Chile: Ponencia sobre un Impuesto Tobin a las transacciones financieras
Ponencia parlamentaria


Presentada al Parlamento chileno por el Senador José Lavandero

Señor Presidente, ante los devastadores efectos de la trasnacionalización económica, y principalmente de la falta de control y creciente desregulación del capital financiero,crece la preocupación en diferentes sectores de la ciudadanía mundial.

Parlamentos, centros académicos, sindicatos, organismos económicos han alzado su voz frente a las consecuencias de la hegemonía de movimientos de capitales financieros.

La Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (Attac-Capítulo Chile), organización integrada por la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable y organizaciones sociales y académicos han impulsado el impuesto Tobin. Se trata de un impuesto internacional uniforme, que va del 0,1 por ciento al 0,5 por ciento sobre los movimientos de capitales de corto plazo.

James Tobin, Premio Nobel de Economía, ex consejero del Presidente Kennedy, profesor de la Universidad de Yale y también un elemento que consideró muy importante el economista y Senador, señor Alejandro Foxley propuso establecer un impuesto a las transacciones de divisas en 1978.

Dicho impuesto fue diseñado como un freno a la especulación que provoca agudas fluctuaciones en los tipos de cambio y serios daños a las economías. La idea no fue acogida con entusiasmo en su momento, pues era un periodo de optimismo y confianza en los tipos de cambio flexibles. Al irrumpir en los años siguientes diversas crisis cambiarias, renació la propuesta del impuesto Tobin para reducir la volatilidad en el mercado de divisas.

En los años noventa, dos hechos adicionales agudizaron el interés sobre la idea de Tobin y sus variantes. En primer lugar, el inmenso crecimiento del mercado de divisas, el cual llegaba a la asombrosa y especulativa cifra de 1.8 billones de dólares de inversión diarios, de acuerdo con el informe del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en 1998, y el correspondiente incremento de la inestabilidad monetaria, como la crisis de 1992 en el Sistema Monetario Europeo y la de 1994 en México.

En Alemania, parlamentarios propusieron en 1998 una moción argumentando que entre 1975 y 1994 las transacciones en el mercado de divisas se habían multiplicado por 80, mientras el comercio internacional lo había hecho solamente por 2,5 veces.

Ello significaba que, mientras el comercio internacional había aumentado en 31 por ciento, la especulación financiera de corto plazo se había incrementado en 80 por ciento, causando un desajuste colosal en las distintas economías.

En segundo lugar, como el impuesto podría generar sumas sustanciales, la idea llamó la atención de quienes se preocupan por la financiación pública del desarrollo, la que se ve acentuada por los retos fiscales de los Estados, así como por la creciente necesidad de una cooperación internacional en la solución de problemas relacionados con el medio ambiente, la pobreza, la paz y la seguridad.

En función de la fórmula adoptada, y que he señalado anteriormente, el impuesto Tobin podría generar entre 150 y 300 mil millones de dólares anuales.

La ONU y el Banco Mundial estimaron en 1997 que el costo de erradicar las peores formas de pobreza y de proveer una básica protección medioambiental rondaría los 225 mil millones de dólares anuales.

Estos antecedentes son de extraordinaria relevancia e importancia para el desarrollo y el progreso social de distintos países de más bajos ingresos.

En un momento dado, se argumento en contra del impuesto Tobin, porque podría aumentar las barreras al comercio internacional, lo cual podría producir la caída de Este. La probabilidad de que ello ocurra es extraordinariamente limitada.

Dado que el comercio es esencial para el crecimiento económico, es improbable que un impuesto mínimo corte la demanda comercial en diversos países. Hasta un 40 por ciento del comercio actual tiene la forma de una remesa de bienes entre las sucursales de corporaciones transnacionales - ya este elemento en sí es importante, especialmente las transacciones efectuadas entre las filiales y las casas matrices, materia que, con motivo del cobre, he tocado varias veces en esta Sala - , financiadas por entradas contables, en vez de conversiones de una moneda a otra. Por lo tanto, la mayor parte de estas transacciones ni siquiera están sujetas a impuesto, como lo he determinado en las diversas oportunidades en que me ha correspondido hacer uso de la palabra en este Hemiciclo.

De hecho, con la aplicación del impuesto Tobin el comercio podría gozar de mayor confianza en los niveles de tasa de cambio, lo que permitiría una mejor planificación y pronóstico de la transacciones comerciales.

Un impuesto sobre las transacciones de divisas sería un elemento estratégico de la gestión financiera global, pues podría, primero, reducir los flujos de divisas y capitales de corto plazo y especulativos, que constituye el aspecto más interesante del impuesto Tobin; segundo, esti-mular la autonomIa de la política nacional, que en la medida en que se acerca una globalización, no sobre las empresas multina-cionales, sino en cuanto a una gestión financiera del mundo, es evidente que los países van perdiendo la autonomía de sus decisiones dentro de sus propias fronteras; y tercero, restablecer la capacidad impositiva de los estados-nación, afectada por la internacionalización de los mercados.

El impuesto es una fórmula para reducir los flujos desestabilizadores, atractivamente sim-ple. Su base tributaria consiste en transacciones de muy corto plazo, de doble dirección especulativa y de arbitraje financiero en el mercado interbancario. A mayor frecuencia de las transacciones, mayor carga supone el impuesto. Así, se pretende desincentivar las transacciones a corto plazo, sin perjudicar el comercio intenacional, los flujos de capital a largo plazo, ni los ajustes en el valor de las monedas, conscuencia de cambios en la economía real.

El gravamen sobre los "negocios normales" no sería significativo, gracias al reducido tipo impositivo - como he señalado - del 0,1 por ciento al 0,5 por ciento (en función, por supuesto, del propósito específico). De acuerdo con los cálculos de Parlamentarios alemanes, asumiendo un tipo del 0,2 por ciento, un especulador que trabaje sobre la base de movmientos diarios se enfrentar a un gravamen de 48 por ciento anual; un inversor con un horizonte temporal semanal pagar 10 por ciento, y si ampliamos el plazo a una perspectiva mensual la carga representaría solamente 2,4 por ciento.

Como 40 por ciento de las transacciones de divisas tiene un horizonte temporal de menos de dos dIas - hay que darse cuenta de lo que esto significa: se trata del capital especulativo internacional que busca ingresar sus capitales donde sea atractivo para obtener utilidades sin dejar absolutamente nada para el país receptor-, y el 80 por ciento -estamos hablando de 1,8 billones de dólares diarios- no alcanza a la semana, el impuesto, indudablemente, tendría un efecto calmante.

El impuesto apunta al centro de la inestabilidad financiera contemporánea: los mercados de divisas post-Bretton Woods. El paso a tipos de cambio flexibles, la desregulación de los mercados financieros y de divisas y la introducción de nuevas tecnologIas, han causado una enorme expansión de los mercados de divisas. Tipos de cambios inestables ofrecen amplias oportunidades para el vidoespeculador en los mercados al contado y de opciones, así como en los mercados de arbitraje de interés correlacionados.

Los intentos unilaterales de los países para ganar estabilidad en sus tipos de cambio a través de vinculaciones y anclajes (normalmente con el dólar) conllevan unos costos crecientes: es necesario acumular y mantener ingentes reservas internacionales para intervenir en el mercado de divisas y contar con unos tipos de interés local extremadamente elevados para atraer al capital extranjero. Estos intentos, apoyados en países de Asia y América Latina por el Fondo Monetario Inter nacional durante los años noventa, generalmente han fracasado.

El reducir la inestabilidad conlleva los beneficios de una menor incertidumbre, de una menor dispersión de recursos, de una reducida necesidad de transacciones de protección (se denomina "hedging") y de una menor inestabilidad en las variables macroeconómicas en general El capital debería orientarse a tomar la forma de inversiones a largo plazo más productivas y con claros beneficios para el crecimiento económico.

Un impuesto sobre el mercado de divisas es una imposición sobre flujos internacionales de capital y como tal es un contrapunto fiscal y regulador frente a la globalización y a la liberalización del capital.

En un entorno donde la soberanía económica de los estados-nación se ve reducida, la idea ofrece la oportunidad de recuperar algo de la pérdida del poder fiscal de los Gobiernos.

Al mismo tiempo, abre la posibilidad de una política supranacional de impuestos y de redistribución de los ingresos entre la comunidad internacional. Además, cuenta con la ventaja de tratarse de un impuesto sobre un sector relativamente poco gravado actualmente.

Existe una disyuntiva entre los objetivos de estabilización y financiación del desarrollo: cuanto mayor Exito tenga el impuesto como freno de la especulación, menores ingresos generar. Sin embargo, incluso si la compra-venta de divisas disminuye radicalmente, el ingreso continuaría siendo todavía muy significativo. Cabe señalar que los impuestos sobre las transacciones de divisas no son la única opción impositiva susceptible de coordi-nación internacional, pero sí la más lucrativa.

Al presente, el 84 por ciento de todas las transacciones extranjeras ocurre sólo en nueve países. La implantación del impuesto Tobin en estos y otros países puede otorgar inicialmente un régimen de impuesto factible.

De acuerdo con estimaciones del PNUD, el costo para eliminar las peores formas de pobreza mundial asciende a 80 mil millones de dólares anuales.

En forma similar, Jubileo 2000 estima que el costo aproximado para terminar con la deuda externa de los países del sur se eleva a 160 mil millones de dólares.

Un impuesto Tobin que ascienda a los 250 mil millones de dólares podría proporcionar financiamiento independiente para medidas de asistencia a nivel mundial. Esto es en especial relevante a la luz de las drásticas reducciones en la asistencia mundial.

A principios de los años 90, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promovió el impuesto Tobin y durante la preparación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhagen, en 1995, aparecieron muchos estudios al respecto. Un reciente estudio de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) en prevención de crisis, apoya la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, sin mencionar a Tobin. Es de esperar que las organizaciones de la ONU se mantengan favorables al impuesto, principalmente debido al atractivo de los ingresos.

La propuesta del impuesto "Tobin" ya la hizo suya el Gobierno finlandés; y los de Francia y Australia han defendido en el pasado la idea de un gravamen sobre las transacciones de divisas. El Primer Ministro de Malasia declaró que el comercio de divisas "es innecesario, improductivo y completamente inmoral", aña-diendo que "debería ser parado". Los miembros de la APEC (Cooperación Económica del Asia-PacIfico) han discutido esta proposición.

En Canadá, Suiza, Alemania y Francia y en el Parlamento Europeo se han debatido mociones sobre dicho impuesto. El Congreso canadiense, de igual modo, lo aprobó por abrumadora mayorIa.

Mil 500 parlamentarios a nivel mundial le han entregado también su respaldo, y en Brasil 100 congresales crearon el Frente Parlamentario por el Impuesto Tobin. En enero pasado, el pleno del Parlamento Europeo rechazó por sólo seis votos la posibilidad de que se estudiase la creación de un gravamen sobre los movimientos internacionales especulativos de capital.

Obviamente el signo más alentador llegó en marzo de 1999, cuando el Parlamento canadiense aprobó, por gran mayoría, una moción presentada por un diputado, a título personal, en la que se señalaba: "En opinión del Parlamento, el gobierno debería promulgar y liderar la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras en coordinación con la comunidad internacional.". Este hecho supone un paso muy importante, ya que como Canadá es un miembro del G-7, actor central junto a Estados Unidos en las negociaciones sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y uno de los inversores más importante en la última década en América Latina, en especial en Chile -con el cual suscribió un tratado de libre comercio en 1997-, puede colocar los impuestos sobre las transacciones de divisas de nuevo en la agenda internacional.

En Chile, el aumento sustantivo de la inversión extranjera en la última década ha estado ligado al relajamiento de los mecanismos de regulación de ingresos por parte del Estado, que, en algunos casos, llegó a subsidiar tales inversiones.

Simultáneamente, en la década de los noventa se produjo un gran aumento del porcentaje de capitales de corto plazo, especulativos, en nuestra economía, al registrarse una inversión de cartera por un total de 10 mil 54 millones de dólares, con un curso tendencialmente creciente que alcanzó sus puntos más altos en 1997 y 1999.

Al ingreso de recursos se sumó el fuerte crecimiento de los montos colocados fuera del país por los inversionistas institucionales (administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos), a pesar de que Chile requiere de recursos para su desarrollo. A la suspensión de la aplicación del encaje por el Banco Central, se prevé una eventual eliminación de la restricción a la salida de capitales.

Las consecuencias sociales de estas evoluciones son todavía más graves para los países dependientes, que se ven brutalmente afectados por la crisis financiera al obligar a los Gobiernos a reducir al mínimo los presupuestos de los servicios sociales, y condenan a las sociedades al subdesarrollo. Por su parte, las tasas de interés, más elevadas que en los países del norte contribuyen a destruir las empresas nacionales, concretándose privatizaciones y desnacionalizaciones salvajes para encontrar los recursos exigidos por los inversores.

Cuando existen sistemas de jubilación, los empleados se ven obligados a sustituirlos por un mecanismo de fondos de pensiones, que conducen a someter aún más sus propias empresas a los imperativos de la rentabilidad inmediata, a ampliar la zona de influencia de la esfera financiera y a persuadir a los ciudadanos de la obsolescencia de sistemas solidarios entre naciones, pueblos y generaciones.

La desregulación afecta el mercado del trabajo y tiene como consecuencia la degradación de las condiciones de empleo, el aumento de la precariedad y del paro y el desmantelamiento de los sistemas de protección social.

En estas condiciones, se ha reducido la autonomía del Estado chileno para determinar polIticas económicas, trasladándose crecientemente la capacidad decisoria fuera de las fronteras nacionales. Es grave que - repito- en la medida en que se acrecienta el poder financiero internacional las grandes medidas financieras ya no se tomarán en Chile, sino en el extranjero y provocarán, en algunos casos, efectos deplorables. Ello significa entregar el país a un mercado ciego, en favor de las empresas transnacionales Sin embargo, entendiendo que la iniciativa en comento debe ir acompañada de reformas económicas y políticas, favorecemos la aplicación en la economía nacional del mecanismo de encaje, cuya utilidad fue reconocida internacionalmente, y la mantención de cláusula que impide la salida, antes de un año, de los capitales ingresados al país.

La iniciativa indicada debe llevar al Gobierno y al Parlamento chileno a postular este planteamiento en el marco de los acuerdos comerciales multilaterales en negociaciones con la Unión Europea y en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), así como en las reuniones que se desarrollarán en la Asamblea Mundial del Milenio de las Naciones Unidas, entre mayo y septiembre del presente año.

Resulta particularmente importante para Chile discutir el tema con el Gobierno y el Parlamento de Canadá, por los lazos económicos y jurídicos internacionales que los unen.

Las posibles acciones comunes tienen como objetivo poner trabas a la especulación internacional; tasar los ingresos de capital; sancionar los paraísos fiscales; impedir la generalización de los fondos de pensiones; promover la transparencia de las inversiones en los países dependientes; establecer un marco legal para las operaciones bancarias y financieras a fin de no penalizar todavía más a los consumidores y a los ciudadanos, teniendo en cuenta que los empleados de las instituciones bancarias pueden jugar un papel importante en e l control de estas operaciones, y apoyar la reivindicación de la anulación general de la deuda pública de los países dependientes, y la utilización de recursos liberados a favor de los pueblos y del desarrollo sustentable, que muchos llaman "el pago de la deuda social y ecológica.".

Señor Presidente, he querido resumir al máximo mi intervención respecto de este interesante tema, el impuesto "Tobin", el cual comienza a ser tratado en diversos países y en la comunidad internacional.

Por esa razón, solicito que se oficie al Ministerio de Hacienda; al de Economía, Fomento y Reconstrucción, y al de Relaciones Exteriores, por los antecedentes que se deban promover en el concierto internacional, y también, para su factibilidad y estudio, al Director del Servicio de Impuestos Internos.

Al finalizar, agradezco la colaboración recibida en la campaña iniciada en Chile por parte de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos. (ATTAC, Capítulo Chile), que ha comenzado a tratar esta materia. Asimismo, hemos realizado algunas conferencias de prensa al respecto. Y nos interesa que el Gobierno reciba estos antecedentes e informaciones para promover la aplicación del señalado impuesto no solamente en Chile, sino en el concierto y en los escenarios internacionales, comerciales, financieros y económicos.


7 de julio del 2000