Lección que debe ser aprovechada.

 

Volvamos al tema. Hemos dicho que una lección se desprende. Tal vez muchas. El gobierno que ahora, cada vez más, encara problemas técnicos y concretos, necesita asesoramientos. Pero asesoramientos permanentes y no asesoramientos circunstanciales, que dependan de la buena voluntad de comisiones honorarias y del tiempo que los miembros de éstas puedan dedicar a la labor.

En determinada ocasión el Dr. Martínez Trueba  - era todavía presidente de la República - propició la creación de una oficina encargada de estudiar los costos de la producción nacional a los fines de establecer los subsidios y la protección que a las distintas ramas de la misma, deban concederse.

A su pedido - es y ha sido para nosotros un honor colaborar con el Sr. Martínez Trueba, de cuya probidad y recta intención tantas pruebas tenemos - redactamos un pequeño proyecto.

La iniciativa de entonces no es suficiente ya. Pensamos que aun limitada a las actividades  protegidas o subsidiadas, habría que darle mayor amplitud.

El principio debe ser éste: toda industria o actividad que pretenda ser protegida debe someterse a los controles del Estado. La contrapartida del beneficio - primas, tratamientos cambiarlos, subsidios, etc. - debe ser el control. Algo de eso estamos proyectando para la industria azucarera; algo de eso, aunque en forma, a nuestro entender, inorgánica y confusa, está ya en la ley que protege a esa industria.

Por lo pronto toda industria que quiera acogerse a un régimen de beneficio debe solicitar autorización para instalarse.

El trabajo es libre y no parece admisible que para realizarlo deba requerirse la anuencia de nadie; pero si para trabajar, exijo del Estado que me otorgue determinadas condiciones y garantías, lógico es que me someta a los controles de ese mismo Estado, que se convierte en una especie de asociado mío.

El control debe empezar desde el principio. La contabilidad debe llevarse como el Estado lo indique y no como el productor lo quiera.

Los equipos utilizados, el emplazamiento de las fábricas, las posibilidades eco nómicas de las mismas, los capitales integrados, deben someterse también al control.

No es posible que a la sombra de la protección, se instalen equipos viejos de escaso rendimiento y costos de producción elevados, porque entonces la protección, sin distinción, es una prima, a los más incapaces o a los más haraganes.

No es posible que se emplacen fábricas donde le venga en gana al interesado. En el país los fletes tienen una gran influencia en los costos y la tienen también las posibilidades de producción y de consumo de la zona. La dolorosa experiencia, aún no terminada de ciertas fábricas radicadas en el interior del país, lo demuestra acabadamente.

No es posible tampoco - y sólo cierta demagogia impulsiva puede creer lo contrario - que toda iniciativa industrializadora, debo ser apoyada. Hay que estudiar en cada caso las posibilidades económicas de la actividad que se pretende iniciar y de la empresa que se quiere construir, atendiendo a los rindes de la materia prima empleada por ejemplo, y a las necesidades de los mercados consumidores. Tenemos y lo decimos una vez más, muchas reservas sobre las posibilidades actuales de desarrollo de las industrias de exportación en nuestro país. Las máquinas son caras, los repuestos nos faltan, carecemos de personal obrero especializa do, no tenemos el respaldo de un mercado interno activo que nos permita entrar en condiciones de normal competencia en los mercados internacionales. Y yendo aún más al detalle, debe decirse que el planteo económico de la empresa, en sí, y no sólo de la actividad genérica, debe ser objeto de estudio acabado: cómo están calculados los costos y la producción; la calidad de la misma.

No es posible, por último, y esta enumeración no agota el tema, dejar asimismo de estudiar, “económicamente” la integración y aplicación de los capitales. Los controles actuales se limitan a verificar si la integración legal se ha cumplido. ¿De qué vale eso? Conocemos empresas que desde la iniciación han inmovilizado en máquinas y edificios, todo su capital y aún mucho más. ¿Cómo han podido trabajar? Entrampándose; recurriendo al crédito; recargando los gastos financieros; encareciendo en fin, los costos y reclamando, cada vez más bato la amenaza de la bancarrota; mayor protección directa o indirecta del Estado.

Queda un último aspecto. El control que reclamamos, debe servirle al Estado para fijar dentro de los límites prudentes - en este país hay que capitalizar y alentar la capitalización es obra de buen gobierno - las utilidades de esas empresas protegidas y la justa remuneración de sus obreros, a quienes debería hacérseles participar en los beneficios de la empresa.

En concreto: sustituir el régimen empírico, inconexo, perturbador que es el de la protección actual, por un régimen planificado. Es inadmisible que los protegidos recojan todos los beneficios, y que el Estado asuma todas las cargas.

La contrapartida, repetimos la palabra, del sacrificio general que importa la protección, debe ser el control más absoluto de la actividad de quienes reclamen y se acojan a esa protección.

 

MARCHA, 30 de mayo de 1952.