INDICE

Ley de Lemas
Doble voto simultáneo
Treinta años en la vida de un jugador
El ciclo se ha cerrado
Más garantías, menos libertades



LEY DE LEMAS

El problema de los lemas está planteado desde hace años. En el nacionalismo surgió a raíz de la escisión de 1931, siendo llevado al año siguiente ante la Corte Electoral, la qué eludió entonces un pronunciamiento de fondo. El golpe de Estado de 1933 lo extendió al seno del coloradismo.

Durante el ciclo terrista el asunto se mantuvo en un plano secundario por virtud de la abstención opositora. No dejó, sin embargo, de concurrir con fuerza a determinar dicha actitud abstencionista. Pero es bajo el actual gobierno que recobra, hasta hacerse candente, todo su imperio, en razón de la expectativa electoral creada, con o sin fundamento —nosotros creemos que lo último — después del 27 de marzo de 1938.

Las autoridades partidarias respectivas solicitaron de la Corte Electoral, el reconocimiento e inscripción de los lemas “Partido Colorado Batllists” y “Partido Nacional Independiente”. La solicitud colocó el proceso político del país en una cruz de caminos, la responsabilidad de cuya decisión quedaba por cuenta del gobierno. O se reconocía a los partidos opositores sus lemas propios solicitados, y entonces quedaba abierta la perspectiva — por lo menos la perspectiva — de una solución electoral para el pleito político de la República; o esos lemas no eran reconocidos, y entonces dicho pleito se mantenía en los mismos términos

de violencia dictatorial en que lo estableció el golpe de marzo.

La incógnita de la decisión oficial rodeó al actual gobierno de lo que se llamó “serena expectativa”. Pero ciertos aspectos de la “elección” de que surgiera, suscitaron en algunos espíritus la esperanza — ya no expectativa — de que se hiciera el reconocimiento de los lemas, amén de otros reconocimientos, esperanza que se expresó en forma vehemente, — ya no serena — desde los órganos de prensa. El gobierno supo aprovechar la posición favorable en que lo colocaba la incertidumbre de su decisión — que redoblaba los halagos de ciertos sectores — retardando ésta cuando le fue posible. No podía desconocer, por otra parte, que jugaba en la emergencia la carta más decisiva de su gestión;

Pero al final, después de un año, no ha tenido más remedio que definirse. Y lo ha hecho de una manera maquiavélica. Como la Corte Electoral estaba frente a un dilema de hierro: reconocer o no reconocer los lemas solicitados, desplazó el problema de su órbita llevándolo al Parlamento, de donde ha salido la nueva ley de, lemas por la cual es la oposición la que debe decir la última palabra. No se les reconocen a los partidos populares sus lemas propios, que son derivados de los lemas tradicionales clásicos. Pero se les ofrece lisa y llanamente el uso de estos últimos, en comunidad con las fuerzas oficialistas que los detentan. Claro está que bajo condiciones tales, que los subordinan totalmente a éstas. En esa forma el gobierno aparece más realista que el rey. ¿Reclaman un lema derivado del tradicional? Pues, se les ofrece este último en toda su pureza. Se les ofrece, no se les impone.

El proceso político del país es colocado así, otra vez, en una cruz de caminos. Pero ahora es la oposición la que debe decidir. Los partidos democráticos ¿votan unidos a las respectivas fuerzas oficialistas de vinculación tradicional? ¿Solicitan la inscripción de un lema nuevo? ¿Mantienen la abstención? Las convenciones de ambos partidos se reunirán en breve para decirlo.

El problema de los lemas, tal como está planteado, tiene más allá de su importancia circunstancial, un profundo sentido histórico. Representa, sin duda alguna, sin, el momento más crítico en la evolución de los partidos tradicionales a través de su existencia de más de un siglo.

Sin entrar ahora a analizarlo bajo ese ángulo, análisis que es necesario hacer, sin embargo, en un enfoque riguroso del mismo: sin entrar tampoco, ahora, a analizar las alternativas que tiene por delante la oposición, punto éste, vinculado al anterior, nos interesa establecer categóricamente como principal consecuencia de la ley de lemas, la de definir al gobierno de Baldomir como fiel continuador del gobierno de Terra, o sea como una expresión más del Régimen de Marzo.

Engendro suyo por sus hombres, por las fuerzas que lo apoyan, por su gestión financiera, lo es también por su política de atropello a los derechos cívicos del pueblo. Las líneas quedan así tendidas irrevocablemente: de un lado el gobierno, continuando la dictadura; de otro, la ciudadanía libre desterrada en su propio país, pero manteniendo siempre en el llano su insobornable altivez democrática.

Primer editorial de MARCHA No. 1, 23 de junio de 1939

 

EL  DOBLE  VOTO  SIMULTÁNEO

Como lo recordaba hace algún tiempo el Dr. Femando Gutiérrez, el doble voto simultáneo se incorporé a nuestras prácticas electorales por disposición de la ley del 11 de julio de 1910. La ley proyectada por el Gobierno del Sr. Williman venía a completar y modificar las leyes de 1904 y 1907. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara, que integraban, dicho sea de paso, los señores Lagarmilla, Manini Ríos; Aureliano Rodríguez Larreta, Amézaga y Carlos Onetto y Viana, incorporó al proyecto. del Ejecutivo el doble voto simultáneo.

¿Con qué finalidad? Creemos que es útil y aleccionador recordarlo. Los dos grandes partidos estaban entonces divididos; pero la división nacionalista era mucho más profunda que la colorada y en consecuencia, los ataques entre las fracciones, más enconados.

Téngase presente la época. El despacho de la Comisión lleva fecha 3 de mayo de 1910. El proyecto se votó en representantes en los primeros días de junio del mismo año.

El nacionalismo había concurrido dividido a las elecciones de 1907: de un lado estaba el Directorio presidido por Martín Aguirre que encabezaba la fracción radical; al otro, el grupo denominado conservador.

En ese año 1910, ya muerto Martín Aguirre, división había continuado ahondándose. En enero y febrero, estalló un movimiento revolucionario en el que se produce el famoso episodio del patacho Piaggio. En octubre, tres meses después de promulgada la ley de elecciones que había contado con los votos de algunos diputados nacionalistas, el Directorio aconseja la abstención, y se produce un nuevo movimiento revolucionario, encabezado por Basilio Muñoz. Estos hechos provocaron la renuncia de los nacionalistas que integraban la Cámara de Diputados, Aureliano Radriguez Larreta, leader de la fracción conservadora, Carlos Roxlo, Vicente Ponce de León, Jacinto Durán, etc.

Así entre dos revoluciones, la de enero y la de octubre, frente a un partido desgarrado entre radicales y conservadores, entre abstencionistas revolucionarios y concurrencistas, se votó y promulgó la ley de 1910, que implantó el doble voto simultáneo. ¿Con qué finalidad?, volvemos a preguntar.

La ley de 1910, nos atrevemos a afirmarlo, vino para obligar al nacionalismo a tomar el camino de las urnas. La implantación del doble voto simultáneo, se hizo, principalmente para permitirle votar, alentando a la fracción concurrencista, sin temor a que la división les hiciera perder votos como se los había hecho perder en los comicios de 1907. Con lo que se afirma, por otra parte, una vez más, aquella tesis que alguna vez hemos expuesto: el partido colorado se sirve de una de las fracciones nacionalistas para castigar a la otra, sin perjuicio claro está, de que la inversa también pueda producirse.

Aquellos propósitos los expone el Poder Ejecutivo en su mensaje acompañando el proyecto de ley y sobre todo o por lo menos, con mayor claridad, la Comisión informante de la Cámara. Decía esta:

“Vuestra Comisión de Constitución y Legislación, después de un estudio detenido de las leyes electorales vigentes, del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y de las fórmulas diversas que surgieron en el seno de la Comisión, ha creído encontrar una solución feliz para el problema electoral que se planteé a raíz de las últimas elecciones generales, a causa de no haber alcanzado n muchos departamentos los votantes del partido nacionalista al cociente electoral exigido por la ley para acordar representación a las minorías”.

Y ha sido después de un estudio minucioso de la forma en que se desarrolló el último proceso electoral, que vuestra Comisión cree haber encontrado la fórmula legal que impedirá que un partido sea derrotado por la rivalidad de las tendencias que puedan surgir dentro del mismo y que permitirá a todos los ciudadanos expresar libremente su voluntad y sus simpatías por sus conciudadanos dignos de ser elegidos, sin que la violencia moral de perjudicar a su partido político, emitiendo un voto ineficaz en el momento del escrutinio, ahogue sus preferencias personales y desnaturalicen una de las bases espacialísimas del régimen democrático”.

Y luego citaba algunos ejemplos ilustrativos de las elecciones de 1907. En Montevideo habían votado 10.597 ciudadanos, distribuidos así:

Partido Colorado 8.210

Partido Nacional (Directorio) 1.879

Partido Nacional (Disidente) 504

Otras listas 4

“Como el partido Nacional — agregaba la Comisión — no alcanzó al cuarto del total de votos emitidos, no obtuvo ninguna banca por el departamento de Montevideo”.

En Florida, episodio similar. Ninguna de las listas nacionalistas alcanzó un cuarto del total de los votos y se perdió toda representación.

Habían votado en ese departamento 2.648 ciudadanos:

Partido Colorado 1.434

Partido Nacional (Directorio) 621

Partido Nacional (Disidente) 593

Lo mismo en Soriano, Minas y Tacuarembó. El doble voto simultáneo, venía a salvar estas dificultades. Las tendencias enconadas e irreductibles se mantenían; pero los votos no se perdían para el lema común. Los resultados, no fueron, sin embargo, inmediatamente muy brillantes. El partido decretó la abstención en 1910 y mientras en 1907 votaron en total en la República alrededor de 45.000 ciudadanos, en 1910 votaron apenas poco más de 30.000.

¿No enseñan nada estos hechos y cifras que ligeramente ordenamos? Creemos que sí y que el lector despierto no dejará de aprovechar esta fuga que intentamos hacia el pasado.

Nuestras divisiones no son de hoy. El doble voto simultáneo permitió ayer, la reconstrucción electoral del partido frente al coloradismo unido. Permítasenos para cerrar este artículo, preguntarnos, si el doble voto simultáneo que una vez más une al partido colorado, consagrará mañana la definitiva división del nacionalismo.

MARCHA, 2 de octubre de 1942.

 

TREINTA AÑOS EN LA VIDA DE UN JUGADOR

Al amparo del doble voto simultáneo y de la ley de lemas, el poder ha estado siempre en manos de minorías. Es uno de los hechos más significativos — si no el más significativo— de nuestra evolución institucional y electoral. Este gobierno de las minorías, como también ya dijimos, se acentúa en los últimos años. El Sr. Berreta recoge el 28.5% del electorado; el Sr. Martínez Trueba el 19.5%; la lista 15 o el Sr. Batlle Berres (todo o nada) el 28.9%.

Si nos detenemos en esta última elección, encontramos que más del 71% del electorado vota contra el Sr. Batlle Berres, no obstante lo cual éste y su grupo adquieren prácticamente el dominio total del Poder Ejecutivo, que es decir, el dominio total del gobierno del país.

Los porcentajes, claro está, resultan todavía más asombrosamente pequeños si se toma como base a los inscriptos y con mayor razón a los presuntos habitantes del país. La lista 15 obtiene 254.648 votos el 54, frente a un cuerpo político de inscriptos habilitados para votar de 1:292.976. Representa pues, respecto a ellos el 19.6%. Estas cifras y porcentajes que obligarían meditar, sin duda suelen olvidarse. Es difícil que se pueda gobernar cuando se tiene en frente a más del 70% de los votantes, a más del 80% de los inscriptos. Pero lo es más, cuando el régimen constitucional y electoral permite y auspicia el desmigajamiento de los partidos. Porque ese gobierno que apenas representa el 28.9% de los votantes, tiene un tercio de representantes en el Congreso. El choque es inevitable; el estancamiento también. El Ejecutivo se amaña para andar por su lado; el Parlamento pierde el tiempo en infructuosas tentativas de bloquear el Ejecutivo; el país político, no ya el país real, el país político, es decir, por lo menos

72% de los votantes se revuelve contra el Ejecutivo y contra el Parlamento. Contra aquel porque es su enemigo; contra este por su ineficacia.

Parecería que sólo cabe una solución lógica, — o sólo cupo, porque ya debe ser tarde — aun que la lógica no marcha de par con la política: un gobierno de unión nacional, a falta de un gobierno de partido. Nunca un gobierno de fracción.

Tarea es ésta cuyo análisis no nos compete a nosotros. Señalamos sólo, con la misma objetividad que nos hemos impuesto, el hecho desconcertante y absurdo: en estas tierras de democracia el gobierno es ejercido por minorías y ejercido, como si esas notorias minorías, fueran abundantes mayorías. ¿Puede un sistema que esto permite y tolera, durar?

MARCHA 7 de febrero de 1958.

 

EL CICLO SE HA CERRADO

Todo nuestro régimen electoral reposa sobre una monstruosa ficción. Sobre una mentira. Son pilares de ella el doble voto simultáneo y la ley de lemas. En las vísperas del comicio dijimos nadie podrá gobernar; nadie será capaz de gobernar. Los vencedores - lo mismo hubiera ocurrido de haberle correspondido el triunfo a los hoy vencidos - van al poder sin plan y sin programa. No es todo. Los vencedores son varios. Y esos varios no marchan de consuno. El Partido Nacional recogerá apenas, en el mejor de los casos, el 50% de los sufragios. La fracción mayoritaria dentro de ese partido – hasta ahora el herrerismo - contará a lo sumo con el 25% de los votantes, menos aún que él quincismo del 54. Si es capaz de gobernar, no podrá   hacerlo sin contar con el apoyo de la otra fracción y necesitará que otras fuerzas le presten ayuda. ¿Es posible ese avenimiento?  No nos corresponde dar respuesta a la pregunta. Señalaremos, eso sí,  que nos parece una profunda inmoralidad la tesis según la cual los votos de la  fracción A, sirven para llevar al poder a los candidatos de la fracción B;  pero que en cambio, es inadmisible que los votos de ésta sirvan para convertir en gobernantes a los candidatos de aquella.  Quien votó por una  u otra fracción del partido vencedor, votó además y en primer término, por el lema común. Será enteramente responsable de la gestión que cumplan los elegidos, aunque esos elegido no hayan sido sus candidatos. No se puede estar a las maduras y arrojar al cesto, las verdes. No se puede creer que el lema vale sólo para triunfar dentro de él y no impone obligaciones, si se pierde. No se puede esperar que los sufragios del otro valgan si nos dan la victoria y sean despreciables si no nos la dan.

No necesita demostración, porque el ejemplo está todavía vivo. Si la fracción vencedora dentro del lema triunfante deja de lado a la derrotada, está irremediablemente condenada al fracaso. Si la fracción vencida se niega a colaborar, condena  también irremediablemente al fracaso al Partido del cual dice formar parte. Y si una y otra - las dos — que no alcanzaron juntas a la mayoría absoluta, pretenden gobernar sin tomar en cuenta a otras   parcialidades, sin hacer un gobierno auténticamente nacional, también cabe pensar que les espera el fracaso. Puede que esta obligada colaboración sea una suerte. El país no quiere, pues no los tiene, partidos ampliamente mayoritarios. La composición del cuerpo electoral y las inmensas dificultades de la hora    obligan a un gobierno de formación extra partidaria. Tanto más cuanto que los que vienen tropezarán con una estructura administrativa creada por el partido vencido en largos años de gobierno y que será hostil o renuente.

MARCHA, 5 de Diciembre de 1958.

 

MÁS GARANTIAS MENOS LIBERTADES

La disgregación o la desintegración de los partidos políticos tradicionales, es ya un lugar común. Todos hablan de ella y en primer término, los que militan dentro de esos mismos partidos. No sin antes vacilar mucho y por diversas razones sobre la necesidad de encarar el tema, creemos que algunas reflexiones, de un ciudadano que está totalmente alejado de la política, pueden contribuir a facilitar ciertos esclarecimientos. Por lo menos, no podrá creerse que ellas estén inspiradas en intereses propios, de grupo o de parcialidad.

                          * * *

En realidad, sin remontarse a la Edad Media, siempre los partidos tradicionales, con muy contadas excepciones en el tiempo, han estado sacudidos por crisis internas; pero las divisiones actuales ofrecen, por lo menos, dos características que le atribuyen mayor gravedad.

Dentro del nacionalismo hay dos partidos, con lemas distintos, autoridades distintas, organismos distintos. Y esta situación se prolonga desde hace más de veinte años. Es decir electoralmente, algo más de una generación. Los que tienen ahora 18 años y pueden votar nacieron después de la división del 32, después del golpe de estado del 33.

El mismo fenómeno, aunque no tan acentuado, se reproduce en el coloradismo. Todavía el lema común cobija a todos; pero la verdad es que hay más de un partido, con autoridades, programas y organización propios. También esto lleva más de veinte años.

-El otro hecho, de más reciente aparición, es el siguiente: Las fuerzas mayoritarias dentro de cada corriente tradicional - únicos propietarios del lema histórico — también se han dividido. No hay por qué insistir en este aspecto harto notorio: la lucha entre la 14 y la 15 en el Batllismo; la lucha entre los de la lista única y los de las varias listas en el Herrerismo. En el umbral del año 1954, pues, año de elecciones, nos encontramos no sólo con que la división de los partidos tradicionales, división que ya alcanza a la mayoría de edad, continúa, sino también , con que se han dividido las fracciones derivadas de esos partidos y que en cierto sentido se consideran las más auténticas herederas de los mismos.

Este proceso al cual no se le ve término, y que, de acuerdo con los datos que se poseen, tiende a agravarse, ofrece otra característica aparentemente paradójica. Los partidos se han dividido, cuando más espesas, rígidas y casuísticas se han hecho las disposiciones para mantenerlos unidos.

Hasta llegar al primer cuarto del siglo, como con énfasis se ha dicho y se dice, los partidos no formaban parte de las instituciones. Campaban esos partidos a su albedrío fuera del Estado; intervenían por supuesto en él; pero, como organizaciones, actuaban tangencialmente. Juristas eximios y alquitarados, señalaron el hecho como un signo de atraso. Era menester que los partidos integraran las instituciones. Fueran considerados, parte de ellas. El proceso se inicia allá, por el veinticinco y  culminó en la ley de lemas (1934), y en la muy importante y olvidada ley del 35 (11 de diciembre) que de clara que los partidos políticos, propietarios del “lema, partidario - y cuyos fines no sean opuestos a la Constitución ni a las leyes de la República  - son personas jurídicas”.

Como ocurre en tantos otros aspectos – por no decir en todos – la vida se ha burlado, una vez más, en el caso, de las disposiciones que adoptan los hombres. Las medidas tendientes a consolidar los partidos, si no puede decirse que precipitaron su descomposición, es innegable que no la han detenido. Y de ello se desprende, dicho sea de paso, una sana lección de escepticismo y de optimismo al mismo tiempo. De escepticismo respecto a la eficacia de las construcciones jurídicas o políticas; de optimismo por cuanto demuestra y confirma, que la vida siempre reconquista sus derechos.

La estatización o institucionalización de los partidos ha sido acompañada por una serie de medidas que remachan aquel propósito y ha tenido otros resultados además del señalado de precipitar o no detener la descomposición de esos partidos.

- Los gastos electorales los paga el Estado. Ya la ley del 28, establecía que la Corte Electoral pagaría la impresión de hojas de votación, a razón de dos millares por cada cien votos obtenidos.

Durante la dictadura terrista, el Sr. Ghigliani le dio a esta disposición un alcance más desenfadado.

En el 50, por ley, se modificó la proporción del 28: en lugar de pagar el importe de millares de listas por cada cien votos, se pagó quince millares y fue autorizado, no sólo el pago a posteriori, sino un adelanto hasta del 50 por ciento, sobre la base de los votos obtenidos en la elección anterior.

-Puesto que los partidos forman parte andamiaje institucional, se ha considerado lógico que esos partidos, únicas expresiones reconocidas de la voluntad popular, se dividan también el goce de las instituciones, en todos sus aspectos.

Hay una relación lógica, simple y cerrada, entre el principio y las consecuencias.

Los partidos integran el Estado; son su basamento. Por tanto, el Estado les pertenece. Toda la Administración Pública ha sido politizada o partidizada, si se permite el horroroso neologismo. A esta filosofía pertenecen el pacto del las reformas constitucionales del 51. Los puestos se reparten proporcionalmente a los votos (ley del 31) o se reparten a cuota fija (constitución del 51).

El elector ha perdido cada vez más su libertad. El voto es secreto; los escrutinios limpios; el fraude no existe; la coacción, teóricamente, tampoco. Pero a medida que las garantías se han hecho mayores y más detalladas, la libertad de elegir se ha ido diluyendo o desvaneciendo.  Cada cuatro años el votante se ve ante un dilema: o no votar - día llegará, es la culminación natural del proceso, en que el voto haga obligatorio — o votar las listas que los comités partidarios confeccionan. Se dirá que siempre ha ocurrido así, que así deberá ser siempre. No es cierto. En Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos — no los citamos como modelos —, las elecciones son, por lo menos, doblemente parciales: parciales en cuanto al tiempo y a la región; parciales en cuanto a los distintos órganos de gobierno. Las autoridades municipales se eligen conjuntamente con las nacionales; senadores no se eligen en una elección nacional; los diputados no se eligen con el Ejecutivo. Aquí cada cuatro años, el elector debe optar entre el todo o nada. En una misma lista, van los candidatos al Consejo Nacional, los candidatos al Senado, los candidatos a la diputación, los candidatos al Congreso Departamental, los candidatos a las juntas Departamentales, los candidatos a cualquier otro órgano “para cuya constitución o integración las leyes establecen el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral”. (Art. 77 de la Constitución).

Puedo creer que X es un buen candidato para integrar  el consejo Departamental; y que Z no debe ser elegido como diputado o como consejero nacional. No tengo escapatoria: si quiero votar a X, debo votar también a Z. No se vota, pues, por candidatos, se vota por lemas, se vota por partidos. Los partidos constituyen o pretenden constituir una masa rígida y compacta.  Y esta presunta rigidez y esta real despersonalización o deshumanización del acto electoral, ha tenido también un resultado aparentemente paradójico, como el que antes señaláramos. Ha propiciado o mantenido, por un lado, el caudillismo – caudillismo en lo nacional y en lo local -. El elector vota por el caudillo si éste es también candidato o vota como le dice el caudillo. No le interesan, por regla general, los candidatos o los demás candidatos.

Por otro lado, la presunta rigidez de los partidos es sólo formal. Formal y fugaz. Dura el espacio de un segundo. Esa rigidez es falsa, coacta, impuesta. Cesa al día siguiente del voto. El lema unitario cobija las tendencias y las ambiciones más dispares. En la lista unitaria tienen refugio las más diversas posiciones. Cuando se trata de gobernar, no tardan en aparecer esas tendencias, esas ambiciones, esas posiciones.

Hemos tomado a la elección como un fin; al logro, puro y simple de votos, como un fin.

Perogrullo, no obstante, ya enseñaba que al gobierno se debe ir para gobernar. De esto la política y los políticos criollos, no se preocupan.

Y así ocurre lo que ha ocurrido. Así lo que ocurrirá.

En el año que se inicia el país volverá a participar, pasivamente de un acto electoral, pero seguirá sin gobierno. No lo ha tenido. No lo tendrá. Se atribuye la culpa de este hecho al Colegiado. Es, nos parece, hacer centro en la sombra y olvidar el ave en vuelo. Tal concepción — ¿merece que se la llame así? — es el digno reverso de la otra concepción candorosa y mítica, según la cual todos nuestros males derivan del presidencialismo. La causa es más honda; la raíz más oculta. Por lo pronto, y de acuerdo con lo dicho antes, no se puede gobernar porque no hay partidos que gobiernen o puedan gobernar.

Toda nuestra actual organización política, es una organización de fachada, muy abogadil, muy “jurídica”, pero artificial y artificiosa.

Cuida las formas, cumple los ritos, respeta las apariencias; pero la realidad está ausente.

La realidad se amaña e ingenia, por su parte, para hacer lo que le place. Un estudio acendrado de las características nacionales, podrían llevar a demostrar que el oriental, no digamos el uruguayo, es un tipo especial que siempre, desde lo más lejanos tiempos de nuestra corta historia, ha encontrado la manera de vivir dos vidas: la aparente y la auténtica. Aquí, también, los molinos de Dios muelen lentamente pero muelen muy fino. Proclamábamos nuestra fidelidad al rey y éramos contrabandistas; pugnábamos por la federación e intuíamos la independencia; declarábamos la incorporación a las Provincias Unidas y creábamos un nuevo Estado. Mientras las formas no aprietan demasiado a la realidad, las formas se toleran y hasta se ensalzan.

Mirando hacia la política, ¿es aventurado decir, ya con un pié en el estribo, que el signo de nuestro tiempo es la persistencia de los ritos y la desaparición de la fe?

MARCHA, 3 de Diciembre de 1953