PROYECTO DE LEY
Art. 1.- El estado uruguayo propondrá, en todos los ámbitos de relacionamiento internacional – bilaterales, sub-regionales, regionales, continentales y mundiales – la aplicación de una tasa impositiva a las transacciones financieras especulativas del 0.1% hasta el 1% (conocida como Tasa Tobin).-
Art. 2.- Será propuesta en los mismos ámbitos, conjuntamente, la conformación de una organismo en la órbita del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, encargado de la administración de lo recaudado por estos conceptos, el que adjudicará los fondos a los países en vías de desarrollo para ser usados con los siguientes destinos específicos:
a) combate a la pobreza
b) reactivación económica
c) cancelación de la deuda externa.
El organismo tendrá representación regional, y no existirá para sus miembros poder de veto.
Art. 3.- Créase una Comisión de cinco miembros, presidida por un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuatro delegados, designados uno por cada lema con representación parlamentaria, para que, en el plazo de seis meses y con la asesoría que requieran, desarrollen los detalles de la propuesta con base a lo dispuesto en esta ley.
Art. 4.- El desarrollo de la propuesta deberá considerar especialmente: integración y forma de elección de los integrantes del organismo referido en el artículo 2° , precisión del hecho imponible, sujetos pasivos del impuesto, e iniciación de su vigencia, de tal modo que se eviten los movimientos financieros evasivos.
La Comisión informará periódicamente a la Asamblea General de los avances de su trabajo.
La globalización es un fenómeno omnipresente en el mundo contemporáneo, con un conjunto complejo de consecuencias . Algunas de ellas, especialmente aquellas vinculadas con la mundialización financiera, han revelado ser particularmente nocivas: agravan la inseguridad económica y las desigualdades sociales, reducen la posibilidad de elección de los pueblos, socavan el funcionamiento democrático de los Estados y limitan fuertemente sus respectivas soberanías. Relegan el interés general y los hacen operar con lógicas estrictamente especulativas, inspiradas en el interés de las empresas transnacionales y los operadores de los mercados financieros.
La total libertad de circulación de capitales, los paraísos fiscales y el explosivo volumen de las transacciones especulativas presionan a los Estados, quienes orientan sus políticas económicas beneficiando a sectores económicos que poco tienen que ver con la producción y la capacidad de generación de empleos.
Los resultados son palpables: generalización de la precariedad laboral, y ampliación de la pobreza y la marginación.
Las consecuencias sociales son todavía más graves en los países dependientes como el nuestro. El pago de la deuda externa obliga a los gobiernos a reducir al mínimo los rubros presupuestales destinados a las políticas sociales y a la reactivación económica. Las tasas de interés, mucho más altas que la de los países desarrollados, contribuyen a destruir las empresas nacionales. Las privatizaciones se multiplican para liberar recursos exigidos por los inversores.
Según el último estudio del Banco Mundial, alrededor de 1.500 millones de personas están en situación de extrema pobreza en el mundo (personas que cuentan para su sustento con menos de un dólar al día) .
En América Latina existe un 45 % de personas que percibe salarios inferiores a dos dólares al día, mientras que el 55% de los ingresos de la región va a parar a manos de los más ricos, que representan al 5% de la población. No hay “ temor a quedar excluido de la dinámica económica global” que justifique pasividad frente a estos hechos. No existe “sacrificio por las generaciones futuras” aceptable, toda vez que la perspectiva es de involución. Realidades como éstas repugnan el más elemental sentido de justicia .
Frente a este panorama desalentador, numerosas organizaciones sociales internacionales no gubernamentales, y particularmente ATTAC (Asociación para la Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos) han rescatado la propuesta elaborada por el premio Nobel de economía norteamericano James Tobin en 1972. Se trata de establecer una carga impositiva del 0.1 % hasta el 1% al valor de las transacciones especulativas en el mercado de capitales , con el objetivo preciso de volcarlo al combate a la pobreza, la reactivación económica de aquellas áreas que producirían beneficios sociales y la redistribución de la riqueza, especialmente en los países no desarrollados.
Algunos cálculos estiman que la recaudación generada por la llamada Tasa Tobin podría significar entre 50.000 y 300.000 millones de dólares al año.
Es evidente que la imposición de la llamada Tasa Tobin debe ser mundial. Si una sola de las plazas financieras estuviera libre del impuesto, la especulación se concentraría en ella, y haría imposible toda recaudación. Esto determina que el presente proyecto disponga que el Poder Ejecutivo plantee, en todos sus ámbitos de relacionamiento internacional, y cómo política de estado, la instrumentación de la Tasa Tobin con un alcance que imposibilite rehuírlo, sujetándose a las bases de esta iniciativa.
Cabe destacar que las características del impuesto requieren de la supervisión supranacional. En este sentido, el ámbito de las Naciones Unidas, y especialmente su Consejo Económico y Social a través de un organismo especializado, parecen ser idóneos para las funciones que la iniciativa propone. Por lo demás, no significa sino cumplir con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Por otra parte, y además del creciente movimiento internacional realizado por las Organizaciones No Gubernamentales, cabe destacar que han sido realizados planteamientos similares en ámbitos parlamentarios de varios países del mundo: Estados Unidos, Francia, Finlandia, España, Argentina, etc.