Proponen un derecho internacional de insolvencia

Pedro Morazán: "Las crisis de deuda no deben ser manejadas por el Fondo"

El dirigente de las ONG europeas que reclaman una quita de la deuda, pide un arbitraje neutral

Alvaro Torriglia / La Capital

La crisis de la Argentina reavivó la discusión a nivel internacional sobre la necesidad de diseñar una nueva arquitectura para manejar el problema de la deuda externa de los países emergentes. Desde el propio Fondo Monetario Internacional se alienta una reestructuración de los organismos multilaterales y la creación de un sistema similar a la convocatoria de acreedores para los países en default. Desde la red de universidades y organizaciones no gubernamentales que, con base en los países del primer mundo, reclaman un trato distinto a los países deudores, la propuesta pasa por crear un derecho mundial de insolvencia, que permita al país defaulteado "comenzar de nuevo" presentando un plan de pago. El abogado y economista hondureño Pedro Morazán es directivo de la Fundación Alemana para la Economía y el Ecumenismo, una ONG ligada a la Iglesia que, junto a una red de mil organizaciones participó de las actividades del Jubileo 2000 e impulsó la propuesta, aceptada parcialmente, para condonar la deuda a los países más pobres de la Tierra.

Para el caso argentino y de otros países actualmente en crisis, Morazán propone crear una nueva instancia para resolver el problema de endeudamiento de los países emergentes, con los siguientes puntos: un arbitraje neutral por fuera del FMI, una quita de la deuda a "niveles tolerables" y un programa de estabilización y expansión por parte del país en default.

-¿Cuáles son las alternativas de Argentina para renegociar la deuda?

-Nuestra coalición viene trabajando desde dos dimensiones. Una es la de la quita o condonación de la deuda externa, para utilizar los recursos liberados de la deuda en el combate a la pobreza. La otra es cambiar el procedimiento internacional de manejo de la deuda externa, lo que es relevante para Argentina. El mecanismo tradicional, en el que el FMI es una instancia central, no funciona..

-¿Cuál es la propuesta?

-Lo que vemos es no se ha resuelto el tema de la deuda desde 1982 porque se ha visto como un problema de iliquidez y no de insolvencia. La propuesta pasa por aplicar a nivel global un derecho de insolvencia, que ya existe a nivel nacional. Todos los países tienen ley de quiebras. Nosotros no hablamos de quiebra porque significa que el deudor es eliminado y un país soberano no puede serlo.

-¿En qué experiencia se basan?

-Nos orientamos al capítulo nueve de la ley de insolvencia de Estados Unidos, que ha sido utilizada tres veces por el Estado de Nueva York. Este punto establece el principio del nuevo comienzo para el deudor. En el momento en que el deudor sólo puede pagar sus deudas a costa del sacrificio del gasto social, los derechos humanos de la población son violados. A nivel de la jurisprudencia internacional existen estudios de la Universidad de Viena y de Berlín, que dicen que es posible aplicar un derecho internacional de insolvencia, que tenga cuatro elementos: una instancia neutral, por ejemplo la Corte Internacional de La Haya; que el Estado deudor que declara el default tome la iniciativa y se comprometa a presentar un plan para salir de la crisis; que los afectados por la deuda externa deben ser oídos en una audiencia pública (organizaciones sociales, etc.); y que en caso de que este sistema se institucionalice, la solución implique una quita de la deuda hasta que alcance niveles tolerables.

-Esta propuesta no tiene nada que ver con la de Krueger.

-Desde el año 96, en los diálogos y discusiones que hemos tenido con el Fondo, éste ha negado la necesidad de este mecanismo. Sin embargo, a partir de noviembre del año pasado, y bajo la impresión de las crisis de Asia, Rusia y Brasil, Rusia y Argentina, Anne Krueger lanzó una propuesta de insolvencia. Con un pequeño defecto: ella considera que la instancia neutral sólo puede ser el Fondo Monetario. Esto no significa un cambio serio. Nosotros creemos que se puede armar en el caso de Argentina un procedimiento ad hoc como existe ya en la OMC cuando hay conflictos entre dos partes. Se puede trabajar como un proceso de arbitraje, no en base a los intereses del acreedor sino a los principios del capítulo nueve de la ley de insolvencia de Estados Unidos. Es decir, el derecho del país deudor a tener un nuevo comienzo.

-La mayoría de los acreedores son tenedores de títulos, ¿esta dispersión no afecta la viabilidad de la propuesta?

-En el caso de Argentina es una oportunidad. Son cientos de miles de tenedores, lo que significa que la distribución de la carga es menor para cada uno. Es indispensable que los acreedores asuman parte de la carga. Más del 98% de los bonos tienen la cláusula de que pueden ser reclamados en el juzgado de Nueva York. Con lo cual un cambio en Nueva York es suficiente para abarcarlos a todos. En el G-7 están discutiendo la introducción de las cláusulas de insolvencia dentro de los títulos de deuda que se den a partir de ahora. Tiene que buscarse la forma de incluir a los países que están en situación de crisis, como Indonesia y Argentina.

-El objetivo final es reducir el monto de la deuda.

-El objetivo sería aplicar lo que se llama una reducción de la deuda a los niveles tolerables. Nosotros no tenemos problemas en aplicar la medida del Banco Mundial, que dice que un nivel tolerable de los servicios de la deuda tiene que ser menor al 25% de las exportaciones, aunque creemos que no hay evidencia empírica de esa relación. Nosotros proponemos un nivel del 10% al 15%, porque sí está basado en evidencia histórica. En Alemania, en 1953, después de la segunda guerra, una de las condiciones del Plan Marshall fue el Plan de Londres, por el cual se le condonó la deuda a Alemania al nivel tolerable del 5%. Fue para evitar una tercera guerra, porque la segunda guerra se dio debido a que no se resolvió el problema de la deuda y las reparaciones de guerra. Hay una evidencia histórica. Se da también en Indonesia, con Suharto, y en Polonia, cuando se reduce la deuda a niveles tolerables en procedimientos ad hoc. El límite total de la deuda con respecto al PBI tendría que estar en menos del 50%. En estos momentos la relación argentina es del 170%.

-¿Entra la deuda privada en este planteo?

-Se tienen que incluir a todas. De los 150 mil millones de deuda argentina, 90 mil son deuda pública. Sin embargo, en vista que las empresas privadas afectan la balanza de pagos y de hecho indirectamente afectan los pagos, también deberían ser incluidas. Porque el país deudor tiene que presentar un plan de desarrollo que establezca las medidas de estabilidad económica, tiene que hacer ajuste, y por lo tanto es necesario considerar la situación de las empresas. De igual manera hay que considerar el problema de la fuga de capitales. Hay cerca de un PBI afuera, más de 100 mil millones, que han sido sacados del país. Eso tendría que estar establecido en el proceso de insolvencia. Las empresas que están endeudadas y que al mismo tiempo han sacado capital deberían entrar en un negocio de compensación y obligarse a reintroducir el dinero. Aquí los acreedores podrían tener una influencia positiva.

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