Alejandro TEITELBAUM (Representante permanente en Ginebra de la Asociación Americana de Juristas)

 

I. ¿QUÉ ES UNA DEUDA EXTERNA?

 

Un país necesita tener medios de pago internacionales (divisas) para afrontar diversos tipos de obligaciones: a) el pago de los insumos importados necesarios para sus industrias locales; b) el pago de la importación de artículos de consumo (alimentos, productos manufacturados, etc.); c) el pago de las regalías   que se deben a empresas extranjeras por la utilización de patentes y  marcas; d) el pago de intereses y amortizaciones de préstamos contraídos en el extranjero; e) la remisión al exterior de los beneficios obtenidos en el país por empresas extranjeras y f) por último, el pago de los armamentos adquiridos en el extranjero, que a veces alcanzan sumas enormes y desproporcionadas, en detrimento de las necesidades económicas y sociales del país.

 

Para obtener las divisas necesarias destinadas a afrontar todos esos pagos o remisiones de divisas al extranjero, un país espera contar con distintas fuentes: a) en primer lugar el producto de sus exportaciones; b) algunos países (los económica y financieramente más desarrollados) pueden contar con las regalías cobradas en el extranjero, con las remisiones de beneficios de sus empresas implantadas en el extranjero, con los intereses de los  préstamos concedidos a otros países, etc.;  c) otro recurso para obtener medios de pago es el  ahorro interno, es decir el ahorro de los ciudadanos, el del Estado por medio de los impuestos y el de las empresas en forma de beneficios. Para que exista un monto apreciable de ahorro interno es necesario que la economía del país dado marche más o menos bien y que el nivel de ingresos de la población sea suficientemente alto, como para permitirle ahorrar; d) para los pagos internacionales puede también recurrirse a las reservas de divisas que tiene el país; e) y, si finalmente esas fuentes no son suficientes o están indisponibles el país recurre a nuevos préstamos en el exterior para cumplir con sus obligaciones internacionales. Hasta aquí todo es normal o más o menos normal. Es por ejemplo normal que un país contraiga deudas en el extranjero para realizar inversiones productivas y también es normal que un Banco internacional le preste porque tiene cierta certeza de que será reembolsado con los beneficios que produzca la inversión. Pero como en la economía intervienen diferentes áleas, puede ocurrir que no todo acontezca como estuvo previsto y el deudor no pueda reembolsar en los plazos estipulados y deba negociar nuevos plazos a la espera de tiempos mejores. Pueden crearse, por ejemplo, situaciones extremadamente difíciles en este terreno a raíz de guerras internacionales, guerras civiles o grandes catástrofes naturales. Pero la realidad de los hechos ha escapado ampliamente a esta descripción más o menos teórica de la deuda externa y el planeta está actualmente enfrentado a lo que se denomina “el problema de la deuda externa”, especialmente el de la deuda externa de los países pobres, llamados poco desarrollados o del Tercer Mundo. Dicho problema consiste en que la deuda de dichos países crece año tras año de manera desmesurada, que esos países están dentro de una espiral infernal en la cual deben contraer nuevos préstamos para pagar los intereses de los préstamos anteriores, (ya casi no se encara la posibilidad de amortizar parte del capital adeudado) y que sus obligaciones internacionales crecen mucho más rápidamente que la capacidad de pago generada por su actividad económica interna y por sus intercambios internacionales, todo lo cual apareja consecuencias sociales sumamente graves.

 

II. ¿CÓMO SE HA LLEGADO   ESTA SITUACIÓN?

 

En julio de 1944, la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD). Estas instituciones "(...) tenían como finalidad fomentar tipos de cambio estables, estimular el crecimiento del comercio mundial y facilitar la circulación internacional de capitales... Hubo una falta de atención casi inevitable a los intereses de los países en desarrollo. La mayoría de éstos eran aún colonias y por lo tanto no estuvieron representados en Bretton Woods...

En general se soslayó al Tercer Mundo y poco se tomaron en consideración sus intereses" (Comisión del Sur, 1991, pág. 37).

 

Ya en 1943, cuando comenzaba a vislumbrarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a discutir las bases de la organización de la economía mundial en la posguerra. John Maynard Keynes, encargado por las autoridades británicas de participar en las deliberaciones, propugnaba la creación de una cámara de compensación mundial (Clearing Union) que permitiría hacer todas las transacciones internacionales a un tipo de cambio fijo referido a una moneda internacional emitida por la Clearing House, el "bancor". Se trataba de un verdadero sistema monetario internacional regulador de las finanzas internacionales, que conservaba la simetría entre las  partes, con mecanismos de control y eventualmente de financiación para los países deficitarios y una participación de cada país en función de sus capacidades financieras. Sería una especie de Banco a escala internacional en el que los "clientes" serían los Estados.

 

Pero esta propuesta no fue aceptada por los Estados Unidos, en ese momento en la cumbre de su poderío económico como único gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, que impuso en Bretton Woods sus puntos de vista: un sistema de cambios fijos (con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las monedas) y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de los Estados Unidos (artículo IV de los  Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978). Y en lugar de un Banco o "Clearing House" internacional, un Fondo en el cual los países miembros depositan una suma (cuota), en parte en oro y en parte en moneda nacional. Cuando un país miembro se encuentra en dificultades financieras tiene derecho a recibir en diversas monedas una suma equivalente a su cuota en oro, sin condiciones.

Para recibir una suma superior, debe ajustarse a las condiciones que le impone el Fondo en materia de política económica, monetaria y presupuestaria. Así es como en la práctica se institucionalizó el dólar como moneda internacional, obligando a todos los países a acumular reservas en dólares para hacer frente a las fluctuaciones de sus respectivas monedas, resultante del estado de su balance de pagos. Con este sistema, la Reserva Federal de los Estados Unidos no tiene necesidad de defender el dólar ("un dólar siempre es un dólar") pues los Bancos Centrales de los otros países tienen que hacerlo para mantener la paridad de su moneda respecto del dólar. "El Banco Central de los Estados Unidos no tiene que defender el tipo de cambio del dólar: los otros lo hacen en su lugar.

 

¿Esto sigue siendo cierto en caso de déficit del balance de pagos estadounidense?   Absolutamente. ¿En caso de déficit muy importante? Lo mismo. ¿En caso de déficit ilimitado? También. ¿Qué ocurre si los Estados Unidos están en déficit? En primer lugar, ellos pagan a sus acreedores en dólares, mientras que los otros países en general no pueden pagar con su moneda nacional. Pero esto no es lo importante. Si el acreedor exige que se le pague en marcos, el Banco estadounidense venderá dólares contra marcos. Lo importante es que los dólares destinados a pagar el déficit pesarán sobre el tipo de cambio dólar-marco, dólar-yen, dólar-franco, etc. Esta presión bajará la cotización del dólar por debajo de la paridad oficial, y cuando se llegue al punto de intervención obligatoria del Banco Central interesado, éste comprará dólares con su moneda nacional. El déficit estadounidense puede, literalmente, ser ilimitado. Por convención, por regla de juego, los dólares emitidos para financiarlo deben ser adquiridos a tipo de cambio fijo por los Bancos centrales de los países que tienen un excedente frente a los Estados Unidos"  (Denizet, 1980, pág. 6).

 

El sistema de Bretton Woods estableció pues un privilegio exorbitante a favor de los Estados Unidos en materia de pagos internacionales, que en los hechos, sirvió para que el resto del mundo financiara su déficit presupuestario. "La creación de dólares está al servicio de la política económica estadounidense, sin tener en cuenta su impacto sobre las relaciones internacionales" (Lelart, 1993, pág. 55). Los Estados Unidos tenían en 1992 una deuda neta de 521 mil millones de dólares y una deuda bruta de más de 2 billones 500 mil millones de dólares (total de los dólares transferidos a no residentes) que corresponde a una creación de moneda internacional por los Estados Unidos, que ha progresado a un ritmo anual del 14 por ciento de 1978 a 1992 (Lelart, págs. 95-97). "Si los Estados Unidos importan más de lo que exportan, es porque consumen más de lo que producen, gastando un ingreso que no han ganado... Es así como el país más rico se alimenta del ahorro de los otros, incluido el de los países en vías de desarrollo, cuando estos llegan a reembolsar una parte de su deuda" (Lelart, pág. 97). Esta fue la base de un desorden creciente del sistema monetario internacional que se institucionalizó en 1975 con el abandono del sistema de tipos de cambios fijos (reforma del artículo IV de los Estatutos del FMI, vigente desde 1978), que un economista  especializado definió con la frase: "usted puede hacer todo lo que quiera con la condición  de avisar con una nota al cuartel general del FMI" (Pascallon, citado por Lelart). Es decir, se abandonó un principio ordenador del sistema monetario (el sistema de cambios fijos) pero se mantuvo en los hechos al dólar como moneda internacional, de manera que todo el resto del mundo continuó subvencionando la economía de los Estados Unidos, pues los Bancos centrales de los otros países siguieron interviniendo para evitar la baja del dólar. Es cierto que las intervenciones de los Bancos centrales son cada vez más inocuas, pues poco pueden hacer frente a las sumas fenomenales puestas instantáneamente en juego en el mercado financiero internacional para especular con las monedas nacionales. La CNUCED en su informe anual publicado en setiembre de 1995 se refirió a los "riesgos sistémicos de los productos financieros derivados" y "el peligro que encierran de provocar una crisis que podría desorganizar completamente el sistema financiero"... (CNUCED, 1995).

 

Este es el sistema financiero cuyas ideas centrales son la desregulación y la libre circulación de capitales- que acompañó un cambio profundo de la economía mundial a partir del decenio de 1970, momento que marca el fin del estado de bienestar, caracterizado por la producción en masa y el consumo de masa, impulsado este último por el aumento tendencial del salario real, de la seguridad social y de otros beneficios sociales. Es lo que los economistas llaman el modelo “fordista”, de inspiración keynesiana. El agotamiento del modelo del Estado de bienestar obedeció a varios factores entre los que cabe citar que la expansión económica iniciada con la reconstrucción de la posguerra encontró sus límites, el consumo de masas tendió a estancarse lo mismo que los beneficios empresarios y al mismo tiempo entraron en escena las innovaciones tecnológicas (robotización, microelectrónica, etc.).

Se hizo necesario  entonces incorporar la nueva tecnología a la industria para dar un nuevo impulso a la economía y eso requirió grandes inversiones de capital. Se inicia así la época de la austeridad y de los sacrificios (congelación de los salarios y aumento de la desocupación) que acompañaron a la reconversión industrial. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica en los países más desarrollados impulsó el crecimiento del sector servicios y se produjo el desplazamiento de una parte de la industria tradicional a los países periféricos, donde los salarios eran - y son - mucho más bajos. Con la incorporación de las nuevas tecnologías la productividad aumentó enormemente, es decir que con el mismo trabajo humano la producción pasó a ser mucho mayor. Se abrieron entonces dos posibilidades: O se incitaba el consumo de masa de los bienes tradicionales y de los nuevos bienes a escala planetaria con una política salarial expansiva, una política social al estilo del Estado de bienestar, se reducía la jornada de trabajo en función del aumento de la productividad para tender a una situación de pleno empleo y se reconocían precios internacionales equitativos a las materias primas y productos de los países pobres, o se tendía a aumentar los márgenes de beneficio manteniendo bajos los salarios, el nivel de ocupación y los precios de los productos de los países del Tercer Mundo.

 

Quienes detentan el poder económico y político a escala mundial eligieron esta última alternativa, con lo que se cerró la  puerta a la posibilidad de aumentar significativamente la inversión productiva, aumentar así la producción en general y facilitar la colocación de ésta aumentando la capacidad adquisitiva global de los consumidores. Hay que precisar que esta opción tuvo como rasgo dominante acentuar las desigualdades sociales en el interior de cada país y en el plano internacional, con lo que creó una neta diferenciación en la oferta y demanda de bienes y servicios.   La   producción y oferta de bienes se orientó no a la gente en general sino a los   llamados “clientes solventes”.   Fue así como la oferta de bienes de lujo   aumentó enormemente y la oferta de nuevos productos como  ordenadores y   teléfonos portátiles   encontró una   gran masa de clientes en los países ricos  y muchos clientes en la primera periferia no demasiado pobre. Los bienes esenciales para la supervivencia (alimentos, salud, medicamentos) quedaron   prácticamente fuera del alcance  del sector más pobre de la población mundial.  

 

La idea de servicio público y de un derecho irrevocable a los bienes esenciales para vivir con un mínimo de dignidad, fue reemplazada por la afirmación de que todo debe estar sometido a las leyes del mercado. La distribución geográfica de estas desigualdades es compleja, pero se podría esquematizar diciendo que está  formada por círculos concéntricos con un centro   que consume hasta el despilfarro (aunque en él hay áreas más o menos grandes de   pobreza) y sucesivos círculos exteriores en los que la satisfacción de las necesidades básicas por parte de la mayoría de la población es cada vez menor (y las áreas   de pobreza y extrema pobreza son cada vez mayores) hasta un  círculo final que es un verdadero océano de extrema pobreza en los que hay  pequeños islotes de riqueza (e incluso de enorme riqueza). Se optó entonces   por ritmos de crecimiento económicos bajos, a causa de que un mercado   relativamente estrecho  imponía límites a la producción y surgió el fenómeno de las grandes masas de capitales ociosos (incluidos los petrodólares), puesto que   no podían ser invertidos productivamente. Pero para los dueños de dichos  capitales (personas, bancos, instituciones financieras)   no era concebible  dejarlos arrinconados   sin hacerlos fructificar. Es así como el papel tradicional de las finanzas al  servicio de la economía , interviniendo en el proceso de producción y del consumo (con créditos, préstamos, etc.) quedó relegado por el nuevo papel del capital financiero: producir beneficios sin participar en el proceso productivo, a través de la especulación financiera, la especulación con divisas, con los llamados productos financieros derivados, con las tomas de participación  de los fondos de pensiones y de los fondos de compañías de seguros en las industrias y en los servicios, etc.

 

El dinero comenzó a reproducirse sin ayudar a crear valor o, como en el caso de las participaciones en industrias y servicios, obteniendo una renta  muy elevada fundada   en la degradación de las condiciones de trabajo en esas industrias y servicios. Es bien conocido el fenómeno de que cuando una empresa anuncia despidos sus acciones suben. Era la única manera de que el capital en general mantuviera una alta tasa de beneficios   con un crecimiento económico lento y un mercado restringido, pese a las enormes posibilidades   de expansión económica y bienestar social creadas por las nuevas tecnologías y los enormes capitales disponibles. Pero el problema es que el dinero NO ES un valor sino que REPRESENTA   un valor. Y que el valor se crea sólo en la producción   y   el   dinero por sí mismo no puede generar valor   y   producir beneficios. El 26 de   junio del 2001, el señor Sergio Tchuruk, presidente de Alcatel, una gran   sociedad transnacional francesa, anunció su intención de crear una empresa  sin fábricas.

 

Comentando esta declaración en el diario francés Le Monde del 3 de julio de 2001, el señor Jean-Marie Harribey, profesor de ciencias económicas y sociales de la Universidad de Bordeaux IV, decía que la frase de Tchuruk era la  expresión más exacta de la utopía capitalista actual, que teoriza sobre la   creación de valor por el accionista. Tales empresas no son una utopía sino que   ya existen en la realidad: son las que guardan para sí la actividad financiera   y subcontratan o controlan la actividad productiva que realizan otras  empresas. El profesor Harribey   dice que tales empresas   son las que se dice   que crean valor por el accionista, que no es otra cosa que el valor creado por   la economía real del que se apropian las   empresas financieras. Esa apropiación   de valor, dice Harribey, adopta dos formas. La primera corresponde   a un   empeoramiento   de las condiciones de empleo (bajos salarios, horarios de   trabajo   flexibles, empleos precarios, desocupación) lo que permite que el  aumento de la productividad   no beneficie a los trabajadores y solo   redunde en  el aumento de la   ganancia del capital. La segunda forma en que se produce esa   apropiación de valor  es  a través de una repartición desigual entre el capital   productivo y el capital financiero, en beneficio de este último. Pues los   gestores de capitales financieros que tiene participaciones en actividades   productivas exigen un plafond mínimo  de renta que en  muchos casos no pueden   obtenerse manteniendo condiciones decentes de trabajo y una distribución equitativa de los beneficios entre el capital productivo y el capital   financiero.

 

Hace unos meses que se viene hablando de que la economía  estadounidense ha perdido  impulso por no decir que ha entrado en un período de recesión. Las cifras de desocupación   o de paro parcial han comenzado a aumentar, incluso en las industrias de tecnología avanzada.

 

Pero lo curioso   es   que, por ahora, el consumo popular   no se estanca ni disminuye (“Le Figaro   Economie” , Paris , 7-8 de julio 2001). Se puede suponer   que la estabilidad de  la demanda de las familias   en los Estados Unidos   (dejando de lado el efecto   negativo sobre la  misma producido por los atentados del 11 de setiembre)   se   debe a que una parte de la  población de Estados Unidos completa sus ingresos   con el beneficio de acciones u otros productos financieros   colocados   en industrias extranjeras.  Es decir, para decirlo de manera esquemática , que una   parte de las familias de Estados Unidos mantienen su nivel de consumo  recibiendo parte del valor producido   por los trabajadores  de industrias   europeas, por ejemplo. Es decir que, como citábamos hace un rato, el país más rico del mundo se alimenta del ahorro de los otros. En síntesis, el capital financiero transnacional está funcionando como una bomba aspirante  del valor y las riquezas producidas por el trabajo en todo el mundo, riqueza que de esta manera se concentra en pocas manos   y en ciertas regiones del   planeta, particularmente en los Estados Unidos. Es particularmente ilustrativo al respecto un artículo de Ronald Mc Kinnon, profesor titular en el Departamento  de Ciencias Económicas de la Universidad de Stanford, publicado en junio de  2001 en el boletín trimestral Finances   et Développement,   del Fondo Monetario Internacional.

 

              Dice el profesor McKinnon: “Durante el último decenio, el ahorro de las familias [en Estados Unidos] ha disminuido  más de lo que el ahorro público (expresado por los excedentes presupuestarios) ha aumentado en   el   mismo periodo.   El enorme déficit del balance de  pagos   de las transacciones corrientes   de Estados Unidos , de alrededor   del 4,5% del PNB  en el año 2000, refleja ese desequilibrio del ahorro. Para financiar un nivel normal de inversión interior –históricamente alrededor del 17% del PNB- los Estados   Unidos han debido utilizar ampliamente   el ahorro   del resto del mundo. “Malas” reducciones de impuestos – las que  reducen el ahorro público sin estimular el ahorro privado – podrían incrementar  esa deuda  con el extranjero. Desde hace más de veinte años, los Estados Unidos recurren ampliamente  a las reservas limitadas del ahorro mundial para sostener su alto nivel de consumo – la de la administración federal en los años 1980 y la de las familias en los años 1990. Las entradas netas de capitales son actualmente más importantes   que en el conjunto de los países en desarrollo. Es así como como  Estados Unidos, que era acreedor del resto del mundo a comienzos de 1980, se ha convertido en el más grande deudor mundial:   unos 2 billones 300 mil millones de dólares en el año 2000. Los balances de las familias   y de las empresas en Estados Unidos muestran el efecto acumulado de los préstamos privados obtenidos en el exterior desde hace diez años. La deuda de las familias alcanza ahora   un record de 1,1 veces los ingresos disponibles y la deuda de las empresas es también muy   elevado con relación a su  flujo de fondos (cash- flow) . ¿Los estadounidenses deben inquietarse? Con todo, el dolar sigue siendo fuerte y los Estados Unidos  se encuentran en una situación única   que consiste en   que disponen de una línea de crédito  prácticamente ilimitada, en gran parte en dólares, frente  al resto del mundo. En consecuencia, los Bancos   y otras instituciones   financieras de los Estados Unidos están relativamente al abrigo de los riesgos   de las tasas   de cambio; sus activos, que consisten en buena medida en  préstamos interiores, y sus pasivos (depósitos), una  parte substancial de los   cuales corresponde a inversores extranjeros, son en dólares. En cambio, otros   países deudores  deben   acomodarse a   las disparidades de las monedas: los  pasivos internacionales de sus Bancos   y de otras empresas son en dólares y sus activos en moneda nacional.

 

              El origen de la crisis monetaria en Asia en los años 1997-98 es precisamente esta disparidad.

 

              ¿La invulnerabilidad   de los Estados Unidos a las crisis monetarias  se debe simplemente a la  fuerza de sus mercados financieros y a   la sabiduría de sus autoridades de reglamentación?

 

              No. No es por azar el hecho   de que Estados Unidos   sea el deudor internacional preferido .

 

              ¿Cómo se produjo este accidente de la historia?”… A continuación el profesor   Mc Kinnon  explica brevemente los mecanismos financieros, a partir de los acuerdos de Bretton Woods,  que llevaron al dólar a convertirse en la moneda  internacional, en una especie de “patrón-dólar”, tema que hemos desarrollado en las  páginas precedentes.

 

             La deuda externa es en parte el resultado de   este mecanismo de captación parasitaria de las riquezas, por un lado y, por el otro, forma parte de dicho mecanismo.

 

III.   LA DEUDA EXTERNA: MECANISMO DE DESPOJO PERMANENTE DE LOS PUEBLOS DE LOS PAÍSES POBRES.

 

La deuda externa del Tercer Mundo llegaba en 1982 a 780 mil millones de dólares, continuó creciendo los años subsiguientes hasta llegar a un billón trescientos mil millones en 1987, se mantuvo estacionaria hasta 1989 y volvió a crecer desde 1990, llegando en 1993 a un billón seiscientos mil millones de dólares. Actualmente se estima la deuda externa de los países del Tercer Mundo en algo más de 2 billones de dólares. En 1993 la deuda externa representaba el 40,6% del PNB en América Latina, el 29,4% en Asia y el 71,4% en Africa (el 107,3 en Africa subsahariana) y los servicios de la deuda el 30,0; 8,6 y el 21,6 por ciento respectivamente,   de las exportaciones.   La relación relativamente baja servicios de la deuda-exportaciones en Africa se explica  porque los países de la región tienen importantes atrasos en el pago de los servicios. La deuda externa tiene como resultado una transferencia neta de recursos del sur hacia el norte: en 1998 los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron y en el mismo año el conjunto de los países del Tercer Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones de dólares (Toussaint, junio 2001, págs. 211-212). Los mecanismos específicos del crecimiento acelerado de la deuda a partir del decenio de 1980 fueron  básicamente cinco:  

 

            1) La oferta indiscriminada de créditos por parte de los Bancos transnacionales, que disponían de gran liquidez a causa de la acumulación de  petrodólares y de que los Estados Unidos inundó   con sus dólares todo el mundo para que éste subvencionara su economía.  

2) El continuo deterioro de los términos del intercambio, que obligó a muchos países del Tercer Mundo a solicitar préstamos para pagar sus importaciones;  

            

            3) La inflación;

            4) El aumento de la tasa de interés de los préstamos;

            5) Las políticas proteccionistas de los países desarrollados, que han mantenido cerradas sus fronteras a muchos productos de los países del Tercer Mundo.

 

Además, el origen de una parte de la deuda, es total o parcialmente ilícito: algunos préstamos fueron ficticios y sólo sirvieron para disimular maniobras financieras irregulares realizadas de común acuerdo entre los Bancos acreedores y los supuestos deudores. Así  en Argentina , las repatriaciones de fondos depositados en exterior (por ejemplo para financiar un negocio) se hacían aparecer como préstamos, de común acuerdo entre el   propietario de los fondos y el Banco extranjero.

Aparecía así una deuda particular ficticia.

 

Estas deudas privadas ficticias y otras reales terminaron estatizándose por medio de diversas mecanismos (seguros de cambio, etc.). Es decir que distintas maniobras que permitieron el enriquecimiento de unos pocos, terminaron convirtiéndose en una deuda pública que tiene que pagar todo el pueblo con su trabajo. Por otra parte, los gastos y las comisiones por la negociación de los préstamos alcanzaron cifras desproporcionadas y también los acreedores impusieron a los deudores cláusulas contractuales que comportaron  vicios del consentimiento, como por ejemplo la renuncia a la jurisdicción nacional del deudor para las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar, etc.

 

También se establecieron intereses usurarios, muy por encima de la tasa del mercado financiero internacional: mientras la tasa de interés efectivo a largo plazo en seis  países industrializados fue, como promedio, en el periodo 1985-1989, del 4,35%, la tasa de interés efectivo sobre la deuda externa pagada como promedio por   seis países deudores en el período 1980-1985, fue del 16,8 % (PNUD).   Y cuando   los deudores comenzaron a estar en mora, los intereses adeudados se acumularon   al capital, de modo que los acreedores comenzaron a cobrar intereses sobre los intereses, lo que en la legislación de algunos países es ilegal.

 

En algunos países (Brasil, México) los préstamos se utilizaron, por lo menos en parte, en inversiones productivas, pero en la mayoría de ellos se utilizaron en la especulación financiera, en la acumulación de enormes fortunas personales en Bancos extranjeros (Marcos, Mobutu, Duvalier, etc.) en inversiones suntuarias e improductivas y, por supuesto, en el pago de los intereses usurarios, comisiones y amortizaciones de la misma deuda. En materia de transferencia de   capitales del Sur al Norte, a fines de 1985, el valor de los activos que  poseía el Sur en el Norte ascendía a 511.000 millones de dólares, de los cuales  278.000 millones correspondían a países con problemas a causa de la deuda externa (Sabri Abdalla, 1989). Según el Morgan Guaranty Trust Co., entre 1977 y  1987, los cinco países más endeudados del área latinoamericana transfirieron a Bancos extranjeros más de 210.000 millones de dólares en depósitos privados.  

 

Los mayores montos correspondieron a México (84.000 millones) Venezuela (58.000  millones) y Argentina (46.000 millones) (Revista Comercio Exterior, 1989, pág. 411). Según la misma fuente, si no hubiera habido fuga de capitales, la deuda externa de Argentina sería de sólo unos 1.000 millones de dólares. Desde 1984 hasta 1990 la   transferencia neta de recursos financieros Norte-Sur fue  negativa para el Sur.

 

Pero en 1991 y 1992 se invirtió la tendencia, con un flujo neto favorable al   Sur del orden de los 50 mil millones de dólares (sin tener en cuenta el   intercambio desigual: materias primas y  productos del Tercer Mundo baratos por   productos, tecnología y servicios caros de los países altamente   industrializados. Teniendo en cuenta este aspecto, el balance siguió siendo desfavorable para el Sur). Pero discriminando por región se advierte que la  mayor parte de las transferencias financieras (siete octavos) en 1991 fueron a Asia occidental especialmente a Kuwait y Arabia Saudita, a fin de hacer frente   a los gastos de la guerra del Golfo y a la reconstrucción de Kuwait.  El  conjunto de Africa, en cambio, tuvo en 1992 una transferencia negativa de 1600   millones de dólares (Africa subsahariana tuvo un saldo positivo de 10000  millones) y América Latina y el Caribe una transferencia positiva de 6900   millones (Naciones Unidas, 1993, págs. 98-99). El saldo positivo de 6900   millones en América Latina y el Caribe se explica por las privatizaciones.   Dichas privatizaciones (aconsejadas por el FMI) que se hacen en condiciones extremadamente desfavorables para el patrimonio nacional de los países donde tienen lugar (se venden empresas y fuentes de recursos naturales a precios muy por debajo de su valor real), cuentan con el asesoramiento técnico   y la financiación del Banco Mundial.

 

En Argentina, entre 1989 y 1993 se  recaudaron como resultado de las privatizaciones 9910 millones de dólares en   efectivo y 13.239 millones en títulos de la deuda, que representan 5270   millones en efectivo (39,8% del valor nominal de los títulos). Si se hubiera  utilizado el efectivo también para rescatar títulos de la deuda, ésta tendría   que haber disminuido de 57.000 millones de dólares en 1989a 20.000 millones  en 1994.

 

Sin embargo, la deuda externa de Argentina no disminuyó sino que aumentó, pues alcanza actualmente a más de 150.000 millones de dólares. Es decir que la deuda externa en Argentina se ha casi triplicado en 12 años. En el período de acumulación acelerada de la deuda, muchos gobiernos de los países deudores (en no pocos casos dictaduras abiertas o encubiertas) actuaron de manera irresponsable y en el sólo beneficio de minorías corruptas, endeudando a sus respectivos países mucho más allá de su reales posibilidades de reembolso. El Fondo Monetario Internacional, que según el art. 1 de sus Estatutos debe : ..."facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva",  y que de acuerdo con la decisión de su Consejo de Administración del 29 de abril de 1977  debería vigilar que los Estados realicen una política financiera sana que les permita un desarrollo sostenido y socialmente equitativo, cumpliendo al mismo tiempo sus obligaciones internacionales, se abstuvo en esa época de alertar a los gobiernos que se estaban endeudando improductiva y excesivamente. La razón es que el FMI respondió en ese momento   -como lo hace siempre-   a las estrategias de las grandes potencias y del gran capital, que tenían interés en colocar el excedente de dólares, aunque fuese en condiciones riesgosas.

 

Para determinar las responsabilidades por ese crecimiento vertiginoso de la deuda   que contó con la complicidad por omisión del Fondo Monetario Internacional,   como acabamos de ver, en 1982 se presentó una denuncia ante los tribunales argentinos. En julio del 2000 se dictó sentencia en dicha causa y en las conclusiones el Juez dice: “Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación...   Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados...Empresas   de significativa importancia y bancos  privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de los seguros de cambio...la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas”...   El juez decidió el archivo de las actuaciones porque el único procesado resultó sobreseído por prescripción, pero remitió copia de la resolución al Congreso de la Nación a fin de que éste adopte las medidas que estime conducentes en la negociación de la deuda “que ha resultado groseramente incrementada a partir   del año 1976"...   (Causa Nº 14467, “Olmos, Alejandro", s/denuncia, Juzgado Federal Nº 2 de Buenos Aires). 

 

IV. LAS POLÍTICAS DE AJUSTE.  

 

El Fondo Monetario Internacional, impone a los países deudores, bajo distintos   nombres, las llamadas políticas de ajuste que son económicamente recesivas y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los  deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas   la espiral de la deuda   sigue  creciendo   porque la economía de los países   deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más   difícil cumplir con los acreedores, y se deben  contraer nuevos préstamos para   pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así la deuda externa no deja   de crecer y se convierte en deuda eterna. Las políticas de ajuste están destinadas, por una parte, a asegurar que continúe la remisión de los servicios   de la deuda a los acreedores y, por otra, a imponer a los países deudores su integración  al sistema económico-financiero mundial dominante, caracterizado   por la concentración en pocas manos de las riquezas   producidas a escala planetaria .

 

              Cuando la magnitud de la deuda y el retraso en los servicios de la misma puso   de manifiesto la  imposibilidad para los países del Tercer Mundo de pagarla en   las condiciones pactadas, el Fondo MonetarioInternacional (que como vimos, se abstuvo de intervenir para tratar de evitar un incremento irresponsable de la deuda) propuso como solución las políticas de ajuste. Estas políticas son la condición que se impone a los países deudores que necesitan imperativamente renegociar la deuda y seguir teniendo acceso a los mercados financieros internacionales. De modo que el Estado que quiere tener acceso al crédito internacional debe ajustarse a los "principios directores" del FMI que, de manera general, son los siguientes:  

 

              1)..."apertura de los sectores que han estado protegidos frente a la competencia del mercado y la eliminación de subvenciones..."  

 

              2)..."reducir las presiones inflacionarias, alentar la repatriación del capital y fomentar la  inversión extranjera directa..."

(Comunicado del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores del FMI, Comunicado de Prensa Nº 89/44, del 25/9/89);  

 

              3)..."contener la demanda global...";

 

              4)..."saneamiento de las empresas públicas...";

 

              5)..."flexibilización del control de precios y de las restricciones comerciales" (acuerdo con Mauritania);  

 

              6)..."revisión de la escala de derechos de importación y de los precios agrícolas..." (acuerdo con Costa Rica, Bulletin du FMI, 5 junio 1989, p. 174).

 

Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos  celebrados con numerosos países, en el marco de la llamada "estrategia  reforzada de la deuda" y de las "facilidades de ajuste estructural reforzadas".   Estas propuestas de ajuste estructural del FMI, difieren   de las "políticas de estabilización" precedentemente preconizadas por el FMI, en que éstas   se orientaban a presionar a los países deudores para que realizaran una política financiera que asegurara el reembolso de la deuda, mientras que la “estrategia reforzada de la deuda” implicó una ingerencia total en las políticas financieras, económicas y sociales de los países deudores.

 

Desde diciembre de 1999, las políticas de intervención del FMI en los

países del Tercer Mundo tienen un nuevo nombre: “Facilidades de crecimiento

y de reducción de la pobreza”. Estas “facilidades”  consisten en que los

países pobres más endeudados entrarán en la lista de los que podrán

beneficiarse de una reducción de la   deuda siempre que   los respectivos

gobiernos adopten  medidas de lucha contra la pobreza.   Dicho de otro

modo,   el FMI, que con sus políticas de ajuste contribuyó ampliamente a

sumir en la pobreza total a la mayoría de la población de los países pobres

muy endeudados, ahora le pide a los gobiernos de dichos países que luchen

contra la pobreza para poder beneficiarse eventualmente con una reducción

de la deuda.  

 

 

Una lógica elemental indica que el orden debería  ser inverso:  primero

reducir o anular la deuda y después (o en todo caso simultáneamente) exigir

a los gobiernos beneficiados que adopten medidas de lucha contra la

pobreza. En la lista de países candidatos a beneficiarse con una reducción

de la deuda (la   Iniciativa para aliviar la deuda de los países   pobres

más endeudados) había al comienzo 41 países (dos tercios de ellos

africanos) , que luego se redujeron a 32 y de los diez primeros

seleccionados   (ocho africanos, Bolivia y Honduras),  todos, salvo Uganda

y Bolivia , continúan esperando. No obstante, se ha prometido que a los

diez primeros países seleccionados se sumarán otros diez. En este

“formidable” esfuerzo del  mundo rico a favor de los países pobres, si se

llevara a buen término, representaría  30.000 millones de dólares en varios

años. Una vez y media la fortuna de la familia más rica de  Francia.

 

 

Esta nueva política de las instituciones de  Bretton Woods (que consiste en

haber sumado la selectividad a la   condicionalidad) se decidió en la

reunión del G7 de 1995 en Halifax, donde se   dijo que teniendo en cuenta

las dificultades presupuestarias de los países  donantes, los recursos

debían orientarse prioritariamente a los países más   necesitados y que

hubieran demostrado la capacidad de utilizarlos eficazmente.   La reunión

de setiembre del 2000 en Praga del Banco Mundial y del FMI consagró   las

orientaciones propuestas en el Informe de abril del 2000 de la Comisión

Meltzer del Congreso de los Estados Unidos: que el  FMI sea prestamista a

corto   plazo y a interés elevado y que los préstamos se otorguen a los

países donde   haya una fuerte presencia de la banca privada internacional,

como garantía de  su estabilidad financiera.

 

 

El G8, reunido en Génova a fin de julio   del 2001,   se limitó a

ratificar la Iniciativa para los países pobres más endeudados   (Arnaud

Zacharie, 2001).   ¿Cuál es el balance   a mayo del 2001 de esta

iniciativa a favor de los países pobres más endeudados lanzada en Halifax

en  1995?  En 1996  el total de la deuda de los 41 países que figuraban en

la lista era de 205 mil  millones de dólares y   en 2001 es de   215 mil

millones de dólares. Es decir que la deuda   aumentó, en lugar de disminuir

(FMI, World   economic outlook, www.imf.org).   Ya hemos dicho que en 1998

los 41 países pobres  más endeudados  (PPME) transfirieron al norte 1.680

millones de dólares más de   los que recibieron (World Bank, Global

Development Finance, 2000) y en 1999 el   conjunto de los países del Tercer

Mundo realizaron una transferencia neta de   recursos al norte de 114.600

millones de dólares.

 

 

En realidad, la anunciada   reducción o anulación parcial de la deuda   de

los países más pobres es  una  pura superchería, como dice Eric Toussaint,

un especialista en la materia.   Toussaint agrega que …”es igualmente útil

precisar que las sumas destinadas por   los Estados industrializados al

alivio de la deuda son utilizadas para   indemnizar empresas privadas

alemanas, francesas, belgas…que han participado en la realización de

“elefantes blancos” en los países actualmente aplastados por el peso de la

deuda”… (Toussaint, junio 2001, págs. 206  y ss.).

 

 

El último informe de la OCDE al respecto (Estadísticas de la deuda externa,

2001, citado por Eric Toussaint, mayo 2001) no puede ser más claro: “La

iniciativa para los países pobres más endeudados no se traducirá   por una

reducción nominal del valor de la

deuda  porque las quitas  consistirán en lo esencial   en  condonación de

intereses  y 

donaciones destinadas a financiar el servicio de la deuda y no en

reducciones directas de la  deuda”. “La   iniciativa –dice Eric Toussaint-

consiste en disminuir un poco el peso de la deuda sobre las finanzas de los

países más pobres   a fin de que el sistema de la deuda perdure”.

 

 

  Señala Toussaint que las condiciones impuestas son tan insoportables que

en el año 2000 Laos  y Ghana rechazaron formar parte de la lista de  países

supuestamente beneficiarios de la iniciativa (Toussaint, mayo 2001).

Podrían resumirse las políticas de las instituciones de  Bretton Woods

diciendo   que la ayuda que proporcionan a los países pobres   pertenece al

reino de la   fantasía   pero que la ingerencia en las políticas

financieras, económicas y  sociales de dichos Estados   es bien real y sus

consecuencias son económica y   socialmente catastróficas.

 

              V. ¿CÓMO SE REFLEJAN LAS POLITICAS DE AJUSTE IMPUESTAS POR EL FMI Y EL BANCO MUNDIAL EN LAS POLITICAS DE DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS, DE EMPLEO, DE SALUD, DE EDUCACION, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE FISCALIDAD, DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, DE VIVIENDA Y EN LA SITUACION DE LA MUJER ?

 

              1. Distribución de los ingresos

 

En el decenio de 1980, según un Informe del UNICEF, el ingreso medio por habitante en muchos países de Africa y de América Latina disminuyó entre el 10% y el 25%  (UNICEF, 1989). Pero los más afectados fueron los sectores más vulnerables. Por ejemplo, en dicho decenio,   en América Latina y   el Caribe, el consumo per cápita del sector empresarial aumentó el 16 % en tanto que el del sector asalariado disminuyó el 25% (UNRISD, 1991, pág. 21). La diferencia de ingresos entre el quinto más rico y el quinto más pobre de la población mundial, tomada por bloques de países, pasó de una proporción de 30 a 1 en 1960 a 59 a 1 en 1989 y tomando en cuenta la distribución de ingresos en el interior de cada país, la diferencia entre los más ricos y los más pobres a escala mundial se elevó a 140 a 1 (PNUD, 1992, págs. 86 y ss.). La cantidad de pobres, en cifras absolutas y relativas, no cesa de crecer: por ejemplo en América Latina y el Caribe el número de pobres aumentó de 136 millones en 1980   a 266 millones en 1992, o sea del 41% al  62% de la población (Conferencia   regional gubernamental de América Latina sobre la  pobreza, Quito, Ecuador,  1990).

Ante esta clara tendencia a la concentración de la riqueza y a la expansión de la pobreza  y cuando se plantea agudamente la necesidad de  emprender una política de redistribución de los ingresos, el Banco Mundial dice  que la redistribución de los ingresos "puede ser perjudicial y, en todo caso, sucede con frecuencia que los beneficios los perciben los menos necesitados"   (Banco Mundial, 1991, pág. 11). El ex Director del FMI, señor Michel Camdessus,   expresó una opinión similar en su alocución a la 78a. reunión de la Conferencia   Internacional del Trabajo, el 10 de junio de 1991.

 

              2. Política de empleo.

 

    El FMI no cesa de recomendar la flexibilidad laboral, es decir el

trabajo  precario y el alto nivel de semiocupación y desocupación que ello

implica. En   mayo de 1995, el FMI, a través de su director Michel

Camdessus, se declaraba   satisfecho de la situación en México, felicitando

a dicho país por haber   ..."aceptado disminuir en un 10 por ciento el

poder de compra de los   asalariados [en realidad el porcentaje es mucho

mayor] y permitido que un  millón de personas pierdan su empleo"...[los

empleos perdidos serían "solo"   medio millón], desde la crisis financiera

de diciembre de 1994 (Bertrand La   Grange, 1995).

 

En general, las políticas preconizadas por el FMI y el Banco   Mundial,

particularmente las privatizaciones y  las economías en el sector

público, provocan un aumento de la desocupación (Anne Trebilcock, 1994). En

Argentina, por ejemplo, que ha seguido al pie de la letra las directivas

del FMI y del Banco Mundial, la tasa de desocupación en 1995   ascendía al

18,6 por ciento de su población activa, la más alta de su historia.   Y en

ese mismo país,   el salario real, tomando 1985 como base 100, en 1992 era

 solo 40,1 (OIT, 1994). Esto no impide que el FMI continúe imperturbable

con sus orientaciones antisociales: en su Informe Anual de 1995, publicado

en setiembre de 1995, el FMI sugería   a Francia  que rebajara el salario

mínimo  y las  cargas sociales para reducir el desempleo (FMI, 1995), es

decir seguir el   modelo de Estados Unidos,

donde los empleos que se crean son no calificados y   mal remunerados

(CNUCED, 1995, cap. III).

 

              3. Salud

 

El informe del UNICEF "La situation des enfants dans le monde 1989"

señalaba  que a la disminución de los ingresos familiares de los sectores

más   desfavorecidos se suma el recorte, en el marco de las políticas de

ajuste, de   los gastos estatales en materia social: en los   últimos años,

decía el informe,   en los 37 países más pobres los gastos en salud pública

han disminuído en un  50%.   Una de las consecuencias es que la tendencia a

la disminución de la tasa de mortalidad infantil se ha hecho más lenta en

algunas regiones, en otras se  ha detenido o, peor aún, se ha invertido y

la tasa de mortalidad infantil ha   vuelto a aumentar.

  "Se puede estimar en por lo menos 500.000 la cantidad de   niños muertos en los últimos doce meses como consecuencia de la desaceleración   o de la inversión del progreso económico en los países en desarrollo" (UNICEF, 1989). Cabe hacer una observación acerca de las estadísticas sociales, que a veces dan una imagen distorsionada de la realidad, tomando periodos largos, por  ejemplo 1960-1990, haciendo aparecer así progresos en materia de mortalidad   infantil, alfabetización, etc. pero ocultando de ese modo la tendencia inversa   en el período 1980-1990, tendencia negativa que continuó después. Es lo que se hace en el Informe del UNICEF "Estado mundial de la infancia 1995", donde por   ejemplo en la Tabla 10, se comparan las cifras de mortalidad infantil de 1960 y   de 1993, apareciendo así una neta disminución entre ambas fechas pero  ocultándose la tendencia a la estabilización o al empeoramiento que se advierte desde comienzos de 1980, como lo señalaba el mismo UNICEF en su informe de 1989.

 

El Banco Mundial, por su parte, en su informe de 1993 (Banque Mondiale, 1993), preconizaba la privatización de los servicios de salud, lo que tiene por resultado convertir a este derecho humano fundamental en una fuente de lucro  para unos pocos (como ya lo es en buena parte a través de la industria   farmacéutica) y en un lujo inalcanzable para los más pobres. Un informe de la   Organización Mundial de la Salud decía : "En el mundo en desarrollo mueren cada   año 12,2 millones de niños de menos de cinco años, la mayoría de ellos por   causas en muchos casos evitables por unos   pocos centavos de dólar. La pobreza ha sido y seguirá siendo el mayor obstáculo al desarrollo de la salud.

 

La   pobreza es quizás el principal determinante, tomado aisladamente, de la salud individual, de la familia y de la comunidad. La cantidad de gente pobre se ha   incrementado substancialmente, tanto en el mundo en desarrollo como entre los   grupos y comunidades marginales del  mundo desarrollado, especialmente en los   barrios pobres (bidonvilles) de las grandes ciudades"  (OMS, 1995).

 

              4. Educación

 

En 1990 había en el mundo 948 millones de adultos analfabetos, encontrándose  las tasas más altas de analfabetismo en los países pobres y, dentro de cada   país, entre los pobres, especialmente las mujeres y las niñas (UNESCO, 1991).   La afirmación de que el analfabetismo en el mundo tiende a decrecer es relativamente inexacta, pues si bien es cierto que disminuye globalmente en porcentaje, no disminuye en cifras absolutas (Ali Hamadache, 1990). Además, la pobreza creciente de amplios sectores de la población y el recorte de los gastos sociales en muchos países como consecuencia de las políticas de ajuste, ha hecho aumentar la deserción escolar. El informe del UNICEF "La situation des   enfants dans le monde 1989", señalaba la disminución en un 25% de los gastos en educación en los 37 países más  pobres y afirmaba que en ..."cerca de la mitad   de los 103 países en desarrollo sobre los que existen informaciones recientes, la tasa de inscripción en la escuela primaria de los niños de 6 a 11 años está en neta regresión" (Informe citado, pág. 1). Y en los que se refiere a las niñas, "...la creciente tendencia en muchas zonas a mantener a las niñas fuera de la escuela para que ayuden en las tareas de sus madres, virtualmente asegura   que otra generación de mujeres crecerá con menores perspectivas que sus   hermanos.

 

En Africa por ejemplo, "es cada vez mayor el número de niñas que abandonan la escuela tanto primaria como secundaria o que no asisten a ella debido a la creciente pobreza", según dice la señora Phoebe Asiyo, del Fondo de   Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer"(Jodi Jacobson, 1992). ..."Las políticas de ajuste están generalmente acompañadas de una disminución del gasto público, de  las tasas brutas de escolarización y de la calidad de la enseñanza, especialmente en el primer nivel"... "En el sector de la educación parece ser más fácil, durante el proceso de ajuste, reducir el gasto público en el nivel primario que en el nivel superior"...

"A largo plazo, todo esto perjudicará gravemente la calidad de la educación"(Jandhyala Tilak, 1992).

 

              5. Seguridad social y redes de seguridad social

 

El FMI impulsa la privatización de la seguridad social, lo que se está haciendo  en muchos países del mundo en detrimento de los sectores de más bajos ingresos.   La seguridad social presenta en los países de bajo nivel de ingresos diversos  problemas de naturaleza estructural:   a) abarca sólo a una parte de la población, en particular a los que trabajan en  el sector estructurado, quedando generalmente al margen los trabajadores del  sector no estructurado o informal;   b) las cotizaciones de los trabajadores del sector estructurado son pocas y   bajas a causa de los bajos salarios, lo que no permite cubrir con ellas a los  otros sectores, etc.

 

A estos problemas se ha agregado el de la privatización de   los servicios

de seguridad social, que margina a los trabajadores con más bajos

ingresos y por lo tanto los más  necesitados, a causa de que las

cotizaciones   son muy elevadas. Además, el porvenir de los sistemas

privados es incierto y   los trabajadores que pertenecen a ellos corren el

riesgo de encontrarse en el   futuro sin protección. Muchos especialistas

en seguridad social han dado su  opinión contraria a   la privatización de

los sistemas de seguridad social y ya se pueden comprobar las consecuencias

negativas para los trabajadores con más   bajos ingresos  en los  países

donde se ha puesto en práctica.

 

En el párrafo 44   del documento de la OIT "Protección  social y redes de

seguridad" de la Comisión  sobre el empleo del Consejo de Administración de

la Oficina Internacional del  Trabajo, refiriéndose a la experiencia de

Chile en materia de privatización de   los sistemas de seguridad social, se

dice: "Los datos sobre los costos  operacionales de las cajas de pensiones

del sector privado (AFP) en este país  son fragmentarios pero se informa

que en 1989 dichos costos representaron el 25  por ciento de los  ingresos

procedentes de las cotizaciones; de esta suma, una  proporción considerable

consistió  en costos de comercialización y ventas.   (Colin Gillion y

Alejandro Bonilla, 1992). Las cajas privadas tampoco parecen   ser muy

capaces de asegurar el cumplimiento de la legislación: la proporción de

afiliados que paga regularmente las cotizaciones como lo requiere la ley,

fue en 1990 de un 53 por ciento. Esto sin embargo no constituye un gran

problema   para las cajas de pensiones,   ya que las cotizaciones no

pagadas no confieren   derecho a la prestación; pero puede crear problemas

importantes en el futuro   para el Estado, que tendrá que pagar a los

trabajadores jubilados una   prestación mínima garantizada."(OIT, 1992).

 

El FMI, por el contrario considera   que "Chile muestra el camino"(G.A.

Mackenzie, 1995). Con la privatización de los sistemas de seguridad social

(que es una forma de acumulación de capital y   de concentración de

beneficios en pocas manos privadas) se está repitiendo de   alguna manera

el proceso que llevó a la acumulación de la enorme deuda externa   de los

países del Tercer Mundo: los préstamos que dieron origen a la deuda

sirvieron para que unos pocos acumularan capital y ahora la deuda es una

pesada   carga que agobia a la gran mayoría de la  población de los países

deudores.   Podría llegar a ocurrir más adelante que la Cajas privadas

quiebren o  desaparezcan   y que el pago de las jubilaciones de sus

afiliados deba asumirlo  el Estado, es decir los contribuyentes. Estas

privatizaciones de los sistemas   de seguridad social forman parte de las

políticas de ajuste recomendadas por el   Fondo Monetario Internacional.

 

El   FMI, refiriéndose a las reformas   al sistema   de la seguridad social

en Argentina (que incluye la privatización)   dice: "esta   reforma se

imponía"(FMI,   1994). Para compensar los efectos sociales negativos   del

ajuste estructural el FMI y el Banco Mundial proponen establecer "redes de

 seguridad social". La reducción del gasto público recomendada por el FMI

como   parte de las políticas de ajuste, limita seriamente el alcance y la

eficacia de tales redes de seguridad destinadas a la protección de los

sectores más  vulnerables (entrega directa de alimentos, precios

subvencionados para algunos artículos de primera necesidad, etc.).

 

A título de ejemplo: el 22 de octubre de 1992 se dictó en Perú el decreto

ley 25572, modificando la ley de presupuesto de 1992, aprobada por el

Parlamento antes del golpe de Estado de Fujimori.  Entre las modificaciones

figuraba la reducción de los gastos sociales en un 42 por ciento, o sea 217

millones de soles, lo que afectó programas del vaso de   leche, de apoyo

alimentario de emergencia y de lucha contra las epidemias. Por   otro lado,

la modificación del presupuesto  incrementó los fondos destinados al   pago

de la deuda externa en 316 millones de soles. Eso en un país donde el

número de personas en situación de pobreza crítica pasó de 7 a 12 millones

de   personas en el solo año 1991, sobre una población total de 18 millones.

 

              6. Preservación del medio ambiente

 

En 1974, se publicó el Modelo Mundial Latinoamericano,  un informe

preparado por un   grupo   de sociólogos y economistas latinoamericanos,

con un enfoque  crítico y diferente del informe preparado por Dennis

Meadows para el Club de  Roma, que se había  publicado en 1972 con el

título de "Los límites del   crecimiento". Aludiendo a este último

informe, en el Modelo Mundial   Latinoamericano se decía que la catástrofe

ecológica prevista en otros modelos   para un futuro más o menos lejano,

era una realidad actual para buena parte de   la humanidad (Herrera, 1977).

En efecto, hace ya tiempo que la deforestación está  produciendo daños

incalculables, que industrias contaminantes (muchas de ellas desplazadas de

los países desarrollados a los países del Tercer Mundo)   envenenan la

atmósfera, el agua y  la tierra y que enormes cantidades de   desechos

tóxicos son también exportados de los países  industrializados a los países

menos avanzados (Ouhachi-Vesely,   2001).

 

Por ejemplo en América Central,   desde 1960 se han reducido las áreas

boscosas del 60 al 30 por ciento del total  del territorio. Se estima que

actualmente se pierden en esa región 350.000 hectáreas de bosques por año,

lo   que significa una tasa anual de deforestación del 1,5 por ciento, una

de las más elevadas del mundo, con graves consecuencias ecológicas, como

por ejemplo la escasez de agua para el riego y para el consumo de las

poblaciones urbanas.  

 

Esto es la consecuencia de un proceso así llamado de modernización por un

lado y de estrategias de supervivencia por el otro. La modernización ha

consistido   en la tala indiscriminada para vender la madera, extender las

tierras de   pastoreo para producir carne destinada a la exportación (lo

que se ha llamado   la "hamburger connection") producir bananas, café y

algodón también destinados   a la exportación, explotar minas, etc.

(Utting, 1991). Las consecuencias   sociales han sido el desplazamiento de

sus tierras de los campesinos pobres y  de los pueblos indígenas quienes,

al ocupar nuevas tierras más alejadas,   practican estrategias de

supervivencia, talando árboles para usar   la madera   como combustible y

también para venderla. Cuando los campesinos pobres y los   indígenas

quieren resistir el despojo de sus  tierras, la represión y las   matanzas

no se hacen esperar.

 

El Banco Mundial y el Banco  Interamericano de   Desarrollo financian estos

procesos de "modernización", cuyo resultado es  la  concentración de la

propiedad de la tierra en pocas manos, el enriquecimiento  de las elites

locales incluidos los jefes militares, enormes beneficios para   empresas

transnacionales y el empobrecimiento y la degradación de las   condiciones

de vida de grandes sectores de la  población, en un marco de deterioro

acelerado del medio ambiente. No ha sido ni es muy diferente la situación

en Africa, donde a primera vista se pueden atribuir las hambrunas a las

condiciones meteorológicas y a las guerras, pero   un análisis más

profundizado pone de manifiesto el papel funesto desempeñado por la

colonización europea, que devastó enormes extensiones de bosques para

apropiarse de las maderas y fomentó los cultivos de exportación, como el

café,   el cacao y el maní. Con el agravante que este último reseca

fuertemente la 

tierra donde se cultiva. Se marginaron los cultivos de subsistencia y se

modificaron los

hábitos agrícolas de los pueblos africanos, tales como el   desplazamiento

de los cultivos, la rotación y la acumulación de reservas,   aptos para

afrontar sin hambrunas los períodos de sequía, etc. En Asia la  situación

tampoco es diferente y por ejemplo Nepal, que   tiene

maderas muy  cotizadas en sus bosques, tiene además el triste privilegio de

exhibir la tasa   de deforestación más elevada del mundo, el cuatro por

ciento anual (Solon   Barraclough y Krishna Guimire, 1990).

 

              El Banco Mundial manifiesta preocupaciones ecológicas y

financia   reforestaciones con eucaliptus, que tiene alto y rápido

rendimiento económico   pero que deseca las tierras, haciéndolas

inutilizables para los cultivos de   subsistencia (Vandana Shiva, 1990). En

ciertos aspectos, la problemática   ecológica de las naciones del Este

europeo es comparable a la de los países en  desarrollo. En setiembre de

1990 se efectuó una conferencia en Stuttgart que reunió a empresarios

eurooccidentales con científicos euroorientales. En esa  ocasión, un

especialista   de la Academia de Ciencias Económicas de Poznan dijo que,

desde el colapso del régimen anterior, lo que estaba de moda en Polonia no

era la protección del ambiente, sino más bien las latas de cerveza, las

bolsas   de plástico, los plaguicidas y las usinas para incinerar basuras.

En esa   situación, precisó, muchas empresas euroocidentales desempeñan un

papel muy   distinto del que proclaman. La exportación a Polonia de

desechos industriales,  la venta de productos contaminantes y el traslado a

ese país de industrias   problemáticas, agregó, experimentaban en ese

momento un auge extraordinario   (Leopoldo Mármora, 1992).

 

7. Política fiscal

 

Siguiendo los consejos del FMI y del Banco Mundial, muchos países han

introducido reformas a sus políticas fiscales, que han tenido por

consecuencia   el aumento de los impuestos al consumo, que paga por igual

toda la población y   afecta especialmente a los

más pobres, y la disminución de los impuestos al   patrimonio, a la fortuna

y a las transacciones financieras. El FMI se   congratula de lo que llama

"un enfoque radical de la reforma fiscal en la Argentina" a la que califica

de "una de las más revolucionarias de América Latina", que ha consistido,

según se explica, en suprimir impuestos a las transacciones financieras  y

a la exportación y en concentrarse en la TVA (impuesto al consumo),

convirtiendo a éste en un  impuesto sumamente remunerador (Parthasarati

Shome, 1995). En el mismo artículo figura un cuadro donde se   puede ver la

evolución de la composición de la recaudación fiscal en  Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,

México,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, tomados en

conjunto, entre 1980-85 y 1992. Allí se muestra que en el total de la

recaudación fiscal, los impuestos al consumo aumentaron del 34,4% al 43,5%

y los impuestos al   patrimonio y a la fortuna disminuyeron del 19,1% al

12,2%. Es decir que el FMI promueve una  política fiscal que en lugar de

contrarrestar, contribuye a acentuar la tendencia generalizada a la

concentración de la riqueza en pocas manos por un lado y a la extensión de

la pobreza, por el otro, política que  incluye la desgravación de la

especulación financiera.

 

              8. Derecho a la vivienda

 

Son bien conocidos los efectos sobre el derecho a la vivienda de

megaproyectos

financiados por el Banco Mundial que tienen por resultado el desplazamiento

masivo de

poblaciones. Pero en un contexto más general, las políticas de ajuste

recortan o eliminan   todos los gastos sociales, entre ellos los destinados

a la construcción de viviendas populares.

 

Además, la inversión del dinero de la  droga en la propiedad urbana con

fines de blanqueo y la especulación inmobiliaria encarecen la vivienda y la

hacen aún más inaccesible para la gente de escasos recursos. Por su parte,

Estados Unidos sostuvo en   la Conferencia  Internacional Habitat II que no

existe un  derecho a la vivienda. Ello, pese a   que el artículo 25  de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y  el   artículo 11, inciso 1 del

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales   reconocen

expresamente el derecho a la vivienda.

 

              9. Situación de la mujer.

 

Cabe decir que la mujer ocupa, junto con los niños,  el primer rango entre

las víctimas de la política antisocial. En ningún país del mundo la mujer

cobra el mismo salario que el hombre por un trabajo igual, lo que

constituye una   discriminación manifiesta. Y en los esfuerzos encarnizados

por abaratar la mano   de obra para lograr una mayor competitividad, se

ha acentuado la explotación de   la mujer trabajadora, junto con la

explotación del trabajo

infantil. "Hoy   todavía, el 70% de los pobres y las dos terceras partes de

los analfabetos en  el  mundo son mujeres. Las mujeres solo ocupan el 14 %

de los puestos de   responsabilidad y administrativos, el 10% por ciento de

las bancas   parlamentarias y el 6% de los cargos de ministros...Trabajan a

menudo más horas  que los hombres, su trabajo es sin embargo en gran parte

ignorado, no  reconocido y desvalorizado"...(PNUD, 1995).

 

              VI.   ÁFRICA,   EL CONTINENTE MÁS AFECTADO.  

 

Diversas razones han hecho que África  sea el continente que más ha sufrido

las 

consecuencias de los cambios en la economía mundial   de los últimos

decenios y particularmente, de las políticas de ajuste. África entró en la

fase de crisis   siendo el continente menos industrializado tanto en

términos de producción   industrial como de estructura.

 

Este bajo nivel de industrialización es la herencia más visible del

colonialismo. Las políticas coloniales impidieron que África iniciara el

proceso de sustitución de importaciones tanto durante el período de la

depresión como durante la Segunda Guerra Mundial, como pudo llevarse a cabo

  en   otras regiones del Tercer Mundo, por ejemplo en América Latina. Así

África ha   continuado siendo extremadamente vulnerable a los factores

externos. Hasta fines del decenio del 70 muchos países africanos realizaron

progresos de orden  económico y social.

 

              Pero la subordinación de las elites dominantes de la mayoría

de los países africanos a las potencias neocoloniales,   dio lugar al

progresivo deterioro económico-social de buena parte  del continente,

deterioro que se agravó en el decenio del 80 con las políticas de ajuste

estructural impuestas por el FMI.   Por ejemplo, en Uganda, tomando como

base 100 el salario mínimo real en 1972,   en 1984 era solo 9, es decir más

de diez veces inferior y   si en 1972  hacía  falta el 60 por ciento del

salario real para comprar los alimentos para la familia, en 1984 hacía

falta el 450 por ciento de dicho salario para ese mismo  fin, lo que en

términos no estadísticos quiere decir hambre.  

 

En un trabajo del   UNRISD   (Thandika Mkandawire, 1991)  se dan   varios

ejemplos de industrias   ugandesas totalmente dependientes de materias

primas, sistemas de fabricación,   maquinarias y hasta envases extranjeros,

de los cuales tomaremos uno solo.  Mukisa Biscuits, reconstruida en 1982

con fondos del PNUD y con el  asesoramiento técnico de UNIDO, había

funcionado en los años 50 utilizando  materias primas locales. Una vez

reconstruída con la ayuda de los dos   organismos de las Naciones Unidas

citados, Mukisa Biscuits utiliza solo el agua   local para cocinar materias

primas importadas, corta el producto en moldes  extranjeros y los envasa en

papeles y cajas importadas también del extranjero.  Uganda, como la mayor

parte de los países africanos, debe pagar al exterior   mucho más de lo que

recibe en calidad de préstamos o por sus exportaciones. Así   es como en

1992 la deuda externa representaba el 100,1% del PNB en Africa en general y

el 108,1% en Africa subsahariana. En diez años se duplicó en Africa   la

relación deuda-PNB (Naciones Unidas, Estudio económico mundial, 1993).

Mientras en el periodo 1965-1980, la tasa media de crecimiento del PIB en

Africa subsahariana fue del 5,6%, en el periodo 1980-1986 fue cero

(Mkandawire). En "L'Afrique vers la reprise économique" del UNICEF, se

dice:   "Al fin del decenio, el FMI y el Banco Mundial se convirtieron en

beneficiarios   netos de los recursos provenientes de Africa, encontrándose

en la situación   anormal de socavar la viabilidad financiera de sus

propias políticas de ajuste   estructural" (UNICEF, 1992). El mismo

documento del UNICEF dice que Africa   "necesita urgentemente otra

estrategia de desarrollo"  (pág.9).

 

              La 7a. Conferencia de la CNUCED, celebrada en 1987, previó

situaciones trágicas como las de Ruanda, si no se cambiaban rápidamente las

orientaciones   en materia económico-social en los países agobiados por la

deuda y las políticas de ajuste. Otro factor que empobreció a los países

africanos fue la caída de los precios de sus productos de exportación. Por

ejemplo el precio del   café, que constituye el 77% de las exportaciones de

Ruanda, disminuyó casi en un 50% en pocos años. Uno de los golpes asestados

al nivel de vida de varios   pueblos africanos fue la devaluación del

franco CFA. Esa devaluación, impuesta   por el FMI y aceptada por los

respectivos gobiernos, afectó gravemente los   consumos básicos de la

población, pues muchos de esos países son importadores   de alimentos, como

consecuencia de la liquidación de sus estructuras   productivas

tradicionales. Por cierto que las víctimas de la devaluación no   fueron

consultados. La Octava Conferencia Regional Africana de la OIT   (Mauricio,

19-26 de enero de 1994) se declaró "Alarmada por los efectos   dramáticos

que ha tenido la devaluación en el nivel de vida de la población y

especialmente de millones de trabajadores y sus familias, muchos de los

cuales   han sufrido ya una fuerte caída del ingreso real   y una pérdida

del poder   adquisitivo"... (OIT, 1994). El FMI, por el contrario, se

declaró satisfecho de los  primeros resultados de la devaluación del franco

CFA: "Durante los nueve   primeros meses de 1994 el franco CFA se

desvalorizó alrededor del 33% en valor  efectivo real, grosso modo como

estaba previsto. Los costos salariales   expresados en dólares -otro

barómetro de la competitividad- bajaron alrededor   del 40 por ciento".

Para "consolidar los progresos logrados", el FMI recomienda   a los

gobiernos "un control más estricto de los gastos públicos"..."una

política salarial prudente" y "liberalizar el sistema de precios, el

mercado de   trabajo y el comercio exterior" (Jean Clément, 1995). Es decir

que el FMI  aprobó que el salario real de los trabajadores de Africa de

habla francesa   hubiera  caído en pocos meses un  40 por ciento y aconsejó

a los respectivos   gobiernos   "consolidar los progresos logrados".

 

              Según el Estudio Económico Mundial de las Naciones Unidas,

el conjunto de Africa tuvo en 1992 una   transferencia negativa de recursos

de 1600 millones de dólares. Este resultado no  impidió al subsecretario

del Tesoro de los EEUU del Presidente Clinton, señor Lawrence Summers,

declarar   refiriéndose a África que "la comunidad internacional no puede

mantener de manera permanente el nivel de ayuda actual" (Africa Relance,

1993). El señor Summers adquirió cierta   notoriedad cuando siendo

economista jefe del Banco Mundial, en un  memorándum   interno expresó que

el Banco debía estimular la exportación de industrias contaminantes al

Tercer Mundo y agregó que descargar los desechos tóxicos en los países de

más bajos ingresos era de una lógica económica impecable, porque   la vida

de un habitante del Tercer Mundo, en términos de esperanza de vida y de

ingreso per cápita, vale mucho menos que la de un habitante de un país

desarrollado (The Economist, 15-21 de febrero 1992). Los objetivos del

capital   transnacional en Africa fueron expresados claramente por el señor

George Moose,   ex subsecretario de Estado para asuntos africanos de los

Estados Unidos en un   discurso   ante el Senado de su país: "Nosotros

debemos asegurar nuestro acceso a los inmensos recursos naturales de

Africa" (Le Monde Diplomatique, julio 1993). Los tremendos dramas que se

producen en Africa: guerras civiles, luchas interétnicas, desplazamientos

masivos de población, hambrunas, se pueden explicar en buena parte por

estas políticas de las grandes potencias, las   empresas transnacionales y

los organismos de Bretton Woods.

 

Por ejemplo en   Ruanda, el crecimiento medio económico en el período

1980-1991 fue negativo (-2,4),   la tasa de mortalidad infantil es de más

de 110 por mil y la proporción de médicos era en 1990 la más baja del

mundo: un médico cada 72990 habitantes, más desfavorable aún que en 1970

(Banco Mundial, Rapport 1993). Entre 1980 y 1991 la deuda externa de Ruanda

creció del 103 al 591 por ciento de sus exportaciones (Banco

Mundial, rapport sur le développement dans le monde,1993, cuadro 24). Y la

tasa anual de deforestación en Ruanda entre 1981 y 1985 fue del 2,3 por

ciento, una de las más elevadas del mundo. En Africa en general, los

bosques fueron arrasados  para proveer de maderas exóticas a los mercados

de los países llamados civilizados.

 

              Entre 1930 y 1970 se estima que fueron destruidos entre el 25

y el 30 por ciento de los bosques húmedos de Africa. Sobre todo en los

últimos decenios,   esta elevada tasa de deforestación con consecuencias

ecológicas catastróficas   (sequía y erosión) obedece en buena  parte a la

transformación de los bosques en   tierras de cultivos de exportación, en

un intento desesperado de obtener divisas para pagar los servicios de la

deuda (Barraclough y Guimire).

 

              Las   "ideas" del señor Summers y las políticas del FMI, del Banco Mundial, de las   empresas transnacionales y de las grandes potencias en Africa, se llamarían en   lenguaje hitleriano "la solución final del problema africano".

 

VII. ¿QUÉ HACER CON LA DEUDA?  

 

              Para analizar las posibles soluciones al problema de la

deuda,  hay  que remitirse en primer lugar a los ejemplos de la historia,

que demuestran que, sobre todo las grandes potencias, nunca o casi nunca

han pagado sus deudas . Decía Keynes: “...los incumplimientos por gobiernos

extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan

cercanos a ser universales que es más fácil tratar sobre ellos nombrando a

aquéllos que no han incurrido en incumplimiento, que aquéllos que lo han

hecho.

 

Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento,

existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia

moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad

de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre

los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y

Alemania.” (Keynes, 1924). John Kenneth Galbraith (1995) cita varios

ejemplos de   deudas externas (sobre todo de los países  llamados

desarrollados) que nunca fueron pagadas. Sergio Bitar, en el prólogo a un

libro de Gonzalo Biggs (Biggs, 1987)   cita a Andrew Mellon, que fué

Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a fines de los años 1920, quien

dijo: “La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la

capacidad de pago  de una nación le serviría de justificación para negarse

a cualquier

arreglo.   Nadie puede hacer lo imposible… quienes insisten en cláusulas

imposibles están

propiciando en última instancia el repudio completo de la deuda”. Esto lo

decía Mellon para

justificar la firma de 15 convenios para reprogramar las deudas de guerra

de los países

europeos con Estados Unidos. Pese a esta reprogramación, Alemania y otros

países europeos suspendieron más adelante el pago de las deudas de guerra

con Estados Unidos.

 

En su libro,Biggs cita numerosos precedentes históricos de países  que no

han   pagado sus deudas externas, entre ellos los Estados Confederados del

Sur después de la Guerra  de  Secesión.  Dicha deuda fue   anulada mediante

la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos, del 16 de junio

de 1866, que dice : “…ni los Estados Unidos,   ni ninguno de los Estados

reconocerán o pagarán deuda  u obligación alguna que se haya contraído para

ayudar a una  insurrección o rebelión contra los Estados Unidos…; estas

deudas, obligaciones y reclamaciones serán consideradas   ilegales y

nulas”. (Biggs, págs. 101 y 102).

 

Dice Biggs que si los países latinoamericanos recibieran   un trato similar

al de Alemania y otros países europeos después de la primera guerra mundial

(que finalmente no pagaron sus deudas) la deuda latinoamericana debería

reducirse en más del 50 por ciento   y prorrogar los plazos de vencimiento

de la misma   hasta después del año   2050 (Biggs, pág. 171). El profesor

José Antonio Alonso, en un artículo publicado   en el diario español “El

País”   del 17 de abril de 2001,   después de indicar  el elevado costo

económico y social de la deuda de los países en  desarrollo,  señala que

después de la Segunda   Guerra Mundial se fijó como cuota máxima  para el

pago de la deuda alemana   el 4,6% de sus exportaciones, con el objeto de

“no dislocar la economía” y “no drenar indebidamente sus recursos”. Es

decir que Alemania,   después de haber provocado la hecatombe humana más

grande de la hiastoria, recibió mejor trato que el que reciben actualmente

los países deudores pobres. Biggs dice que la experiencia histórica muestra

que en todas las crisis financieras internacionales, los acreedores o sus

gobiernos debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes

de sus préstamos o inversiones y que la única excepción a esta regla ha

sido la latinoamericana (pág. 28). Podría agregarse que actualmente la

excepción   alcanza no sólo a los países latinoamericanos sino a todos los

países deudores   pobres.

 

              Desde el punto de vista jurídico,  se ha reconocido el

derecho de un gobierno constitucional a desconocer las deudas contraídas

por un gobierno dictatorial anterior, con fundamento en la mala fe del

acreedor (que prestó sabiendo el destino ajeno al interés público del

préstamo) y en la falta de  representatividad del deudor. El general Tinoco

había asumido el poder mediante un golpe de Estado en Costa Rica en 1917 y

su gobierno contrajo una deuda con el Royal Bank of Canada. Dicha deuda fue

desconocida por el gobierno   constitucional posterior. En 1923, el  juez

Taft de la Corte Suprema de los   Estados Unidos, que actuó como

juez-árbitro entre el Royal Bank y el Gobierno de Costa Rica, rechazó la

demanda de reembolso de la deuda, con los fundamentos   mencionados

(Patricia Adams, 2000). Ya hemos visto   que se contrajeron deudas

simuladas y que durante largos periodos los intereses cobrados fueron

usurarios,  hechos que entran en la esfera delictiva . Además, los

intereses no   cobrados se incorporaron  al capital adeudado,   de manera

que se devengaron   intereses sobre los intereses (anatocismo), lo que está

prohibido en las   legislaciones de muchos países. Es decir que

jurídicamente se puede considerar  que la deuda es globalmente ilegítima y

su pago   no exigible. También en

el plano jurídico cabe hacer valer el principio _rebus sic stantibus_, es

decir el derecho a no cumplir una obligación cuando las condiciones de la

misma han   cambiado de manera tal que su cumplimiento resulta de una

onerosidad extrema   (Borges, Serrano)   e invocar el  enriquecimiento sin

causa de los acreedores   (derecho de reclamar la devolución y obligación

de devolver lo que se ha   percibido sin derecho, por ejemplo arts. 784 y

siguientes del Código civil   argentino, 1895 y siguientes del Código civil

español   y 1376 y siguientes del   Código civil francés) (Marín López).

Dice Biggs: “La iniciativa para exigir la   revisión sustancial  de las

negociaciones…corresponde a los países deudores y   no puede suponerse que,

para ello, éstos habrán de contar necesariamente con el   apoyo o

comprensión de las demás partes. Pero el temor a la antagonización no puede

justificar la prolongación e intensificación de un gravamen irreversible

sobre la seguridad y el bienestar de las actuales y futuras generaciones

latinoamericanas” (págs. 33 y 34).

 

Bitar, en el prólogo al libro de Biggs,   señala que: “ Una extracción de

recursos tan cuantiosos de las naciones pobres   por las naciones ricas,

obedece en definitiva a las condiciones de poder. Pero   al final tiene un

límite: la capacidad de pago del deudor. Y este concepto   depende de una

decisión nacional: lo que es esencial para el pueblo y para   invertir no

está disponible para transferirlo al exterior” (pág. 18). Pero la

capacidad de negociación con los acreedores de   los gobiernos de los

países   deudores   en defensa de los intereses de sus propios pueblos

parece ser nula,   pues se comportan como meros ejecutores  de las

políticas dictadas desde los   centros del poder   mundial. Cuando las

autoridades de un Estado, sin tener en   cuenta los precedentes históricos

prácticamente invariables,   la  ilegitimidad   de la deuda   actual y que

lo que “es esencial para el pueblo y para invertir no  está disponible para

transferirlo al exterior”, no sólo no negocian firmemente con los

acreedores amenazándolos con repudiar totalmente la deuda, sino que

acatan sumisamente sus exigencias, pueden ser imputados del crimen de

traición,   tanto los funcionarios gubernamentales que   así actúen como

los parlamentarios   que consientan, por acción u omisión, tal actuación.

 

Las bases jurídicas para   tal imputación existen en general en las

legislaciones nacionales. Por ejemplo, según el Código Penal argentino,

comete traición quien  “ejecutare un hecho dirigido a someter total o

parcialmente la nación al dominio extranjero o  a   menoscabar su

independencia   o integridad” (artículo 215, inc.1º) y la   Constitución

argentina califica de “infames traidores a la patria”   a quienes

“formulen, consienten o firmen” actos por los que “la vida, el honor o las

fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna"

(artículo 29).

 

Pero   mientras los pueblos afectados no  impongan   la negociación   con actos masivos de rebeldía contra los sucesivos ajustes y sacrificios, esta  situación no tiene miras de cambiar. Esto también lo saben los acreedores,  pues   estiman que pueden seguir expoliando a los pueblos de los países deudores  mientras la paciencia  de dichos pueblos no se haya agotado. En efecto, la Heritage Foundation, en el caso de México, afirmó en junio de 1987 que la circunstancia   de que el gobierno de ese país   hubiera eliminado los subsidios  al consumo, aumentado drásticamente los impuestos y reducido en un 50 por   ciento los salarios reales, “sin una rebelión masiva” de su población,   indicaría que el gobierno aún tendría espacio para profundizar esa política y realizar, también sin obstáculos, la reforma y privatización completa  del aparato económico del Estado (The Heritage Foundation. “Deja vu on   Policy Failure: The new $ 14 billion Mexican debt bailout”, Backgrounder, Nº  588, p. 11, 25 de junio de 1987. Washington, D.C., citada por Biggs, págs. 31 y  32).

 

Desde el punto de vista económico-financiero, si se hiciera un estudio actuarial   descontando las deudas ficticias, los intereses usurarios, los  intereses de los intereses,   los gastos y comisiones desproporcionados y la fuga de capitales, se llegaría a la conclusión  de que la deuda   ha sido   totalmente   pagada   y probablemente se vería que los presuntos deudores son en   realidad acreedores. Un documento del 25 de junio   de 2001 de   Jubileo Sur, una   red internacional por la anulación de la deuda, dice que   en 1980 los países   del sur debían 567 mil millones de dólares, que desde entonces se han pagado 3   billones 450 mil millones, es decir seis veces el monto de la deuda de 1980 y   que sin embargo se deben actualmente algo más   de   dos billones, es decir tres veces y media   más que en 1980. Finalmente desde un  punto de vista ético habría   que poner la presunta deuda en un platillo de la balanza y en el otro platillo   la deuda social, ecológica   e histórica que los acreedores tienen con los   presuntos deudores. Es decir poner en ese platillo el enorme daño social   causado con las políticas de ajuste, el daño ecológico   provocado con   industrias contaminantes, con los desechos tóxicos transportados a los países   del Tercer Mundo, con la devastación de los bosques y la deuda histórica   contraída   con los presuntos deudores durante siglos de despojo de sus   riquezas y recursos humanos.

 

Puede afirmarse que la deuda externa de los países   del tercer mundo es jurídica, económica y financieramente inexistente y   éticamente insostenible y que su subsistencia forma parte   del sistema mundial   dominante caracterizado por la hegemonía   del capital financiero parasitario   que funciona como una bomba aspirante   del trabajo y el ahorro de los pueblos   de todo el mundo, siendo los más afectados los países pobres y dentro de ellos,   los sectores más desfavorecidos de la población. Dice Biggs: “El costo de mantener la vigencia de estas obligaciones a través de su constante ajuste y reprogramación proporciona una especie de renta perpetua   a los acreedores y,   al mismo tiempo, representa un drenaje permanente para la economía de los   países deudores” (Biggs, pág. 24).

 

              El buen sentido y la   racionalidad económica indican que para cortar la espiral del endeudamiento es preciso:  

 

              1) condonar la deuda existente porque ya ha sido pagada, en buena parte es de origen espúreo y de todos modos está claro que es imposible pagarla.  

 

              2)   realizar en los países ex deudores, con los fondos que queden disponibles y con nuevos créditos concedidos a ese fin, una política de crecimiento económico, que para que sea durable tiene que estar acompañada de una política de redistribución de los ingresos,   de pleno empleo y de ampliación de los servicios sociales, es decir exactamente lo contrario de las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional.

 

              3) reconocer a las materias primas y productos manufacturados de los países pobres un precio internacional equitativo. Todo esto significa por cierto un cambio fundamental en las actuales orientaciones predominantes en la economía  mundial y poner fin a la hegemonía del capital financiero especulativo y   parasitario.

 

Octubre 2001

 

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