ATTAC - MONDE DIPLOMATIQUE

 

De la locura de los mercados a la recesión

Tres tasas globales para dominar la especulación

Sólo a través de la fiscalidad se pueden subordinar los flujos de

capitales a una lógica de interés general.

 

HOWARD M. WACHTEL*

 

* Profesor de Economía, decano del College of Arts and Sciences, American University (Washington); miembro del Transnational Institute (Amsterdam)

 

      A medida que se desmantelan las fronteras, la mundialización erosiona la base tributaria con la que contaban los gobiernos. Socava en particular su capacidad para gravar con impuestos los productos de la especulación financiera, los beneficios y las inversiones de las grandes empresas. Los capitales de los países desarrollados están en perpetuo movimiento alrededor del planeta, lo que convierte en extremadamente difíciles tanto la definición de los beneficios imponibles como la identificación de los Estados a los que se les podría aplicar esos impuestos. Los países menos desarrollados, por su parte, multiplican los favores fiscales para atraer a cualquier precio inversiones extranjeras. Las grandes empresas utilizan evidentemente esas concesiones para exigir una desgravación de impuestos a los que están obligadas en sus países de origen. Y la erosión de la base tributaria aumenta lo mismo que las deducciones sobre el trabajo. Esto es particularmente patente en el seno de la Unión Europea donde, en relación con el conjunto de los ingresos fiscales, la parte proveniente de la imposición de las rentas del capital y de los trabajadores independientes no ha cesado de bajar —del 50% en 1980 a sólo el 35% en 1994—, mientras que la proveniente de la fiscalidad de los salarios aumentaba del 35 % al 40 % en el curso del mismo período. En Estados Unidos, el impuesto sobre sociedades no representaba más que el 17% de los ingresos fiscales del Estado federal en 1990, contra el 27% en 1965 (1).

 

La oscilación de la fiscalidad de la imposición del capital respecto del trabajo tiene dos orígenes: de una parte el coste cada vez más elevado de la protección social en los Estados modernos; de otra, la creciente movilidad de los capitales. La capacidad de imposición de un gobierno depende de su aptitud para preservar su base tributaria fiscal. Sin embargo, de los tres factores de la producción —trabajo, capital y propiedad de bienes raíces—, el capital es el más móvil, y la propiedad la menos; el trabajo se sitúa en parte entre los dos, pero más del lado del propietario, con excepción de algunos individuos riquísimos. Mientras el trabajo, vinculado a su territorio de origen, carece de elasticidad y es fácilmente gravable, el capital financiero, pero también cada vez más el capital físico, son capaces de ganar por la mano al fisco en razón de su "elasticidad". Las leyes sobre la inmigración limitan la movilidad del trabajo, pero no los movimientos de capitales...

La "economía sumergida" de las grandes empresas opera entonces sobre los dos escenarios: se libra del fisco, al tiempo que se beneficia de un entorno (infraestructuras, formación, etcétera) que se financia con los impuestos de otros contribuyentes. Ante esta realidad, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha tomado partido: "En razón de la movilidad internacional acrecentada con las inversiones fijas y las inversiones financieras, se puede hacer necesario desgravar la imposición de las rentas del capital. Así, la mayor parte del peso de los impuestos caerá sobre el trabajo, que es el factor menos móvil" (2).

 

La mundialización amenaza a otra fuente de recursos fiscales de los Estados: los impuestos sobre el consumo. Con el ciberespacio, la revolución tecnológica ha dado nacimiento a un territorio comercial que no depende de ningún gobierno y que por ello escapa actualmente a cualquier gravamen (3). Cuando un consumidor holandés compra un ordenador en una tienda de La Haya, paga una cantidad por el IVA. Pero cuando compra el mismo ordenador en Internet, ¿qué impuestos se le aplican al teleencargo? ¿El del lugar donde se ha comprado el ordenador o el del lugar de donde proviene? Y ¿cómo pueden los países seguir la pista de esas transacciones, cuando, como ha escrito The Economist, "Internet no sólo hace eliminar las fronteras de los Estados, sino que borra también la identidad de las empresas y de los individuos que comercian"? (4).

La librería norteamericana que está conociendo un mayor crecimiento no es uno de esos grandes almacenes que surgen en cada gran ciudad del país, sino un lugar de Internet en los alrededores de Seattle, Amazon. Con gastos generales mínimos y un stock de millones de títulos, puede fijar libremente sus precios y ofrecer un servicio —la posibilidad de "hojear" desde su casa a cualquier hora del día o de la noche— impensable en las librerías tradicionales. Muy pronto se podrán hacer encargos por discos láser como por ordenadores, dando paso a la vía de otra serie de productos de consumo. Actualmente, las compras realizadas por Internet en Estados Unidos sólo representan el 0,1 % del total de las compras realizadas, pero se estima que podrán alcanzar el 25 % en treinta y cinco años.

 

Las partes interesadas en sistemas de imposición global del capital y de sus rentas no tiene sin embargo preocupaciones idénticas. Existen fuertes discrepancias entre países del tercer mundo y países industrializados, entre defensores de una ecotasa y partidarios del impuesto al trabajo, entre los que quieren redistribuir las riquezas entre países ricos y pobres, y los que privilegian la defensa de los titulares de rentas bajas en los países desarrollados (5). Esas divisiones son pan bendito para las grandes sociedades transnacionales y las potencias financieras, evidentemente hostiles en bloque a cualquier sistema de imposición global.

A pesar de estos obstáculos, existen suficientes convergencias de intereses entre los grupos que se beneficiarán de tales sistemas para llevar adelante algunas proposiciones concretas. Así, en 1978, el premio Nobel de Economía, el norteamericano James Tobin propuso una tasa sobre los beneficio logrados durante las transacciones al contado (spot) en los mercados de cambios (6); en respuesta a los problemas financieros de fines de los años setenta: inestabilidad monetaria después del hundimiento del sistema de Bretton Woods, convulsión petrolera, hundimiento del dólar, especulación intensa sobre las otras monedas y sobre el oro, arranque difícil del nuevo sistema de tipos de cambio flotantes. La proposición de James Tobin buscaba en consecuencia alentar la estabilidad financiera haciendo pagar un precio a la especulación. En su momento, la utilización de los ingresos de la tasa no era la preocupación primera de su inventor, que por otra parte declaró incidentalmente que "sería conveniente que su producto fuera cobrado por el FMI o el Banco Mundial". Sólo más tarde la utilización del producto de la tasa Tobin se convirtió en un elemento central del discurso sobre la imposición global. James Tobin había sacado su inspiración de uno de los más grandes pensadores del Estado moderno del siglo XX, John Maynard Keynes, que, medio siglo antes de la aparición del ordenador personal, de las tecnologías de la información y de los satélites de la comunicación, escribía con una sorprendente presciencia: "A medida que se perfecciona la organización de los mercados de inversión, aumenta el riesgo de dominio de la especulación. Los especuladores no son peligrosos sin duda en tanto que burbujas en una corriente regular de actividad de la empresa. Pero la situación se hace grave si la empresa se convierte en una burbuja en el torbellino de la especulación" (7). En lo que ahora se ha convertido en una metáfora popularizada por James Tobin, hablaba de "echar un poco de arena en los engranajes bien aceitados" de la especulación financiera. Inicialmente, James Tobin proponía introducir simultáneamente en todos los países un impuesto uniforme de un 1% sobre todas las transacciones que se refieran a divisas, con el fin de impedir a los establecimientos financieros desplazar sus operaciones de cambio a plazas offshore (8). Esa tasa debía permitir que los bancos centrales reconquistasen una cierta dosis de autonomía financiera frente a los mercados financieros privados (9).

 

Muchos gobiernos imponen las ventas de títulos (acciones y obligaciones) con el fin de contener la especulación en sus mercados. Sin embargo, ninguno de ellos grava las masas de capitales utilizados en las transacciones sobre las divisas. La experiencia de la gravación de títulos muestra que las transacciones no se desplazan offshore: están ligadas a un lugar y a las facilidades de información y de contactos personales que ofrece. No ocurriría lo mismo con la imposición de la especulación en los mercados de cambio, que no necesita de ese tipo de aproximación física (10).

 

720.000 millones de dólares por año

 

James Tobin no podía prever la explosión del volumen de esas transacciones sobre las monedas: de alrededor de 150.000 millones de dólares por día en 1985 se ha pasado al billón de dólares por día —algunos hablan de billón y medio, y hasta de 18 billones de dólares— al filo de este decenio. No se trata únicamente de transacciones spot, algunos se refieren a contratos a plazos (futures) y a las opciones de compra o de venta, no previstas por James Tobin. Convendría entonces elaborar métodos para tener en cuenta este último tipo de transacciones para calcular la base tributaria sobre la que reposaría la tasa (11).

Han sido efectuadas evaluaciones por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED), a la vez que sobre el rendimiento de la tasa Tobin y sobre la manera que podría ser utilizada con un gravamen diario de 1 %, la CNUCED calcula ingresos de 720.000 millones de dólares por año (12), una suma colosal, teniendo en cuenta la debilidad de la tasa contributiva. Como hipótesis de trabajo, propone cortar la pera en dos: 360.000 millones de dólares para los gobiernos que colectan la tasa y 360.000 millones de dólares entregados a un fondo de redistribución de los países ricos hacia los países pobres.

 Los elementos que pueden contribuir al logro o al fracaso de una tasa global son los siguientes: simplicidad y facilidad de administración; integración en una política económica "razonable", de manera que no enajenase a una opinión pública alérgica a cualquier impuesto; rendimiento financiero suficiente para que la batalla política valga la pena; implicación de los países del Norte y los del Sur. La tasa Tobin cumple los tres primeros. Pero no se dirige más que a los países ricos, particularmente a Estados Unidos, Japón y Reino Unido, en donde se realiza lo esencial de las transacciones en los mercados de cambios que funcionan veinticuatro horas sobre veinticuatro. El tercer mundo, con sus diferentes componentes, sería sobre todo un beneficiario de esta tasa, sin ser un actor de su establecimiento.

 

Otra forma posible de tasa sobre el capital, es la que grava las inversiones directas al extranjero (IDE): inversiones en los bienes inmobiliarios, sus equipamientos y las tecnologías que se asocian. Su articulación con la tasa Tobin es clara: si la riqueza es absorbida por las transacciones financieras y las transacciones directas se descuidan, entonces las naciones se exponen al riesgo que definía Keynes en los años treinta, cuando escribía que "no hay gran cosa buena que esperar de una situación... en la que el desarrollo de un país se convierte en el subproducto de las actividades de un casino" (13). Tradicionalmente, el impuesto sobre sociedades se apoya en los beneficios. Ha sido eficaz durante varios decenios desde el fin de la segunda guerra mundial, y ha proporcionado ingresos fiscales sustanciales a los gobiernos. Pero hoy, debido a la mundialización y a la volatilidad de los capitales ha pasado a ser extremadamente difícil su colecta. Desde el principio de los años setenta, las empresas han perfeccionado constantemente su capacidad de escabullir la fiscalidad gracias, en especial, a los precios de transferencia, primero en los de bienes, después en los de servicios (14). Una empresa que fabrica un producto complejo en varios países efectúa numerosas operaciones contables internas fuera del mercado. Fabrica los componentes de su producto en diferentes Estados, proporciona servicios en diferentes lugares, combina la totalidad de un producto acabado que se ha realizado parcialmente en otra parte, conduce su investigación+desarrollo desde lugares diseminados, vende a escala planetaria y gestiona la producción y la venta a partir de una o de varias sedes sociales. De esa manera puede decidir el "precio" adecuado de sus actividades en su propio mercado interno, de forma que puede declarar gastos elevados —y por tanto bajos beneficios— allí donde la fiscalidad es más dura, y beneficios importantes en los países en que la fiscalidad es muy débil.

Por ejemplo, Nike ha implantado sus actividades de alto costo de mano de obra (investigación+desarrollo, gestión de mercados y gestión empresarial) en Estados Unidos, con el fin de declarar beneficios modestos. Las otras actividades están deslocalizadas en un país de débil fiscalidad, Indonesia. Estas estratagemas le permiten montar una estrategia fiscal global. A los gobiernos les es difícil, sino imposible, probar esas manipulaciones: las verificaciones costarían tan caras que no compensaría el esfuerzo.

 

Contradicción del discurso librecambista

Para que la imposición del capital sea verdaderamente eficaz, hace falta pues inventar otra estrategia contable y dirigirse a un elemento de la actividad de las empresas que no se presta a la evasión fiscal: las IDE.

Los países en que estas inversiones son más importantes son también aquellos en que los salarios son más bajos, la legislación laboral más laxa, las destrucciones del entorno más graves y la fiscalidad más débil. En resumen, las IDE se han multiplicado por cinco en diez años, pasando de 60.000 millones de dólares por año en 1985 a 315.000 millones de dólares en 1995 y 355.000 millones de dólares en 1997. En este fin de decenio, la parte de estos flujos que se dirige hacia los países del tercer mundo es mayor que nunca: alrededor del 40%. En cinco años, de 1990 a 1995, ya había pasado del 20% al 35%. Los países desarrollados de la OCDE invierten de esa manera anualmente en torno a 130.000 millones de dólares en los países del tercer mundo, de ellos, más de 40.000 millones de dólares en China.

Eso plantea el problema conexo de la integración de la economía mundial de los países con bajos salarios que no respetan ninguna de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical, de trabajo de niños, de utilización de mano de obra de presos, incluso de trabajos forzados (15). Y las firmas transnacionales han comprendido rápidamente que de esa manera podían deslocalizar no sólo las actividades muy necesitadas de mano de obra, sino también las actividades más sofisticadas, las de mayor intensidad de capital humano, en los países donde los salarios son más exiguos y el fisco menos exigente. Los sindicatos de los países desarrollados ven en ello una amenaza para los salarios, las condiciones de trabajo y la seguridad en el empleo de sus miembros.

Aunque muchos estudios intentan minimizar el impacto de las deslocalizaciones hacia los países de bajos salarios (16), las grandes firmas y sus enlaces gubernamentales tienen visiblemente otra opinión sobre la cuestión. Las primeras colocan constantemente por delante la concurrencia de esos países cuando negocian con los sindicatos o cuando amenazan con cerrar un centro de producción. Los segundos utilizan el mismo argumento para exigir siempre más flexibilidad en el trabajo. Juegan así con dos barajas, al igual que la OCDE que, en el mismo estudio, reivindica por un lado la necesidad de esa flexibilidad —descenso de las remuneraciones y de las prestaciones de la seguridad social, elasticidad de la legislación en materia laboral, para hacer frente a la concurrencia de los países con bajos salarios, y, por otro, pretende que esa concurrencia no tenga consecuencias.

Una tasa sobre las IDE debería contrarrestar a la vez la evasión fiscal que entraña la movilidad de los capitales y la erosión de los derechos fundamentales de los trabajadores en los países que los acojan. Y eso sin privar a los países pobres del flujo de inversiones, ni dictar a las firmas los lugares donde deben invertir. Sería aplicable a todas las inversiones directas, ya sea en países ricos o en países pobres. Su tasa se haría variar en función de una "notacion" fijada por la Oficina Internacional de Trabajo (BIT) que tendría en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores (derechos sindicales, trabajo de los niños, etcétera), pero no el nivel de los salarios. Los criterios de evaluación del respeto de esos derechos podrían variar en función del nivel de desarrollo.

A aquellos que pretendan que tales medidas constituirían una traba inadmisible a la "libertad" de intercambios, se responderá que, al revés, lo que se pretende es lo contrario. Cuando los derechos de los trabajadores son burlados, un mercado particularmente crítico, el del trabajo, no es libre. Un auténtico librecambio supone que tiene que estar presente la libertad de principio a fin de la cadena. Un mercado de trabajo no libre es totalmente incompatible con el discurso librecambista. Se podría comenzar, digamos, con una tasa del 20% aplicable a todas las inversiones en países de acogida que se sitúen por debajo de la escala del  respeto a los derechos fundamentales. Esa tasa podría ser modulada hasta descender a un mínimo de un 10% en un país que respetase mejor esos derechos o que hiciese esfuerzos significativos en la buena dirección.

El mensaje a las transnacionales será claro: pueden invertir donde lo deseen, pero tendrán que pagar más impuestos si su elección se dirige a países poco respetuosos en materia social.

Una tasa sobre las IDE se justifica en primer lugar porque los gobiernos de los países de donde parten los flujos de inversiones tienen que financiar una parte de los costos que entrañe la movilidad del capital —paro en particular— por los impuestos deducidos previamente sobre las poblaciones afectadas, los factores "inmóviles" en la jerga económica. En cuanto a los países en desarrollo, igualmente se benefician y ganan con una medida semejante. La concurrencia desenfrenada a la que se libran para atraer a las IDE, tirando cada más hacia abajo las normas sociales, les condena de hecho a continuar pobres. Esas políticas les encierran en un callejón sin salida, porque siempre se encontrará otro país que propondrá a los inversores salarios todavía más bajos y restricciones a los derechos de los trabajadores todavía más draconianas.

Una tasa variable sobre las IDE alienta un tipo de desarrollo sostenido, socialmente progresista y en armonía con lo que nos enseña la historia del despegue económico. Un impuesto máximo del 20% sobre las IDE produciría anualmente entre 65.000 millones y 32.500 millones de dólares de rentas, según los períodos de referencia y decrecimiento impositivo retenidos (17).

Ciertamente, es mucho menos que los 720.000 millones de la tasa Tobin, pero, para los países en vías de desarrollo, la ventaja sería doble: esa tasa ataca los problemas estructurales que alientan los bajos salarios y las condiciones de trabajo inhumanas; y no necesita la difícil batalla política que tendría que llevarse a cabo para redistribuirles una parte de los productos de la imposición de la especulación sobre las divisas. Se puede concebir además una combinación de las dos tasas.

 

Otro aspecto de una reestructuración de la imposición sobre el capital: precaverse de la manipulación de los precios de transferencia al calcular los beneficios de una nueva manera y al identificar los lugares donde están impuestos. Un método que se inspira en la tasa unitaria (unitary tax) que existe en Estados Unidos podría resolver el problema. Se apoyaría sobre categorías contables y difícilmente soslayables: beneficios mundiales consolidados, cifras mundiales de negocio consolidadas y cifra de negocio en cada país. Para evaluar la base tributaria del beneficio imponible se dividiría la cifra de negocios nacional de una empresa por su cifra de negocios mundial. Para identificar los beneficios a cobrar como impuestos en un país dado, se aplicaría a continuación ese porcentaje a los beneficios mundiales consolidados. Por ejemplo, admitamos que la multinacional Nike obtiene 1.000 millones de dólares de beneficio mundial consolidado. Su cifra de negocios proviene en un 40% de sus ventas en Estados Unidos. Se considerará entonces que ha sacado 400 millones de dólares de beneficios en Estados Unidos y tendrá que pagar impuestos en consecuencia. La gran ventaja de esa tasa unitaria es que resuelve la cuestión de los precios de transferencia y que es fácil calcular y de descontar, al ser muy limitadas las posibilidades de evasión fiscal: implica tanto al Norte como al Sur, y reduce las presiones que sufren los países del tercer mundo para transformarse en paraísos fiscales.

 

Los tres impuestos —tasa Tobin, tasa sobre las IDE y tasa unitaria sobre los beneficios— constituyen un mosaico del que se pueden tomar opiniones que aspiren a una mayor justicia y equidad. Las élites utilizan la modernización y la globalización para atacar a los sistemas de seguridad social, a los pobres de los países desarrollados y a los más pobres de los países en desarrollo. Ya es el momento de mostrar que las fuerzas que les resisten saben utilizar también esas mismas armas de la modernización y de la globalización./H.M.W.

---------

(1) Para llegar a esos resultados, es necesario deducir de los ingresos fiscales federales las cotizaciones de la seguridad social pagados por las empresas. Véase Council of Econonomic Advisers, Economic Report of the President, Washington, Government Printing Office, 1995.

(2) OCDE, "Taxation and Economic Performance", 3 de marzo de 1997.

(3) Léase a Bernard Cassen, "Adiós al sueño libertario de Internet", y Herbert I. Schiller, "Hacia un nuevo siglo de imperialismo norteamericano", respectivamente en Le Monde diplomatique, edición española, agosto de 1997 y agosto de 1998.

(4) The Economist, 31 de mayo de 1997.

(5) Deliberadamente, la cuestión de las ecotasas no se ha abordado aquí, con el fin de preservar una unidad conceptual alrededor del problema de los impuestos sobre sociedades y de la tasación de otros factores de  producción.

(6) James Tobin, "A Proposal for International Monetary Reform", Essays in Economics. Theory and policy, MIT Press, Cambridge, Mass., 1982. James Tobin señala que propuso esa tasa por vez primera en 1972, pero que "la idea tuvo el efecto de una piedra arrojada en el fondo de un pozo". Léase a Ibrahim Warde, "La tasa Tobin, bestia negra de los especuladores" Le Monde diplomatique, edición española, febrero de 1997.

(7) John Maynard Keynes, Teoría general del empleo, del interés y de la moneda. Léase a Michel Beaud y Gilles Dostaler, "Keynes o el espíritu de la responsabilidad", Le Monde diplomatique, edición española, diciembre de 1996.

(8) Barry Eichengreen, James Tobin y Charles Wyplosz, "Two Cases for Sand in the Wheels of International Finance", The Economist Journal, núm. 105, enero de 1995.

(9) Léase a Howard M. Wachtel, The Money Mandarins, ME Sharpe Editions, Amonk (Nueva York), 1990.

(10) Léase a Joseph E. Stiglitz, "Using Tax Policy to Curb Speculative Short-Term Trading", Journal of Financial Service Research, núm. 3, 1989.

(11) Hay buenas razones para asegurar los futures de la tasa Tobin, en la medida que forman parte del universo de la especulación. En cambio, las opciones suscitan el problema de la doble imposición. Los trabajos existentes no abordan esas cuestiones con suficiente precisión.

(12) Para las modalidades de cálculo, léase a David Felix, "The Tobin Tax Proposal", Futures, 27, 2, 1995.

(13) John Maynard Keynes, op. cit.

(14) Léase a Vito Tanzi, Taxation in an Integrating World, The Brookings Institution, Washington, 1995.

(15) Léase a Bernard Cassen, "Moraliser le libre-échange" y "Pas de prime à l'exploitation de la main-d'oeuvre", Manière de voir, núm. 32, "Scénarios de la mondialisation", noviembre de 1996.

(16) Matthew Slaughter y Philip Swagel, "The Effect of Globalization on Wages in the Advanced Economies"," documento de trabajo del FMI, abril de 1997.

(17) Este cálculo ha sido efectuado sobre la base media de los años noventa (325.000 millones de dólares por año). Los ingresos a alcanzar dependen de la "notation" media respecto de las normas sociales y de los impuestos que sean adoptados.