Antonio Elías
Si el gobierno
progresista continua la línea de cambios institucionales que se están
realizando en el ámbito de las relaciones laborales deberá modificar la una
política económica ortodoxa que pone en riesgo la reproducción de su propia
legitimidad.
El
nuevo gobierno generó diversas expectativas sobre los cambios a realizar, pero
los discursos de los principales dirigentes no fueron ni son necesariamente
consistentes entre sí, lo que explica la existencia de múltiples lecturas
acerca de lo que debiera ser una propuesta programática progresista. Está
última, para muchos, no iría más allá
de avanzar hacia lo que algún dirigente denominó "capitalismo en
serio", acompañado de "un plato de comida para todos". La
interpretación de lo que es un capitalismo en serio se refleja claramente en el
acuerdo concretado con el FMI, mientras el "plato de comida", por
ahora, llega a pocos y viene mal
servido, entre otras cosas, por la escasez de recursos humanos y material
asignados al novel Ministerio de Desarrollo Social.
Hay,
sí, señales importantes en el plano de la ampliación de los derechos de los
trabajadores, lo que repercute evidentemente en un fortalecimiento del
movimiento sindical. Esto augura la agudización de las contradicciones en un
horizonte no muy lejano entre los trabajadores organizados y el proyecto
económico que se está implementando aceleradamente desde el ministerio con mayor poder para la búsqueda de sus
objetivos: Economía y Finanzas.
Es
de lamentar que los instrumentos de política económica que se están utilizando
no se correspondan con la construcción de un país productivo con justicia social. Por el contrario, se estarían profundizando el predominio del
capital financiero y ampliando los niveles de dependencia respecto a los países
centrales. Los acuerdos ya firmados con el FMI y el BM y el cuestionado tratado de protección de
inversiones con Estados Unidos, aun no aprobado, acumulan en esa dirección.
Debe
destacarse que el acuerdo con el FMI tiene una duración de tres años lo cual
implica una voluntad expresa del gobierno de comprometerse en forma duradera,
lo que podría explicarse por la conveniencia de: a) dar claras señales de
confiabilidad a los potenciales inversores; b) fijar un techo difícilmente
modificable a las demandas sociales; c) evitar los costos asociados a las
negociaciones, los cuales van desde las pujas al interior del gobierno hasta
los potenciales conflictos con los trabajadores organizados. En esa misma línea
de razonamiento se ubicaría el hecho de que Danilo Astori es el único ministro
que tendría garantizado la permanencia por cinco años.
La
disyuntiva que tenía el nuevo gobierno al asumir el 1 de marzo era apostar a
ser "ganador relativo" en la competencia por atraer capitales
extranjeros aceptando las premisas del modelo dominante, o elegir un camino
alternativo e independiente, lo cual implicaría, necesariamente, redefinir los
niveles de apertura de nuestra economía y los derechos de propiedad del
capital. El equipo económico eligió lo primero.
La
reiteración de la apuesta a una inserción internacional basada en la apertura
indiscriminada y la reafirmación del mercado como principal asignador de
recursos, no avanza en la dirección de reducir la vulnerabilidad del país y
crea condiciones para un retroceso en
los niveles de conciencia de la ciudadanía respecto al pensamiento “único”
predominante en lo económico.
En
el documento "Compromiso Nacional por empleo, ingreso y
responsabilidades" el gobierno identifica una serie de síntomas de la
situación económica y social del país: en los últimos 50 años, Uruguay creció a
una tasa de apenas 1% anual per cápita;
dramático incremento de la pobreza y la marginalidad; agravamiento de los problemas estructurales
del mercado de trabajo; fuerte proceso migratorio de personas en edad de
trabajar y con alto nivel de calificación; déficit de inversiones pública y
privada; elevado endeudamiento público de casi 100% del PBI.
Señala,
también, las necesidades de financiamiento del sector público que devienen de
una opción política de este gobierno referida al tratamiento de la deuda externa, por lo cual buscará
financiamiento por encima de los U$S 2.000 millones anuales, a efectos de
cumplir con los vencimientos de deuda, cubrir el déficit fiscal y, en menor
medida, recomponer el nivel de reservas internacionales. Lo anterior, como se
ve, deja muy vulnerable a Uruguay ante la volatilidad de los mercados
financieros internacionales.
No
aparece en el diagnóstico del documento una identificación de las causas que
explican los síntomas anteriormente señalados, lo cual obviamente hace muy
dificultoso elaborar una estrategia de desarrollo. Sin embargo, en el acuerdo
firmado con el Fondo Monetario Internacional está implícita la respuesta que da
el equipo económico a una discusión realizada hace unos pocos años acerca de si
había fracasado el modelo en aplicación o si éste había sido mal implementado.
La contestación, expresada en la línea de política económica, es muy
contundente: el modelo fue mal implementado: ergo, la estrategia es profundizar
la línea anterior.
Buena
parte de las reformas estructurales que impulsa el gobierno, en particular la
que se refiere al Banco Central, apuntan centralmente a profundizar las
modificaciones institucionales de “segunda generación”, buscando eliminar la
"interferencia" de la política en la economía.
La
agenda de cambios acordada con el FMI así lo demuestra, incluido el exabrupto
de afirmar, ante los organismos internacionales, que las reformas estructurales
que fueron impulsadas por anteriores gobiernos
y rechazadas por la ciudadanía ahora podrán realizarse porque las
impulsará un gobierno progresista[1].
Un
eje central de las política neoliberales es la flexibilización del mercado
laboral buscando un aumento de la tasa de rentabilidad a través de una
reducción de los ingresos de los trabajadores, con sus consecuentes efectos
negativos sobre la calidad del trabajo. Son notorios los avances realizados por
el gobierno progresista en la protección de los derechos de los asalariados en
su relación con el capital, lo que podría estar implicando el comienzo de un
punto de inflexión y de ruptura con el modelo neoliberal.
Esta
nueva política se expresa, entre otros aspectos, en: las convocatorias a los
Consejos de Salarios, con la ampliación
del ámbito a los trabajadores del gobierno central y del sector rural; las señales emitidas desde el Ministerio de
Trabajo respecto al cuestionamiento a los despidos injustificados; la
derogación del decreto[2]
que permitía que la Policía, sin intervención judicial, desalojara empresas
ocupadas; en el proyecto de ley de libertades sindicales[3]
que prevé la creación de un registro de infractores a la libertad sindical, y
establece que las empresas que violen la normativa no podrán ser proveedoras
del Estado.
Las
medidas señaladas se han reflejado en un crecimiento muy importante del número
de sindicatos y de trabajadores sindicalizados, a la vez que, también se
expresa en el aumento de la represión sindical como lo demuestra un estudio
efectuado por la Universidad Católica del Uruguay[4].
No
es casual que las cámaras empresariales y voceros de los partidos
tradicionales, en nombre de una visión de los derechos de propiedad que no
reconoce, generalmente, los límites del interés social, rechacen la Ley de libertades sindicales y
reivindiquen seguir desalojando las empresas ocupadas por la simple voluntad
del empresario.
En
el marco de la agudización de la pugna entre el trabajo y el capital ya
señalada, la convocatoria al "Compromiso Nacional", podría
profundizar el papel de los trabajadores como actores centrales en el proyecto
del gobierno o, por el contrario, mostraría los límites de un proceso de
participación "restringido" que comienza, luego de que se negoció y
acordó con el FMI.
Ambos
hechos no son independientes: la carta intención fija las pautas de la política
fiscal con el objetivo de obtener un
superávit primario de magnitud inédita, se destinará un 25 por ciento de los
ingresos para pagar los intereses de la deuda. Peor aún: el gobierno plantea
que de haber mayores ingresos que los previstos, éstos se utilizarán para
amortizar la deuda. Lo que significa una severa restricción para un proceso de
negociación.
El
FMI, a través de Anoop Singh, continúa negociando, aunque no se encuentre
sentado en la mesa del “compromiso nacional,
e intenta profundizar lo ya acordado - basado en el supuesto de que difícilmente se logren los
superávits previstos – y propone ampliar la apertura a la inversión privada en
ámbitos regulados por el Estado, seguramente en temas que ya fueron laudados
por la ciudadanía.
La
profunda contradicción entre la creación de un espacio de diálogo - aceptado
por los empresarios y buscado por los
trabajadores[5] - y las
condiciones restrictivas para las negociaciones que allí se realicen, presentan
al gobierno un importante desafío: como mantener un proceso de profundización del modelo ortodoxo, amigable para la
inversión y simultáneamente distanciarse de dicho modelo a través de cambios institucionales que
fortalecen al movimiento sindical en la disputa con el capital.
El
desafío será también para el movimiento sindical que intentará ampliar sus
ámbitos de incidencia a la vez que debe mantener su tradicional independencia,
reafirmada con el paro general parcial de ayer jueves, con respecto a las
fuerzas políticas y al gobierno, en un espacio donde sus recursos técnicos son
muy inferiores a los del gobierno y los empresarios.
La
actual situación del país se explica por la existencia de una crisis económica estructural
productiva y de inserción internacional que tiene su origen en factores
históricos, geográficos, de escala e institucionales, ampliada por el modelo de
acumulación aplicado en las últimas tres décadas. Todo lo cual encuadra en el
marco de las relaciones centro- periferia y en el proceso de globalización que
profundiza las brechas tecnológicas, productivas, financieras y de ingresos
entre los países centrales y los demás.
El
sistema capitalista se expande, a partir de la revolución tecnológica y redefine el marco institucional de la
economía planetaria eliminando las fronteras nacionales comerciales y
financieras. Las empresas se localizan y relocalizan en función de los costos y
del tamaño de los mercados. La capacidad nacional para captar ese tipo de
inversiones es obviamente muy limitada. Los hechos lo demuestran.
Si
se asume que fracasó el modelo aplicado en las últimas décadas, entonces es
necesario desmontar el andamiaje normativo del neoliberalismo, tanto en lo que
tiene que ver con las reglas formales que liquidaron los mecanismos de
protección de la economía nacional y redujeron el papel del Estado, como con
las normas informales, la cultura y la ideología predominantes en las últimas
décadas.
Debe
reconocerse, además, que la viabilidad de superar los problemas de escala, y
también los tecnológicos, a través de la integración regional, está fuertemente
acotada por el predominio de los intereses nacionales de los gobiernos de
Brasil y Argentina, los cuales no están dispuestos a pagar los costos de
enfrentar a poderosos sectores de
interés internos garantizando la libre circulación de mercancías entre los países miembros del MERCOSUR.
La
profundización de las relaciones de dependencia y las carencias del proceso de
integración regional, marcan con enorme claridad la dificultad para lograr una
inserción internacional que posibilite un proceso de desarrollo productivo
incluyente, socialmente justo, políticamente democrático, ecológicamente
sustentable y que apunte a mayores grados de igualdad regional en el país.
Es
imprescindible que el Estado asuma un nuevo papel en la dirección del proceso
económico, aplicando políticas de protección en todos los ámbitos donde sea
necesario al igual que lo hacen los países centrales, buscando una “desconexión
relativa” que reduzca la vulnerabilidad.
Es
necesario jerarquizar y proteger el mercado interno como uno de los motores de
la estrategia de desarrollo, sin desmedro del papel del fomento de las
exportaciones en un país acotado por problemas de escala.
Se
deben instrumentar políticas industriales activas, tanto verticales,
seleccionando sectores, como horizontales, impulsando, por ejemplo, procesos de
innovación tecnológica y de gestión. No debería ignorarse, por ejemplo, el
papel de las políticas de fomento en el desarrollo del turismo y la
forestación.
Hay
que emprender un reconocimiento riguroso de todas las potencialidades
productivas susceptibles de movilizarse – maquinaria y equipos ociosos, fuerza de trabajo desempleada o subutilizada,
recursos naturales no aprovechados – a efectos de incorporarlas a un amplio
esfuerzo expansivo orientado y fomentado
por el Estado, quién debería poner los activos productivos ociosos en su
poder a disposición de emprendimientos de interés social, tales como las
empresas recuperadas y las cooperativas de trabajadores.
El
uso de la demanda pública como motor para el desarrollo del proceso
anteriormente señalado puede ser de gran utilidad en conjunto con una
revitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo que debería
cumplir las funciones estipuladas en su ley constitutiva.
Un
objetivo fundamental de una estrategia de desarrollo debe ser el mantenimiento
de un tipo de cambio competitivo, el cual sería un poderoso incentivo para la
inversión productiva. Una moneda sobrevaluada tiene efectos devastadores y de
largo aliento, particularmente para las empresas que incorporan tecnología y/o
desarrollan procesos de industrialización. En tanto que la depreciación de la
moneda nacional recae directamente en la reducción del ingreso real de los
trabajadores.
Un
Estado con fuerte incidencia sobre la economía genera espacios pare el
clientelismo, el rentismo empresarial, el burocratismo y la corrupción, lo que
exige implementar cambios institucionales para limitar esos procesos. No se
comparte la respuesta ortodoxa que ataca dichos males reduciendo el papel del
Estado.
Es
necesario dinamizar el mercado interno
y mejorar la calidad de vida de la gente, lo cual supone disponer de
recursos que hoy se destinan a pagar la deuda. Para ello es imprescindible
acotar el drenaje que significa los pagos de deuda pública externa,
negociándola a partir de una auditoria con participación ciudadana que permita
identificar responsabilidades y determinar prioridades de pago.
El
tema está, como siempre, en definir al servicio de qué y de quiénes se
implementa un modelo de acumulación y
su política económica. Si la opción es por los intereses de las grandes
mayorías postergadas, debería haber llegado el tiempo de transitar el
establecimiento de una nueva institucionalidad en el ámbito económico.
[1] Semanario “Búsqueda”, 9 de junio de 2005.
[2] Decreto 145/005 del 2/05/05 derogatorio del 512/966 y el 286/000.
[3] Ver www.parlamento.gub.uy/repartidos/camara/d2005060282-00.htm
[4] Informe de Conflictividad Laboral, UCUDAL, mayo 2005.
[5] En el VIII Congreso del PIT-CNT se aprobó proponer un “Sistema Integrar de Negociación Colectiva”, que incluía la creación de un ámbito “para negociar las cuestiones generales (política económica, estrategia de desarrollo, política salarial, etcétera).”