto voce las guerras de EEUU como un nuevo producto financiero.-

 

(Artículo publicado en el nº 7 de Cuadernos para el Diálogo. MADRID Febrero 2006)